De 2018 a 2023, el sector universitario del Reino Unido se enfrentó a una disputa industrial entre el personal, representado con mayor frecuencia por el Sindicato de Universidades y Colegios (UCU), y sus empleadores, representados por Universities UK (UUK) y la Asociación de Empleadores de Universidades y Colegios (UCEA). La disputa se debió inicialmente a los cambios propuestos al Plan de Superannuation de las Universidades (USS), un plan de pensiones. Los cambios habrían supuesto una caída significativa en la compensación de los trabajadores y, en respuesta, el sector experimentó una huelga industrial a una escala nunca antes vista. La igualdad salarial, la carga de trabajo, la precarización y los niveles salariales (denominadas las "Cuatro Luchas") se sumaron a la disputa en 2019. [3] La acción se vio interrumpida por el inicio de la pandemia de COVID-19 en el Reino Unido , pero se reanudó en 2021. En marzo de 2023 se había llegado a una resolución sobre el USS, que volvió a los términos de 2017 en una victoria para la UCU. [4] Sin embargo, la UCU no tuvo éxito en The Four Fights, ya que una votación en noviembre de 2023 para extender la acción fracasó en la participación. [5] Muchas universidades enfrentaron despidos masivos en 2024 en medio de una disminución de la financiación . [6]
La disputa fue la más larga en la historia de la educación superior del Reino Unido, [7] involucrando a 42.000 miembros del personal [8] y afectando a más de un millón de estudiantes. [9] Se ha caracterizado como un "hito" para las "huelgas inminentes del sector servicios del siglo XXI". [10] Precedió, pero se desarrolló simultáneamente, a una ola de acción industrial en todo el país en respuesta a la crisis del costo de vida .
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El Reino Unido tiene 130 universidades. [12] El personal de 68 universidades fundadas antes de 1992 es miembro del plan de pensiones USS y estuvo involucrado en disputas sobre dicho plan. [12] (La mayoría del personal académico de las instituciones que se convirtieron en universidades después de 1992 son miembros del Plan de Pensiones de Profesores, que no se ve afectado por la disputa del USS.) [12] [13] El personal de todas las universidades estuvo involucrado en disputas sobre salarios y condiciones de empleo.
Como se señaló en los informes, las huelgas tuvieron lugar en el contexto de tensiones más amplias sobre la educación superior y la provisión de pensiones en el Reino Unido. [14] [15] [16] [17] [18]
El Plan de Pensiones de las Universidades se creó en 1974 para proporcionar pensiones a todo el sector para el personal universitario del Reino Unido (centrándose en el personal académico). [19] Sus términos cambiaron poco hasta 2011, cuando se implementaron reformas importantes, seguidas de otros cambios en 2014-15. [20] [21] [22] Estos cambios dejaron a los miembros del plan en una situación notablemente peor: un estudio académico concluyó que la reducción de la riqueza de los ingresantes después de 2011 fue equivalente a una caída del 11% en su compensación total o una caída del 13% en sus salarios. [23] : 25
En 2017, el plan USS contaba con más de 400.000 miembros. [24]
En julio de 2017, USS informó un déficit técnico (es decir, una brecha entre los activos del fondo y sus pasivos) de £17.5 mil millones, reportado como el mayor déficit de este tipo en el Reino Unido en ese momento. [24] La evaluación del déficit de USS se basó en sugerencias de que si bien los activos del fondo habían crecido (alcanzando £60 mil millones, un aumento de una quinta parte con respecto al año anterior), sus pasivos también habían crecido (alcanzando £78 mil millones, un aumento de un tercio con respecto al año anterior). [52] Después de las negociaciones sobre el cálculo del déficit, el Comité de Negociación Conjunta de USS aceptó un déficit técnico de £6.1 mil millones en noviembre de 2017.
El cambio clave propuesto por UUK fue cerrar el plan de beneficios definidos de USS (posiblemente temporalmente), reemplazándolo con un plan de contribución definida . [53]
En concreto, el Comité de Negociación Conjunta del USS formuló las siguientes propuestas, que se introducirán después del 1 de abril de 2019: [54]
La UCU presentó el cierre de los beneficios definidos como una línea roja y argumentó a favor de encontrar formas de mantener los beneficios definidos o de introducir un plan colectivo de contribución definida [53] [55] [56] [57] (cuya legislación primaria se introdujo en el Reino Unido en 2015, pero que a marzo de 2018 no se había convertido en legislación secundaria). [58]
USS argumentó que las condiciones del mercado simplemente habían demostrado ser menos favorables de lo que las valoraciones anteriores habían supuesto, y el director ejecutivo, Bill Galvin, argumentó que "el hecho inevitable es que las condiciones del mercado han cambiado desde 2014. Las tasas de interés reales han caído desde 2014, en relación con la inflación, y los precios de los activos se han disparado... Ahora tenemos que pagar más -para obtener menos a cambio- de lo que esperábamos en el pasado". Además, USS enfatizó que su margen de maniobra estaba limitado por el Regulador de Pensiones . [59]
En teoría, el déficit podría haberse solucionado mediante tasas de contribución más altas. Sin embargo, la UUK argumentó que los planes de beneficios definidos se estaban volviendo prohibitivamente caros. [60] Dijeron que tenían el deber legal de poner en marcha un plan creíble para reducir el déficit para el verano de 2018. De lo contrario, las contribuciones a las pensiones de los empleadores y el personal tendrían que aumentar drásticamente, lo que podría resultar en despidos y recortes en otras áreas de enseñanza, investigación y apoyo a los estudiantes. [12] [61] La UUK afirmó que la propuesta de contribuciones definidas se compararía bien con los competidores del sector privado, con contribuciones de los empleadores que duplicarían el promedio del sector privado. [62]
La USS tenía la responsabilidad legal de satisfacer al regulador de pensiones del Reino Unido de que el plan era sólido y que el regulador exigía cambios. [63]
La UCU afirmó que la propuesta de UUK "dejaría a un profesor típico casi £10.000 al año peor en su jubilación que con la configuración actual", [64] [65] siendo el personal más joven el más afectado, y algunos perderían hasta la mitad de sus pensiones previstas. [12]
Los críticos de los cambios ofrecieron los siguientes argumentos principales contra la implementación de los cambios al esquema promovido por UUK.
