El caso Purga es como mediáticamente se denomina a un proceso judicial penal en Ecuador dentro del cual la Fiscalía General del Estado ha formulado cargos en contra de varios funcionarios públicos y operadores de Justicia, pretende probar los nexos entre la política, la justicia y el narcotráfico.[8] El Caso Purga se vislumbra una trama de corrupción que involucra a figuras del ámbito legal.No obstante, el caso también reveló una situación particular con Pablo Muentes, exasambleísta socialcristiano, quien alegó depresión para evitar la prisión preventiva.A pesar de la presentación de certificados médicos que mencionaban trastornos depresivos, ansiedad e hipertensión arterial, el juez desestimó estos argumentos, subrayando que no se configuraban como casos especiales contemplados en el Código Penal.Este momento destacado en la audiencia reflejó la complejidad y la meticulosidad con la que se abordaron las decisiones judiciales.Este episodio prolongado subrayó la importancia y la sensibilidad del proceso judicial, manteniendo en vilo a la opinión pública y generando expectativas en torno a las decisiones judiciales que definirían el destino de los implicados en el caso Purga.y el juez penal Guillermo Valarezo Coello revela su presencia en momentos críticos del proceso.para que Celi se una a la discusión sugiere su posible influencia o participación en los acontecimientos relacionados con el caso, generando una atmósfera de tensión y preocupación.Su renuncia justo antes del juicio político para destituir al vocal titular Fausto Murillo [37][38]sugiere una posible conexión entre los eventos y su posterior salida, planteando interrogantes sobre su papel en el entramado de influencias y corrupción que rodea al caso Purga.En dicho material audiovisual, Los Lobos se pronunciaban sobre el reciente asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido un día antes.[40] La fiscal, durante la audiencia, compartió un fragmento del audio, donde una voz identificada como parte de Los Lobos expresaba el rechazo al asesinato del candidato a la Presidencia, señor Fernando Villavicencio, y desmentía su implicación en actos violentos contra el Gobierno o civiles.La respuesta de Salazar, registrada en los mensajes, reveló un tono irónico: "Jajaja Vea eso, ahora soy lobo.La fiscal subrayó que el video fue generado desde el teléfono y usuario de Daniel Salcedo, consolidando así su presunta conexión con este peculiar suceso.[41] Durante la audiencia, la fiscal presentó este video como un elemento clave para respaldar la investigación en curso sobre los presuntos autores intelectuales detrás del asesinato de Fernando Villavicencio.Mayra Salaza, inicialmente conocida por su detención en el caso Metástasis y por ser pareja de Leandro Norero, según la acusación presentada, operaba un "troll center" diseñado para favorecer a Pablo Muentes, difundiendo mensajes por encargo.[1][42] Las pruebas presentadas por la Fiscalía arrojan luz sobre la compleja red de influencias y manipulaciones en la que Mayra Salazar habría estado involucrada.[7] Entre los procesos que lideraron los hoy detenidos se encuentran los casos de Leandro Norero, Efraín Ruales y Junior Roldán.Entre los implicados, se destaca el líder de Los Choneros, Leandro 'El Patrón' Norero, y sus aliados 'Fito' y 'JR', quienes buscaron medidas cautelares para salir de prisión, así como el exlegislador socialcristiano Pablo Muentes, detenido por delincuencia organizada derivada del caso Metástasis.El despacho de Cevallos Cercado fue allanado en 2023 en una investigación por presunto prevaricato, y en agosto del mismo año, la Sala Penal, que integraba el juez, falló a favor del narcocriminal Adolfo Macías, alias 'Fito', impidiendo su traslado a otro lugar que no fuera la Cárcel Regional de Guayaquil.Según la fiscal, la visión delictiva del grupo apuntaba a perdurar en el tiempo, buscando controlar las futuras administraciones de la Corte.Un cambio de fiscal y un nuevo habeas corpus llevaron al sobreseimiento del caso.El caso se hizo público en 2019 cuando Muentes interpuso un habeas data para que el banco registrara la cancelación de su deuda, evento que estuvo bajo la supervisión del entonces juez de primera instancia, Reinaldo Cevallos, quien más tarde fue detenido en relación con el caso Purga.[53] En el informe publicado por la Fiscalía, se indicó que Muentes y su esposa, Mónica Álvarado, se beneficiaron de fallos judiciales que les otorgaron una indemnización de casi USD 3,9 millones del Banco del Pacífico, alegando daños causados.Además, se descubrieron fichas catastrales falsas y transacciones sospechosas en notarías, generando interrogantes sobre la legalidad de las operaciones.Eric Ramírez ha iniciado acciones legales contra la jueza Andrea Patiño, así como cuestionamientos a fiscales y policías involucrados en el caso.[57] La Fiscalía General del Estado planeaba allanar y detener a trece personas, incluida Mercedes Leonor Villareal Vera, exdirectora provincial de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura en Guayas, en relación con el caso Purga.Sin embargo, antes de los allanamientos, Villareal ya había salido del país con destino a España, evitando así su detención.La investigación se centra en un presunto "grupo criminal" liderado por el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas Fabiola Gallardo, y el juez penal del Guayas Johan Marfetán.El nuevo juez designado, Alberto Lino Tumbaco, supuestamente fue asignado específicamente para ratificar el fallo deseado en el caso mencionado.Además, estas conversaciones han dado lugar a otro caso denominado Purga, que investiga presuntas redes de corrupción en organismos judiciales en Guayas.
Pablo Muentes, exasambleísta detenido a causa del Caso Purga.
