Brutalidad policial en Perú
[3][4] En el contexto anterior, a pesar de que se cuenta con la Dirección de Seguridad del Estado para tomar decisiones ante los conflictos sociales,[5] la represión o brutalidad policial se ha descrito como una «práctica sistemática» contra la protesta social y su aplicación contribuye al escalamiento de los conflictos sociales.
[8] Se ha argumentado que la brutalidad policial en el país evidencia un racismo y desprecio hacia las personas de ascendencia indígena.
[18] De acuerdo a la Constitución Política del Perú de 1993 vigente, en su capítulo I, artículo 2 e inciso 24 se establece que «Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito».
[21] En el artículo 8 del mismo decreto se indica que la policía podrá utilizar arma de fuego cuando: a.
Cuando se produzca una situación que implique una seria amenaza para la vida durante la comisión de un delito particularmente grave.
d. Cuando la vida de una persona es puesta en riesgo real, inminente y actual por quien se está fugando.
[24] La directiva indicaba que la escopeta con perdigones de goma solo se usaría a distancias no menores de 35 metros, «procurando siempre» dirigir los disparos a las extremidades inferiores y tomando en cuenta la obligación de dar avisos previos con altavoces a los manifestantes.
[34] Entre los casos más notables se encuentran las muertes del estudiante universitario Edgar Pinto Quintanilla en 2002[35] y Eddy Quilca[36][37] en mayo de 2003, siendo esta última registrada tras la implementación del estado de emergencia respaldado por fuerzas armadas.
En 2005, se reportó la desaparición forzada de Ernesto Castillo Páez, siendo sentenciados posteriormente tres agentes policiales por su implicación en el hecho planificado.
[57] A ellos se le sumaron agricultores del departamento de La Libertad y Piura.
[60][61] Así, en el quinto día de paro agrario, los manifestantes liberaron la Panamericana Sur.
Los hechos ocurrieron en las ciudades de Ayacucho, Juliaca y Macusani,[75] entre otras.
[76] Además, en 2024, el gremio agroexportador ADAS confirmó que había hospedado a efectivos policiales en el departamento de La Libertad como «una forma de apoyar su trabajo» y que se comprometió a un construir un complejo policial.
