Crimen de Cuenca

Sin embargo, años después se descubrió que la persona supuestamente asesinada continuaba con vida, por lo que la Justicia hubo de intervenir nuevamente para anular las condenas y dictaminar la indemnización de los acusados.

En 1981 se estrenó El crimen de Cuenca, película dirigida por Pilar Miró.

Basada en estos hechos, la película causó un gran impacto en la sociedad española de entonces.

Posteriormente se averiguó que fue a tomar unos baños a «La Celadilla», laguna cuyas aguas y barros con los que se embadurnan los bañistas, se creía que poseen propiedades curativas ("Baños medicinales La Celadilla"), y que se encuentra situada en el término municipal de El Pedernoso a unos 4 km de la población.

Fueron sometidos a interrogatorios en los que recibieron palizas, fueron colgados en vilo por los genitales y les extrajeron dientes, uñas y vello facial con tenazas de herrar.

Entre diversas versiones sobre el paradero del cuerpo (unas veces dijeron que lo habían quemado, otras enterrado en el cementerio), este nunca se halló, ante lo cual confesaron haberlo descuartizado, dado los pedazos a los cerdos y después machacado los huesos hasta pulverizarlos.

En 1918, después de cuatro años y medio encarcelados, comienza el juicio en la Audiencia Provincial, con un sumario plagado de contradicciones y diligencias sin esclarecer.

El jurado que condenó a los acusados apenas deliberó durante treinta minutos y los doce miembros los consideraron culpables de la muerte de José María.

Entonces, el juez de Belmonte intervino y ordenó detener al supuesto José María Grimaldos.

El supuesto difunto arguyó que al ver en sus bolsillos el dinero de la venta de las ovejas, le había dado "un barrunto" y decidió marcharse.

En dicha orden se anota que «hay fundamentos suficientes para estimar que la confesión de los reos Valero y Sánchez, base esencial de sus condenas, fue arrancada mediante violencia continua inusitada».

La sentencia publicada por el Tribunal Supremo declara nula la resolución dictada en Cuenca en 1918, estableciendo así la inocencia de Sánchez y Valero; al mismo tiempo establece la nulidad en el acta de defunción de José María Grimaldos, y determina las indemnizaciones correspondientes que el Estado debe abonar a los presos en estos casos.

La película fue secuestrada por la Jurisdicción Militar y su directora fue procesada por un presunto delito de injurias a la Guardia Civil.