Se denomina carta otorgada (en francés, "charte octroyée") a una declaración oral por la cual el rey se comprometía a gobernar a sus súbditos, de una forma no despótica.
Suponía de hecho una pseudo-constitución para el Estado, si bien en lugar de ser dictada por el pueblo, la Carta Otorgada surgía del poder absolutista anterior: el rey.
[1] Por lo general, las cartas otorgadas eran muy restrictivas en cuanto a derechos y representatividad, puesto que, si bien funciona como una constitución, no se reconoce el principio de soberanía popular.
En América, pertenece a este grupo el Decreto de Bases y Garantías emitido por el gobernante costarricense Braulio Carrillo Colina (1841), en el cual se declaraba jefe vitalicio e inamovible.
Estas cartas desaparecieron cuando desapareció el poder monárquico de vocación absolutista o autoritaria, para ser sustituidas por constituciones "pactadas" (como la francesa de Luis Felipe I de 1830, que supuestamente eran un pacto entre la soberanía del monarca y la de la nación), o por constituciones liberales emanadas una asamblea constituyente.