El 29 de enero, la UCU anunció que el 88% de sus miembros había votado a favor de una huelga y el 93% había votado a favor de una acción que no llegara a ser una huelga. [13] La participación fue del 58%, [64] cumpliendo con el mínimo del 50% establecido por la Ley de Sindicatos de 2016 .
Poco después, el 13 de febrero, el sindicato UNISON , muchos de cuyos miembros en el sector de la educación superior también eran miembros de la USS, inició una votación consultiva sobre la posibilidad de hacer huelga junto con la UCU. [73] El 20 de febrero, UNISON escribió a los vicerrectores en apoyo de la posición de la UCU. [74]
Las huelgas comenzaron el 23 de febrero, coincidiendo con un nivel excepcional de nieve y hielo debido a la ola de frío de 2018 en las Islas Británicas, que provocó más trastornos en la educación. Con el inicio de las huelgas, la UUK acordó reunirse con la UCU para seguir negociando el 27 de febrero. Los correos electrónicos filtrados sugirieron que no negociarían sobre el tema clave de la UCU, manteniendo los beneficios definidos. [75] La reunión condujo a un acuerdo para someterse a una conciliación a través de Acas , el organismo nacional de conciliación de disputas industriales del Reino Unido. La UCU presentó y publicó un conjunto de propuestas que, según argumentó, eran coherentes con la mayoría de las posiciones de los miembros de la UUK en la consulta anterior de USS, pero las huelgas no se cancelaron. [76] [77] [78]
Un portavoz de Universities UK dijo: "Ambas partes están actualmente en conversaciones serias y constructivas en Acas . Estamos comprometidos a buscar una solución viable, asequible y mutuamente aceptable para los desafíos actuales que enfrentan las pensiones de USS". [79]
La UCU presentó una propuesta alternativa en la primera ronda de conversaciones con la UUK, según la cual las universidades aceptarían un mayor riesgo y pequeñas contribuciones adicionales de los empleadores y los miembros del plan. [57] La respuesta de la UUK fue que necesitarían tiempo para calcular el costo de la propuesta del sindicato, que temía que exigiera "incrementos muy sustanciales en las contribuciones". Sin embargo, algunos vicerrectores expresaron su apoyo al plan de la UCU. [57]
La propuesta de la UCU, junto con sugerencias para estrategias a más largo plazo, fue: [80]
Las partes mantuvieron conversaciones inconclusas el 5 de marzo, y programaron las próximas conversaciones para el 7 de marzo. [79] Sin embargo, un extraño espasmo en Twitter de UUK en la noche del 5 de marzo insistió en que el grupo estaba disponible para las conversaciones el 6 de marzo, y esto llevó a las conversaciones al mediodía del 6 de marzo. [81] Las conversaciones continuaron el 7 de marzo, sin llegar a ninguna conclusión. El 8 de marzo, el Comité de Educación Superior de la UCU acordó que convocaría más huelgas si fuera necesario después de las vacaciones de Semana Santa, entre abril y junio. [82]
En la tarde del lunes 12 de marzo, la UCU y la UUK emitieron un acuerdo conjunto, al que se llegó a través de ACAS, para que fuera presentado a sus respectivos miembros. [83]
El acuerdo se refería específicamente a un "acuerdo transitorio de beneficios" de tres años que se extendería a partir del 1 de abril de 2019, manteniendo los beneficios definidos hasta un umbral salarial de 42.000 libras esterlinas, reduciendo la tasa de acumulación a 1/85, pero aumentando las contribuciones al 19,3% de los salarios para los empleadores y al 8,7% para los miembros. La próxima valoración iba a ser informada por un "grupo de expertos independientes", "con el objetivo de promover una mayor transparencia y comprensión" de las metodologías, supuestos y viabilidad del plan. La indexación y la revalorización se medirían utilizando el IPC y se limitarían a un máximo del 2,5% anual (lo que significa que si la inflación, medida por el IPC, superaba el 2,5%, la pensión perdería valor en términos reales). La UCU iba a suspender la huelga y "alentar" a las sucursales a reprogramar las clases interrumpidas por la huelga. El acuerdo establece que "existe un compromiso entre ambas partes de entablar conversaciones significativas lo antes posible para explorar alternativas de reparto de riesgos para el futuro a partir de 2020, en particular las contribuciones definidas colectivas". [84] [85] [83]
Los vicerrectores debían informar a UUK si apoyarían este acuerdo al final del día del miércoles 14 de marzo, mientras que los representantes de UCU consultarían con sus miembros sobre si rechazarían el acuerdo o no al día siguiente. [83]
El martes 13 de marzo se celebraron reuniones de las secciones locales para considerar el acuerdo de la ACAS. En estas reuniones se informó a una reunión de representantes electos y de las secciones el mismo día. Este acuerdo fue rechazado por los miembros de la UCU con el argumento de que no abordaba las preocupaciones de los miembros. [86] [87] [85] [88] Muchos miembros de la UCU utilizaron el hashtag de Twitter #NoCapitulation para expresar su desaprobación del acuerdo, [89] lo que ayudó a coordinar una respuesta enérgica a las propuestas. [90] [91]
La secretaria general de la UCU, Sally Hunt, dijo que se harían preparativos para huelgas durante el período de exámenes, al tiempo que buscaba urgentemente más conversaciones. [88] [92]
Un portavoz de UUK dijo:
Es sumamente decepcionante que la educación de los estudiantes se vea aún más perturbada por las continuas huelgas. Hemos mantenido un estrecho contacto con los negociadores de la UCU para encontrar una solución mutuamente aceptable. [93]
En algunos lugares, la decisión fue seguida al día siguiente por manifestaciones. [94]
Al 14 de marzo, la consulta de la UUK con sus miembros seguía en curso. [95]
Se había previsto que el 19 de marzo comenzara una consulta reglamentaria de 64 días por parte del USS sobre los cambios en las pensiones, pero al 15 de marzo, el USS declaró una demora no especificada en el inicio de las consultas. [96]
El 16 de marzo, la UCU pidió a los miembros empleados como examinadores externos que renunciaran hasta que se resolviera la disputa. [97] Para el 23 de marzo se habían producido más de 600 renuncias. [98]
