[5]​ En esa ocasión, Encinas también señaló que el organismo contaría con cinco «mecanismos rectores»: «Para la verdad y el esclarecimiento histórico», «Para el impulso a la justicia», «Plan de búsqueda», «Plan de reparación del daño y compensación» y «Acciones para garantizar la no repetición de los hechos».

[7]​ Su respuesta fue una «violencia cruenta, feroz, sanguinaria» que implicó el uso de «prácticas que rebasaron los límites de la legalidad»: «detenciones masivas, detenciones ilegales, enclaustramiento en cárceles clandestinas, destierro, persecución, tortura y desapariciones».

[8]​ García Aguirre (2001) sostiene que la Comisión de Verdad y Justicia se enmarca en una «historia de iniciativas independientes y políticas públicas para esclarecer las responsabilidades del Estado en las violaciones a derechos humanos del pasado reciente».

[14]​ No obstante, el Comité determinó que las 25 personas que se postularon cumplían los requisitos y no habría preselección,[15]​ por lo que se entrevistó a 24 personas —por el retiro de una postulación[11]​— los días 25 y 26 de octubre.

Además, el cuarto artículo del decreto plantea que debe entregar al presidente, a las víctimas, familiares y sobrevivientes, un informe final «de los hechos, procesos, instituciones y responsables» de las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado mexicano, de acceso libre para todas las personas y que también se presentaría a autoridades «ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o las que resulten competentes».

[31]​[32]​[33]​ En este sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) externó su preocupación porque «se pretenda equiparar a las víctimas de esas violaciones con los soldados que cometieron esas violaciones y que, si bien pudieron haber caído en esas acciones, de modo alguno pueden tener el mismo tratamiento de quienes sufrieron vejaciones, detenciones arbitrarias, violaciones graves, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, etc.».

[36]​ Asimismo, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saludó la apertura del Campo Militar y de sus archivos.

[38]​ Los comisionados iniciaron la revisión de archivos entre julio y agosto siguientes, aunque algunos señalaron que habían enfrentado «un estira y afloja» para acceder a los documentos, así como «algunos vacíos en la información».