Los niveles de censura en Chile han variado considerablemente a través del tiempo.
Sin embargo, desde el inicio de la transición a la democracia, la censura en los medios se ha mantenido en varias ocasiones hasta la actualidad.
Un caso emblemático es el de Manuel Lacunza y su obra Venida del Mesías en gloria y majestad, la cual fue vetada por su afiliación a la doctrina milenarista, según juzgó la Inquisición.
Los mismos que, a la postre, se convertirían en protagonistas del movimiento independentista nacional.
Las medidas contra estos abusos a la libertad, fueron penas de presidio, destierro o multas monetarias.
Tales condenas recaían directamente en el impresor, quien por ley solicitaba la autorización del Gobierno para establecer una imprenta, y debía responsabilizarse por todo escrito publicado.
En la práctica, estas medidas cohibieron la proliferación de prensa opositora, la cual en esta época fue casi nula.
Así lo demuestran las notas publicadas en El Correo Mercantil, e incluso en El Araucano —periódico oficialista de la época—, cuyo editor era Andrés Bello.
El propio Andrés Bello, en el mismo número, reforzó estas críticas en su editorial, señalando que los libros censurados no merecían semejante sanción.
Además se solicitó que los censores no fueran designados exclusivamente por la Iglesia, sino «hombres de verdadera ilustración» nombrados por el Gobierno.
Una de las pocas declaraciones públicas al respecto señalaba que la prensa debía fiscalizar «con elevación y altura de miras los actos del Gobierno» y «no aprovechar esta libertad para hacer propaganda revolucionaria desquiciadora».
[5] Con ese argumento y bajo un estilo claramente autoritario, se procedió al cierre de toda la prensa considerada por el Gobierno como revolucionaria.
Aquellos periódicos que no fueron cerrados, quedaron sometidos a una vigilancia permanente.
Se inició una persecución política de los opositores del nuevo régimen y una represión militar.
[7] Se inició una fuerte censura en la literatura que desató un decaimiento en el mercado editorial.
[16] Por ello, Matus decidió exiliarse en Estados Unidos, donde recibió asilo político.
El director del centro cultural, Marco Muñoz, dijo que se decidió retirar la obra para, según su opinión, evitar ofender a los presentes durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
[21] El 30 de octubre fue presentada una denuncia por colusión ante la Fiscalía Nacional Económica debido a la reunión.
[22] En tanto, un sindicato de trabajadores del Grupo Copesa denunció que algunos periodistas del medio La Tercera fueron presionados por editores para publicar, el 28 de octubre, una noticia en que se involucraba a extranjeros (cubanos o venezolanos) en los incendios del metro y que luego fue declarada como falsa por el Ministerio Público.
[28] En febrero del mismo año, el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) y el Centro Arte Alameda denunciaron que sus fachadas fueron pintadas sin autorización, censurando las expresiones de arte urbano que había en sus muros en contra del gobierno de Piñera.
[29] Ambas fachadas fueron pintadas por personas con el rostro descubierto durante la madrugada, que se negaron a identificarse.
[44] En 2016, el gobierno decidió restringir la presencia de periodistas en los viajes que realice la presidenta Michelle Bachelet.