Su nombre mediático con el que se conoce al proceso judicial penal en Ecuador es "Caso Singue".

Dicho campo fue explotado por primera vez en 1991, y la actividad petrolera continuó hasta 1997, año en que después de contabilizar únicamente haber extraído 447.000 barriles de crudo durante todo el contrato, se detuvieron las actividades debido la poca productividad sin mayor beneficio para el Estado.

Según un informe de la Contraloría General del Estado en el 2012, el consorcio CPA no realizó inversiones para desarrollar el campo marginal Singue, e hizo observaciones a las autoridades estatales del sector de hidrocarburos por no haber precautelado el interés nacional.

El otrora viceministro Pareja Yannuzzelli nombró también a la Comisión de Calificación y Evaluación.

Tras la ronda petrolera, se licitó los campos Singue, Ocano-Peña Blanca y Eno-Ron, firmándose tres contratos por parte del otrora ministro de Recursos No Renovables Wilson Pástor Morris.

Por otro lado, el contrato para el campo Eno-Ron fue firmado con el consorcio Marañón, conformado por las mismas empresas Ieontsa, Equitax, Empresa Integral de Servicios y Pecs, en adición con Construcciones Futuras, fijando la tarifa en 35,60 dólares por barril extraído.

El contrato de licitación del campo Singue fue firmado por el Estado ecuatoriano con el consorcio DGC, conformado con la empresa nacional Dygoil Consultoría y Servicios Petroleros Cía.

(que ya había explorado el mencionado campo como parte del Consorcio Petrolero Amazónico desde 2008 hasta 2011) y la compañía estadounidense Gente Oil Development LLC (de propiedad de la Gente Oil Exploration LCC).

En la nueva solicitud, requerían que la operación del bloque Singue quede a manos únicamente de la nacional Dygoil.

Los bloques o campos petrolíferos del Ecuador son la reserva económica para las futuras generaciones.

La Fiscalía General del Estado, representada por el fiscal general subrogante Edmundo Alberto Briones Valero presentó toda la información recabada durante la fase preprocesal (elementos de convicción), y formuló cargos en contra de 10 personas: el exvicepresidente Jorge Glas, el exministro Wilson Pástor, el exministro Carlos Pareja Yannuzzelli, Gustavo Donoso, Alfredo Herrera, René de Mora, Julio Cárdenas, José Burgos, Milton Jiménez, María Lorena Espinoza y Aníbal Cazar.

[4]​ La audiencia fue diferida para once días después, el 23 de septiembre, en la que finalmente se instaló.

[7]​ El juez recordó la imprescriptibilidad de los delitos contra el Estado, desechó las solicitudes, y declaró la validez del proceso.

[10]​ Silvana Pástor, durante la audiencia, manifestó además que un tribunal de arbitraje resolverá paralelamente la demanda presentada por la compañía Gente Oil Ecuador PTE LTD contra el Estado ecuatoriano debido al incumplimiento del contrato.

[12]​[13]​ La audiencia fue suspendida y se convocó la reinstalación para el día siguiente, el jueves 26 de septiembre.