El 18 de marzo, UUK anunció que convocaría un "panel independiente", integrado por un presidente independiente y en el que participarían académicos y profesionales de las pensiones, para "considerar cuestiones de metodología, hipótesis y seguimiento, con el objetivo de promover una mayor transparencia y comprensión de la valoración de USS". El panel invitaría a UCU "a desempeñar un papel pleno en la aportación de pruebas al panel" y también se pondría en contacto con USS y el regulador de pensiones. [99] [61] La respuesta de UCU fue que "por supuesto, UCU examinará cualquier propuesta que haga UUK, pero nuestros miembros han dejado muy claro que lo que se necesita es una oferta mucho mejor". [100]
El 22 de marzo, la UCU autorizó catorce días de huelga más durante el período de exámenes de abril a junio de 2018 si las conversaciones no llegaban a una resolución. [79]
El 23 de marzo, UNISON anunció que la votación consultiva de sus miembros del USS había dado un 91% de apoyo a la acción industrial, y que comenzaría una votación formal a favor de la huelga en abril. [101] [102] [103]
El 23 de marzo, la UCU anunció una nueva oferta de la UUK, que proponía la creación de un "Grupo de expertos conjunto" formal para reconsiderar cómo se deberían realizar las valoraciones, dejando abierta la posibilidad de mantener el statu quo no solo durante el período reglamentario hasta abril de 2019, sino posiblemente más allá. El grupo
tener en cuenta la naturaleza única del sector de la educación superior, las consideraciones de equidad e igualdad intergeneracionales y la necesidad de lograr un equilibrio justo entre la garantía de estabilidad y el riesgo. Reconociendo que el personal valora enormemente la prestación de prestaciones definidas, el trabajo del grupo reflejará el claro deseo del personal de tener una pensión garantizada comparable con la prestación actual, al tiempo que se satisfacen los desafíos de asequibilidad para todas las partes, dentro del marco regulatorio actual. [104]
El Financial Times señaló que se trataría de "una revisión mucho más exhaustiva de la estructura y valoración actuales del Sistema de Pensiones de las Universidades" de lo que se había considerado anteriormente, pero también señaló que "el nuevo acuerdo evita cualquier mención de aumentos en las contribuciones de los empleadores o de los empleados para tapar el agujero en el sistema". [105] La UCU tenía previsto consultar a los representantes de los miembros en una reunión formal el 28 de marzo. [105] [106]
Mientras tanto, el 26 de marzo, el Comité de Negociación Conjunta para el Personal de Educación Superior del Reino Unido inició su ronda de negociaciones sobre los salarios en el sector para 2018/19, y los sindicatos exigieron un gran aumento salarial. [107] [108]
La UCU anunció que los miembros votarían electrónicamente sobre la nueva oferta en abril para decidir sobre la propuesta para el Panel Conjunto de Expertos. [109] La UUK se comprometió a mantener las contribuciones y los beneficios de jubilación actuales al menos hasta abril de 2019 mientras se realizaba la revisión por parte del panel de expertos. [109]
Al mismo tiempo, la UCU dio aviso formal de una huelga de cinco días, destinada a interrumpir el período de exámenes y evaluaciones, en algunas universidades del 16 al 20 de abril de 2018, que podría cancelarse si hubiera avances en las negociaciones. [109] 13 universidades, incluidas Manchester, Cardiff, Oxford, St Andrews, Leeds y Southampton, se verían afectadas por esta próxima ronda de huelgas con la perspectiva de una acción industrial en las otras 52 universidades que se llevaría a cabo a finales de abril y continuaría hasta julio si no se llegaba a un acuerdo. [109] [110] Sin embargo, el personal no participaría en una huelga adicional si los miembros de la UCU votan para aceptar la propuesta de UUK. [110]
Hasta el 28 de marzo, casi 700 examinadores externos habían registrado sus renuncias en un documento de la UCU. [110] The Guardian informó que "los estudiantes al final de sus cursos podrían encontrarse incapaces de graduarse si los exámenes cruciales no pueden ser supervisados, calificados o evaluados" como el peor escenario posible. [109]
Entre los miembros de la UCU se produjo un debate sobre si aceptar o no las propuestas. [111] Al 4 de abril, algunas secciones habían decidido recomendar a sus miembros que rechazaran las propuestas tal como estaban, [112] [113] y en el período previo al cierre de la votación se siguió registrando un descontento destacado con las propuestas. [114]
El resultado de la votación fue que los miembros de la UCU aceptaron la propuesta de la UUK. Se suspendieron las huelgas y se cancelaron las huelgas previstas para el 16 de abril. [115] [116] [117]
El 18 de abril, la UCU confirmó que pondría fin a su pedido de que los examinadores externos renunciaran. [118] Los comentarios sugirieron que, no obstante, el escrutinio de las negociaciones sobre pensiones por parte de los miembros del sindicato seguía en curso. [119]
El 18 de mayo, la UUK y la UCU anunciaron que el Panel de Expertos Conjunto estaría presidido por Joanne Segars. [120] [121] El 21 de mayo, la UCU anunció tres nominaciones para el panel. [122] Otros miembros fueron determinados posteriormente como Ronnie Bowie, Sally Bridgeland y Chris Curry (designados por la UUK) y Catherine Donnelly, Saul Jacka y Deborah Mabbett (designados por la UCU). [123] El Panel de Expertos Conjunto tenía previsto presentar su informe en septiembre. [124]
Del 1 al 3 de junio, un tumultuoso congreso de la UCU incluyó llamados a la secretaria general, Sally Hunt, a dimitir debido a lo que se percibía como una práctica antidemocrática en la tramitación de la disputa por parte del sindicato. Gran parte de los procedimientos del congreso tuvieron que ser abortados, y se propuso un nuevo congreso para el futuro. [125] (El 18 de octubre, un congreso convocado convocó a un nuevo congreso en el que se retiraron las mociones para pedir la dimisión, pero se aprobó una moción de censura en la que se quejaba de la falta de transparencia y rendición de cuentas en la representación de Hunt de los miembros de la UCU durante la disputa. [126] )
