Caso Urgenda contra Países Bajos

Cada estado miembro, incluido los Países Bajos, estaba obligado a establecer sus propias políticas a nivel nacional antes del Acuerdo de París para alcanzar este objetivo.[1]​ Por lo general, los Países Bajos eran vistos como un país en la vanguardia en tratar de limitar el cambio climático, ya que gran parte del país se encuentra al mismo nivel o bajo el nivel del mar, por lo que se vería considerablemente afectado por el aumento del nivel de los océanos.[2]​ La Fundación Urgenda es un grupo activistas climáticos fundado en 2008, que representa los intereses de 886 ciudadanos neerlandeses.Este es el primera caso conocido en que se usan las normas de la Unión Europea sobre derechos humanos para hacer que los gobiernos tomen medidas frente al cambio climático.[3]​ El gobierno en su respuesta declaró que este objetivo era demasiado agresivo en comparación con el objetivo del 30% para 2020 que en ese momento buscaba la Unión Europea, aparte de que el país sólo se comprometería con un 40% si todos los demás países miembros de la Unión Europea se pusieran el mismo objetivo.[6]​ En el fallo afirmó que el gobierno neerlandés estaba obligado legalmente a reducir las emisiones para proteger la vida humana, y que los costos asociados con una reducción del 25 % de las emisiones no eran considerablemente altos.El tribunal expresó además su preocupación sobre respetar el proceso legislativo y estableció el requisito en 25 %, el mínimo que el IPCC y otros informes estimaron que era posible para países desarrollados, necesarios para prevenir un cambio climático peligroso.[6]​ El fallo en el caso de los Países Bajos dio lugar a procesos judiciales similares de justicia climática en otros países, entre ellos España, Bélgica, Francia, Irlanda, Alemania, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Suiza y Noruega.