El derecho a la presunción de inocencia debe estar presente en todas las fases e instancias del proceso penal.
A diferencia del proceso penal en el sistema inquisitivo en el cual bastaba que existiera una denuncia penal en contra de una persona y la referencia de su comisión por dos testigos para que pudiera ponerse en cuestión la reputación del denunciado.
En palabras del Tribunal Supremo, "ha dejado de ser un principio general del derecho que ha de informar la actividad judicial para convertirse en un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos y que es de aplicación inmediata".
Por lo tanto, a toda persona se le presume su inocencia tras una acusación hasta que no quede demostrada su culpabilidad.
[9] Por otra parte, desde las doctrinas antiliberales se reprocha, por un lado, que existe un "derecho a la sospecha" que motiva la actuación estatal[10]; por otro, que como todo derecho al debido proceso no pasaba de ser una situación ilusoria ante la mayor o menor libertad del aparato judicial o represor del estado.