Mientras el Grupo Mixto de Expertos deliberaba, la USS anunció que, dado que había vencido el plazo legal para abordar el déficit del fondo, actuaría, de conformidad con el procedimiento reglamentario, para aumentar las contribuciones tanto del personal como de los empleadores, tras un período de consulta reglamentario, a fin de mantener los beneficios del plan. Los aumentos propuestos (como porcentaje del salario) se implementarían gradualmente a lo largo de un año:
Estos planes se anunciaron en el contexto de los cálculos del informe anual de USS sobre la caída del déficit, debido al cambio de suposiciones sobre factores como los rendimientos de los bonos corporativos y la mortalidad. En diferentes medidas, el informe anual de 2018 mostró un déficit de 12.600 millones en 2014 que se redujo a un déficit de 12.100 millones en 2018; o un déficit de 17.500 millones de libras que se redujo a un déficit de 8.400 millones de libras. [124] Aunque este plan fue criticado por UCU y UUK, al 22 de noviembre de 2018, USS seguía planeando implementarlo. [127] [128]
El 13 de septiembre, el Panel Mixto de Expertos que se había convocado para reexaminar la valoración del plan USS emitió su primer informe. [129] [25] El comunicado de prensa del Panel recomendó una serie de ajustes a la metodología y los datos utilizados en la valoración de 2017 del plan USS, y afirmó que "el Panel cree, basándose en un análisis actuarial independiente, que la implementación completa de estos ajustes podría significar contribuciones requeridas totales estimadas en 29,2% para financiar los beneficios actuales [...] Esto se compara con la tasa actual del 26% (18% del salario pagado por los empleadores, 8% por los empleados) y la tasa del 36,6% a partir de abril de 2020 que propone USS, con base en la valoración tal como está". [130] Se sugirió que esta propuesta podría implicar aumentar las contribuciones de los empleados al 9,1% del salario, y las de los empleadores al 2,1%, lo que elevaría su contribución al 20,1%. [131]
El 15 de octubre, Sam Marsh, de la Universidad de Sheffield, informó detalladamente sobre su propio análisis de los datos obtenidos de USS después de un largo período de solicitud de información. Encontró que las metodologías mediante las cuales la "prueba 1" de USS mide la viabilidad del plan de pensiones eran defectuosas, y que al mantener las estrategias de inversión anteriores, USS tendría el superávit que necesitaría para cumplir con sus obligaciones futuras. UUK pidió al fideicomisario de USS que investigara los argumentos de Marsh. [132] [133] [134] El comentario de Marsh también había atraído el destacado apoyo de Michael Otsuka . [135] USS defendió su posición al día siguiente, aceptando que el nuevo análisis de Marsh "no era incorrecto en sí mismo", pero argumentando que la reducción de riesgos era necesaria de todos modos. [136] [137] En respuesta, la UCU encargó un informe independiente a First Actuarial que el 16 de noviembre de 2018 respaldó los argumentos de Marsh y formuló una serie de críticas a las valoraciones y el razonamiento de USS. [138]
El 8 de noviembre, la UUK informó sobre una consulta a sus miembros, que concluyó que, al igual que la UCU, apoyaban las recomendaciones del Grupo Mixto de Expertos. [139] La noticia fue bien recibida por la UCU. [140] Esto sugería que se había logrado más o menos una posición de consenso entre estas partes, lo que significa que la principal línea divisoria en la disputa ahora se encontraba entre USS por un lado, y UCU y UUK por el otro. [141]
El 22 de noviembre, la USS declaró que “como los representantes de los miembros y los empleadores en el Comité de Negociación Conjunta no pudieron ponerse de acuerdo sobre un resultado alternativo a la valuación de 2017”, mantendría el plan de beneficios definidos pero implementaría aumentos de las contribuciones utilizando las reglas predeterminadas del Plan para compartir los costos entre los miembros y los empleadores, según se publicó el 25 de julio (comenzando con un pequeño aumento en las contribuciones en abril de 2019). La valuación de 2017 finalmente se aprobó el 29 de enero de 2019. [142]
Sin embargo, la USS aceptó realizar una nueva valoración del fondo en su estado actual al 31 de marzo de 2018, que según el Grupo Mixto de Expertos indicaría un déficit mucho menor. Se pensó que esta nueva valoración podría evitar que se exigieran más aumentos de las contribuciones después de abril de 2019. [127] [128]
El 2 de enero de 2019, USS inició una consulta con UUK sobre su valoración de 2018, que cerró el 28 de febrero. USS propuso que debería ser posible aumentar las contribuciones generales del 26% del salario (el nivel de contribución que se obtuvo desde abril de 2016 hasta abril de 2019) al 29,7% del salario, en lugar de los aumentos más altos planificados en respuesta a la valoración de 2017, pero solo si los miembros del plan aceptaban un sistema de "contribuciones de activación" (contribuciones adicionales que se activarían si las medidas de déficit a corto plazo excedieran un cierto nivel). [143] Los miembros de UUK, sin embargo, expresaron escepticismo sobre la necesidad y la idoneidad de este acuerdo. [144] En respuesta, el 9 de mayo de 2019, USS propuso tres opciones "para finalizar la valoración de 2018", conservando los beneficios anteriores del plan y exigiendo contribuciones más bajas que el acuerdo al que el plan había recurrido en ausencia de un acuerdo, pero exigiendo contribuciones mucho más altas que las propuestas presentadas por el JEP: [145]
Mientras tanto, el 15 de marzo , el Consejo del Trinity College de Cambridge votó a favor de retirar unilateralmente al colegio del USS a partir del 31 de mayo de 2019, en una medida que se denominó Trexit . En octubre de 2019, el colegio había sustituido el plan USS por un plan de prestaciones definidas para evitar que el colegio asumiera cualquier responsabilidad por otras pensiones en el sistema de educación superior del Reino Unido en caso de embargos en el sector. La medida provocó protestas, dimisiones y un boicot. [146] [147] [148] [149] [150] [151]
