Antonio de Oliver

Sustituyó a Cristóbal de Zayas cuya tarea de reorganizar a los batallones de milicias provinciales había quedado inconclusa.[2]​ Tocó también al gobernador Oliver hacer el planteamiento a la corona española, a partir de los ayuntamientos de Mérida, Yucatán y de San Francisco de Campeche, de dar un uso a los bienes que habían pertenecido a los jesuitas que habían sido expatriados durante la gestión de su antecesor Zayas, por virtud de la orden dada por Carlos III mediante la sanción de 1767.Campeche solicitó la reapertura del Colegio de San José que había pertenecido a aquella orden de religiosos, mientras que Mérida pidió utilizar el inmueble que había servido al Colegio de San Pedro, también para fines de enseñanza y para un asilo de ancianos y menesterosos.Estas solicitudes no materializarían sino muchos años más tarde.[3]​ Oliver terminó su gestión en Yucatán el 19 de octubre de 1777 y se encargó del despacho de manera interina Alonso Manuel Peón, quien sería gobernador también interino en dos ocasiones posteriores, mientras el rey nombraba al gobernador propietario.