El 21 de mayo de 2019, se reveló que Jane Hutton , en su calidad de directora no ejecutiva del consejo de administración de la USS, había presentado en marzo de 2018 una queja ante el Regulador de Pensiones, alegando que sus esfuerzos en 2017 para comprobar si el déficit de la USS había sido mal calculado se habían visto frustrados por retrasos y obstrucciones para proporcionarle datos a los que necesitaba acceder para cumplir con sus deberes fiduciarios . En mayo de 2019, el Regulador de Pensiones y el Consejo de Informes Financieros estaban investigando las acusaciones. [152] El 14 de junio de 2019, mientras continuaba la investigación, el Regulador reprendió a la USS por afirmar que algunos aspectos de la política de la USS estaban ordenados por el Regulador cuando, de hecho, no lo estaban. [153] El 11 de octubre de 2019, se informó de que Hutton había sido despedida como directora de USS con el argumento de que, según una investigación independiente, "había incumplido una serie de deberes como directora que le correspondían en virtud de la legislación de sociedades y del contrato". USS afirmó que el despido era independiente de la denuncia de irregularidades de Hutton y de la investigación en curso; Hutton afirmó que no consideraba que la decisión fuera válida y que estaba considerando la posibilidad de adoptar medidas adicionales. [154] [155]
El 22 de agosto de 2019, el Comité de Negociación Conjunta, que representa a la UCU y a la UUK, se reunió para determinar la posición que presentarían a los fideicomisarios del USS. El presidente independiente, Andrew Cubie, utilizó su voto decisivo para apoyar el plan preferido de la UUK. En este plan, las contribuciones totales por miembro serían del 30,7 % del salario, con el 9,6 % a cargo del empleado y el 21,1 % a cargo del empleador. Se realizaría una nueva valoración en 2020 y, en ausencia de un acuerdo alternativo, la tasa de contribución aumentaría al 34,7 % en octubre de 2021, con los miembros pagando el 11 % y los empleadores el 23,7 %. La UCU argumentó que las contribuciones de los empleados no deberían superar el 8 % y que el Panel de Expertos Conjunto había sugerido vías alternativas para lograrlo que habían sido aceptables tanto para la UCU como para la UUK. UUK ofreció limitar las contribuciones del personal al 9,1% en lugar del 9,6% si UCU aceptaba no realizar huelgas por las pensiones durante dos años, una oferta que UCU rechazó. [156] [157] [158] Las tasas de contribución del 21,1%:9,6% fueron ratificadas el 12 de septiembre por el consejo de administración del USS.
La huelga llamó la atención de los sindicatos y del gobierno del Reino Unido sobre una posible ambigüedad en la legislación del Reino Unido: los trabajadores migrantes con visas de nivel 2 y 5 tienen un límite anual de 20 días de ausencia no remunerada del trabajo. [159] : 13–15 Como algunas universidades habían visto huelgas locales durante 2017-18 además de los 14 días de huelga nacional, surgieron temores de que a los miembros del personal que estuvieran en huelga durante más de 20 días en un año se les pudieran revocar sus visas, y que esto a su vez pudiera afectar sus derechos legales a emprender acciones industriales. [160] El 12 de julio, el secretario del Interior Sajid Javid declaró que "no era política del gobierno impedir que los trabajadores migrantes participaran en huelgas legales" y que introduciría cambios en las normas y directrices sobre inmigración para dejar claro que las huelgas no contaban como "ausencias no remuneradas". [161] [162]
En la votación sobre la huelga, la UCU logró una participación inusualmente alta y un fuerte apoyo a la acción industrial, y el número de miembros aumentó en alrededor de 15.000 entre principios de 2018 y el 12 de abril. [163]
El personal organizó "sesiones de formación" fuera del campus en "todas las universidades con una importante línea de piquetes"; [164] estas incluían sesiones educativas que tendían a ser de izquierdas o críticas de los cambios recientes en la educación superior del Reino Unido, [62] [165] [166] [167] aparentemente lideradas por la Universidad de Leeds, cuya rama de la UCU había probado el modelo durante una disputa local en otoño de 2017. [168] [169] Algunos piquetes también incluían al personal cantando reescrituras de canciones populares, entre ellas Strike Up Your Life de la Universidad de Leeds UCU (basada en el éxito de las Spice Girls Spice Up Your Life ) [94] o rutinas de baile, incluyendo de forma destacada la actuación de la Universidad de Cambridge UCU de Fight the Power de Public Enemy . [170] [171] Varias ramas vieron la producción de fanzines ; [172] : 85–88 por ejemplo, los geógrafos de la Universidad de Nottingham produjeron un 'fine de huelga'. [173] Un investigador de Cambridge que trabajaba en el Reino Unido con una visa realizó una instalación de arte que reflejaba su precaria situación. [159] Mientras tanto, el “Dinosaurio de la Solidaridad” de la Universidad de Southampton (UCU), una persona con un disfraz de dinosaurio, se convirtió en una sensación menor en las redes sociales. [174]
Cuando comenzaron las huelgas, los académicos de Oxford y Cambridge comenzaron a utilizar las estructuras democráticas de esas universidades para cambiar la posición de las universidades sobre la reforma de las pensiones. [68] [67] Los intentos del personal de Oxford de utilizar el órgano de gobierno supremo de la universidad, la Congregación , para efectuar un cambio de política fracasaron debido a problemas de procedimiento el 5 de marzo, pero al día siguiente la vicerrectora de Oxford, Louise Richardson, declaró que la universidad, no obstante, atendería los deseos del personal de "revertir su respuesta a la encuesta UUK". [175]
A medida que se desarrollaban las huelgas, el personal universitario cuestionaba cada vez más las estructuras de gobernanza de la UUK, las universidades individuales y la USS, junto con la mercantilización del sector de la educación superior del Reino Unido y su fuerza laboral cada vez más precaria. [176] [39] [177] [178] Para el 13 de abril, más de 12.000 personas habían firmado una petición pidiendo que la UUK se sometiera a la Ley de Libertad de Información de 2000. [ 163]
El personal también hizo un uso extensivo de las redes sociales (ver más abajo).
Las universidades estuvieron representadas en la disputa por UUK.
Sin embargo, algunos vicerrectores expresaron su apoyo a la posición de la UCU antes de la huelga. Anthony Forster , vicerrector de la Universidad de Essex , describió un proceso de consulta al personal que llevó a Essex a apoyar la retención de los beneficios definidos a través de mayores contribuciones a las pensiones. [179] Stuart Croft, de la Universidad de Warwick , declaró públicamente que "estoy seguro de que no soy el único que está desconcertado por este cambio [propuesto]", [180] y argumentó, en línea con la posición de los Demócratas Liberales, que el gobierno del Reino Unido debería suscribir las pensiones del USS. [181]
Después de que comenzara la huelga, otros vicerrectores expresaron su preocupación por la posición de UUK, y para el segundo día de huelga, se informó que 18 de ellos pedían nuevas negociaciones o apoyaban la posición de UCU. [182] Algunos se unieron al personal en piquetes, entre ellos Anton Muscatelli (Glasgow), Keith Burnett (Sheffield) y Robert Allison (Loughborough). [183] En una carta a The Times del 16 de marzo, el vicerrector de la Universidad de Cambridge, Stephen Toope , expresó su simpatía por las preocupaciones del personal y los estudiantes no solo sobre las pensiones, sino también sobre la mercantilización de las universidades del Reino Unido, [184] [185] [186] y celebró una amplia reunión pública con alrededor de 550 miembros del personal y estudiantes en la iglesia Great St Mary's , programando otra reunión de este tipo para el 26 de abril. [187]
Algunas universidades decidieron amortiguar el impacto financiero de las huelgas en su personal deduciendo del salario los días no trabajados durante varios meses. Entre ellas se encuentran Glasgow, [188] Leicester, [189] Cardiff, [190] Cambridge, [191] [192] y York. [193]
En 2016, la grabación en vídeo de las conferencias se había generalizado en las universidades del Reino Unido [194] y algunas universidades intentaron utilizar las conferencias grabadas en años anteriores para sustituir las clases perdidas durante las huelgas. Esto provocó nuevos debates sobre qué derechos deberían reclamar las universidades sobre la producción intelectual de su personal [195] , que continuaron hasta 2021. [196]
Por el contrario, muchas universidades exigieron que el personal reprogramara las clases que no se habían impartido durante la huelga, y señalaron su derecho a deducir el salario por el rendimiento parcial si el personal no lo hacía. Sin embargo, un número menor parecía estar comprometido a implementar deducciones. Algunos ejemplos que atrajeron la atención de los medios incluyeron:
En el caso de Sheffield, inicialmente se amenazó con una deducción salarial del 25% por desempeño parcial, que aumentaría al 100% después de cinco días, [206] lo que provocó que los ex alumnos amenazaran con retirar las donaciones. La universidad luego explicó que no implementaría deducciones por desempeño parcial. [207] [67] Sucedieron hechos similares en St Andrews, y la directora, Sally Mapstone , escribió que "después de considerar todos los asuntos en su conjunto, creo que nuestra política actual de deducir el 100% del salario por no reprogramar las clases canceladas debido a la huelga es incompatible con los valores de esta universidad y la importancia que le damos a nuestro sentido compartido de comunidad". [208] En Leeds, varios examinadores externos dimitieron en protesta por los planes de la universidad, vigentes al 10 de marzo, de deducir el salario por desempeño parcial, [209] [98] mientras que Alice Goodman , viuda del destacado profesor de la universidad Geoffrey Hill , dirigió una carta abierta al vicerrector de la universidad pidiendo a la universidad que reconsiderara su postura. [210] [211]
Una encuesta de Yougov a 738 estudiantes universitarios realizada para la UCU entre el 13 y el 20 de febrero de 2018 reveló que, a nivel nacional, el 61 % de los estudiantes dijeron que apoyaban las huelgas, el 19 % se oponía y el resto no estaba seguro. En las instituciones en huelga, el apoyo fue del 66 %, mientras que el 18 % se oponía. [64] En febrero de 2018, una encuesta de 1500 estudiantes para la revista Times Higher Education reveló que más de la mitad (51,8 %) apoyaría a su profesor en caso de huelga y poco menos de un tercio (29,3 %) no lo haría. [212] El apoyo a la huelga nacional estaba equilibrado, con un 38,4 % a favor y un 38,4 % en contra. [212]
El 8 de marzo, todavía se informaba de un amplio apoyo estudiantil a las huelgas, y se observaba que los estudiantes se estaban uniendo al personal en solidaridad contra la mercantilización de la educación superior en el Reino Unido. [164]
El primer día de las huelgas, la sede central de la UUK en Londres fue ocupada por estudiantes. [213] Los estudiantes emprendieron ocupaciones de edificios universitarios en apoyo de la huelga en varias instituciones, incluyendo el University College London (26 de febrero), [214] la Universidad de Liverpool (28 de febrero) [215] y la Universidad de Bristol (5 de marzo), [216] junto con estudiantes de Leicester, Bath, Exeter, Southampton, Sussex y Reading. [217] Una nueva ola de ocupaciones comenzó el 12 de marzo, tras la publicación del primer acuerdo conjunto negociado por ACAS entre UCU y UUK, que los miembros de UCU rechazaron. Las universidades con ocupaciones durante esa semana incluyeron Reading, [218] Cambridge (en las Old Schools ), [219] Dundee, [220] York (en Heslington Hall ), [221] Sheffield (en la Arts Tower ), [222] Stirling, [223] Aberdeen, [224] Surrey, [225] Sussex, [226] Glasgow, [227] y la Queen Mary University de Londres (en el Octágono). [228]
El propósito de las ocupaciones se extendió a otras cuestiones: el 19 de marzo, los estudiantes de la Universidad de Londres ocuparon Senate House en apoyo a una huelga convocada para el 25 y 26 de abril por trabajadores subcontratados, incluidos limpiadores, porteros y recepcionistas. [229] En un momento durante la ocupación, los estudiantes fueron encerrados en una habitación por miembros del personal de la universidad. [230]
A raíz de las huelgas de febrero y marzo, el sindicato de estudiantes de la SOAS pidió a sus miembros que se negaran a presentar trabajos con plazos de entrega antes del 23 de marzo, argumentando que la presentación de plazos tan pronto después del final de las huelgas afectaría negativamente el trabajo de los estudiantes. [231]
Los estudiantes, que en Inglaterra habían pagado desde 2012 tasas que cubrían la mayor parte del coste de su educación, respondieron exigiendo una compensación a sus universidades, explícitamente en apoyo del personal en huelga: hasta el 20 de febrero de 2018, 70.000 habían firmado cartas y peticiones de este tipo [232] , cifra que aumentó a alrededor de 126.000 el 5 de marzo. [233]
El 4 de marzo de 2018, se informó que el King's College de Londres se había convertido en la primera universidad en ofrecer usar el dinero no gastado en los salarios del personal en huelga para compensar a los estudiantes. [234] [235] Robert Liow, un estudiante de derecho de tercer año en la universidad, le dijo a la BBC que si las universidades no reembolsaban a los estudiantes parte de sus tarifas, se beneficiarían de la disputa, ya que ganarían el dinero no pagado al personal universitario en huelga:
No quiero un servicio educativo consumista. Creo que la educación es un bien público y no un servicio que se pueda vender. Pero si nos van a tratar como consumidores, vamos a pedir que nos devuelvan el dinero. [12]
El 23 de marzo de 2018, se informó de que los abogados especializados en disputas internacionales Asserson habían comenzado a coordinar una demanda sin honorarios para obtener una compensación para los estudiantes afectados por las huelgas, invitando a los estudiantes a inscribirse para participar en línea. [236] El 24 de abril de 2018, se anunció que más de 1.000 estudiantes se habían inscrito: suficientes para solicitar una orden de litigio colectivo . [237] Para el 17 de junio, más de 5.000 se habían unido. Asserson estimó que un millón de estudiantes se habían visto afectados por la huelga, con 575.000 horas de enseñanza perdidas. Sugirieron que las universidades podrían ser responsables de una compensación de 20 millones de libras esterlinas. [238]
En mayo de 2019, la Oficina del Adjudicador Independiente para la Educación Superior (designada en virtud de la Ley de Educación Superior de 2004 para administrar el sistema de quejas de los estudiantes de educación superior en Inglaterra y Gales) emitió una serie de resoluciones en respuesta a las quejas de los estudiantes, pidiendo a las universidades que ofrecieran reembolsos parciales de las tasas. [239]
Han surgido varias organizaciones para ayudar a los estudiantes a reclamar indemnizaciones por las interrupciones causadas por las huelgas. Una de esas plataformas es Student-Claims, que ofrece un proceso estructurado para que los estudiantes presenten reclamaciones de indemnización por huelgas universitarias. Sus esfuerzos tienen por objeto agilizar el proceso y garantizar que los estudiantes reciban la indemnización a la que tienen derecho en medio de las interrupciones educativas. [240] Los estudiantes también tienen la opción de presentar reclamaciones de forma independiente si prefieren gestionar el proceso por su cuenta.
El 25 de noviembre de 2019, Joshua Curiel, un estudiante de la Universidad de Kent , escribió un artículo para The Guardian en el que alentaba a sus compañeros a apoyar sus clases. Curiel argumentó que "esta huelga tendrá un mayor impacto si las universidades ven que los profesores tienen el apoyo total de sus estudiantes y entienden que se deben hacer cambios. Tenemos un papel que desempeñar en estas huelgas, para mantener la presión y garantizar condiciones de trabajo más justas". [241]
El 29 de noviembre de 2017, Carol Monaghan (Partido Nacional Escocés) presentó una moción de inicio en la Cámara de los Comunes titulada "Defensa de las pensiones académicas", en la que señalaba "con preocupación la propuesta de Universities UK de cerrar la parte de prestaciones definidas del Plan de Pensiones Universitarias (USS) a todos los futuros empleados". La moción fue patrocinada por Caroline Lucas (Partido Verde), Martyn Day y Pete Wishart (SNP), Jim Cunningham y Mary Glindon (Partido Laborista). Al 19 de marzo, había sido firmada por 133 parlamentarios. [242] [243]
Durante la primera semana de huelga, la postura de la UCU recibió el apoyo explícito de los partidos laborista [244] y verde [245] . Los liberaldemócratas argumentaron que el gobierno debería financiar el plan de pensiones del USS, facilitando así su evaluación del riesgo. [246] El ministro de universidades conservador, Sam Gyimah, alentó a los partidos a negociar y alentó a las universidades a compensar a los estudiantes por la educación perdida. [247]
La embajada de China en el Reino Unido también hizo gestiones ante el Departamento de Educación, expresando preocupación por la situación de los estudiantes chinos en el Reino Unido. [67] [248]
Las "intensas luchas internas" que experimentaron sectores de la UCU durante y después de las huelgas y negociaciones sobre pensiones de 2018 llevaron a la UCU a establecer una "comisión de democracia" para recomendar formas de mejorar la democracia participativa dentro del sindicato. Entre sus recomendaciones figuraba la de que el cargo de secretario general se mantuviera por un período de tres años, y por un máximo de tres mandatos. La comisión sugirió introducir un mecanismo para que los miembros revocaran a los secretarios generales. Sus recomendaciones se presentaron en un congreso especial del sindicato el 7 de diciembre de 2019. [249]
Algunas sociedades académicas emitieron declaraciones en apoyo de la huelga o sus objetivos. Entre ellas se encontraban History UK , que dijo que "cree que las universidades deberían tratar de mantener las condiciones de empleo en las que se empleaba originalmente a los académicos. Eso incluye las pensiones"; [250] [251] el Consejo de Profesores de Ingeniería; [252] y la Asociación Dental Británica. [253] Otras no adoptaron una posición pero sí debatieron públicamente los temas, entre ellas la Sociedad Británica de Psicología . [254]
La acción atrajo la cobertura de la televisión nacional, [255] y editoriales de apoyo de periódicos como el Observer [256] y el Financial Times , que opinaron que "las universidades deben aumentar su oferta de pensiones, y los profesores deben dar una audiencia justa a cualquier nueva propuesta. En su defecto, los estudiantes deben ser compensados por las universidades". [14] Mientras tanto, The Times ofreció apoyo a UUK , con Daniel Finkelstein , por ejemplo, argumentando que "el fondo de pensiones es un bote de dinero compartido entre el personal actual y el anterior. Todo lo que los fideicomisarios y el regulador están tratando de hacer es asegurarse de que se reparta de forma justa. Están asegurando que el dinero no se haya regalado todo mientras haya gente con futuras reclamaciones en su contra". [257]
Varios comentaristas expresaron su exasperación por una tendencia en los medios de comunicación y en las redes sociales a referirse a la huelga como una "huelga de profesores", cuando involucraba a una amplia gama de personal, académico y no académico. [258]
Los miembros de la UCU hicieron un uso extensivo de las redes sociales durante la disputa. Se utilizaron para difundir las investigaciones de los activistas sobre los cambios en las pensiones. [259] Las redes sociales también se utilizaron para satirizar a la alta dirección de las universidades: por ejemplo, el hashtag #FindMyProvost se utilizó para burlarse de los vicerrectores que no se relacionaban con el personal, [90] y la página de memes 'UCU Strikeposting' en Facebook, que fue administrada por estudiantes y personal que apoyaron la huelga, y rápidamente acumuló más de 6.000 me gusta en 4 semanas. [260] Los hashtags también fueron una poderosa herramienta de organización. Un ejemplo destacado fue el hashtag de Twitter #NoCapitulation , que surgió como el mensaje unificador detrás del cual se movilizó el personal universitario veinte horas después del acuerdo Acas del 12 de marzo. [7] [261] El Dr. Ed Rooksby, un tutor en el Ruskin College de Oxford, dijo que "los líderes vieron esta ola de hostilidad que se acercaba hacia ellos y dieron marcha atrás... Estoy seguro de que no habría habido tanto impulso sin Twitter, y sin que alguien se le ocurriera ese hashtag". [7] La Dra. Jo Grady, profesora titular de relaciones laborales en la Universidad de Sheffield , manifestó su creencia de que Twitter había ayudado a la gente a conectarse "fuera de los marcos sindicales tradicionales" y que esto era irónico ya que sus empleadores eran los que animaban al personal a utilizar las redes sociales como una herramienta de autopromoción. [7]
Según Esther Muddiman, Rowan Campbell y Grace Krause, "la acción industrial emprendida por los miembros de UCU en 2018 en respuesta a una disputa sobre la provisión de pensiones... actuó como catalizador para las discusiones sobre la carga de trabajo, el bienestar del personal, la igualdad, los salarios y las condiciones, y, sostenemos, hizo que las cuestiones de precariedad y precarización pasaran a un primer plano en la agenda y generó nuevas formas de construcción de comunidad en la educación superior". [172] : 84 En consecuencia, estas preocupaciones formaron la base de las votaciones para la acción industrial en todos los sindicatos de educación superior del Reino Unido ( UNISON , Unite , EIS , GMB y UCU), que se desarrollaron en paralelo a la acción industrial sobre las pensiones. De septiembre a octubre de 2019, UCU votó a sus miembros para la acción industrial en dos disputas: la renovada acción industrial sobre las pensiones (para las instituciones que participan en USS) y la nueva acción industrial sobre los salarios y las condiciones (que UCU llamó las "cuatro luchas" -desigualdad salarial, inseguridad laboral, aumento de las cargas de trabajo y deflación salarial- para todas las ramas de la educación superior). Se llevaron a cabo votaciones por separado para cada institución, con la creencia de que la participación podría superar el 50% de los miembros requeridos por la Ley de Sindicatos de 2016 en un número suficiente de instituciones para permitir una acción industrial significativa, al tiempo que se evitaba el riesgo de que una votación nacional agregada cayera por debajo del umbral del 50%. Se sostuvo que era necesario hacer posible la acción industrial sobre ambas cuestiones a la vez para evitar que las ganancias en la remuneración general obtenidas a través de un canal se vieran anuladas por pérdidas en el otro.
El 26 de mayo de 2019, la Conferencia del Sector de Educación Superior de la UCU votó a favor de iniciar una nueva disputa con los empleadores de la USS. La UCU escribió a los vicerrectores pertinentes el 7 de junio pidiéndoles que evitaran una posible acción industrial comprometiéndose a "mantener el nivel de contribuciones no superior al 26% (8% para los miembros)", en primera instancia tratando de influir en la política de la USS a través de los representantes de los empleadores en el Foro de Pensiones de los Empleadores (EPF) y los nominados de la UUK para el comité de negociación conjunto de la USS. El sindicato pidió que, en su defecto, los empleadores "deben cubrir en su totalidad cualquier aumento que sea necesario para mantener los beneficios actuales hasta que se hayan revisado los métodos y supuestos de gobernanza y valoración de la USS". [262]
El 31 de octubre de 2019, la UCU informó que, de las 64 secciones que votaron, al menos 43 habían superado el umbral de participación del 50% o estaban en condiciones de emprender acciones de huelga. El total nacional de votos (con cuatro instituciones aún por contabilizar) alcanzó una participación del 53%, y el 79% votó a favor de la huelga. [263]
En marzo de 2018, el Comité de Negociación Conjunta del Reino Unido para el Personal de Educación Superior comenzó su ronda de negociaciones para el salario en el sector para 2018/19, con los sindicatos exigiendo un gran aumento salarial. [107] [108] Citando la disminución real a largo plazo del salario, el 26 de marzo de 2018 los sindicatos presentaron una reclamación salarial solicitando un aumento salarial del 7,5% o £1.500, lo que fuera mayor; un salario mínimo de £10 para hacer que todas las instituciones de educación superior sean empleadores de " salario digno "; e igualdad salarial de género para 2020. [107] En abril de 2018, la Asociación de Empleadores de Universidades y Colegios propuso un aumento salarial del 1,7% para 2018-19, elevando la oferta al 2% (y al 2,8% para los peor pagados) en mayo. Ambas cifras estaban por debajo de la inflación, que en marzo de 2018 se situó en el 2,7%. [108] [264]
El 6 de junio de 2018, la UCU inició una votación consultiva para determinar si se debía llevar a cabo una votación formal para una acción industrial en relación con las negociaciones del Comité de Negociación Conjunta del Reino Unido para el Personal de Educación Superior sobre los salarios de 2018-19. La votación se cerró el 27 de junio de 2018, con el 82% de los miembros participantes votando para rechazar la oferta de la Asociación de Empleadores de Universidades y Colegios de un aumento salarial mínimo del 2 por ciento, que aumenta al 2,8 por ciento para los peor pagados. [265] La UCU declaró formalmente una disputa laboral el 24 de julio de 2018. [266] El 21 de agosto de 2018, la UCU notificó legalmente su intención de votar a los miembros para una acción industrial con respecto a la disputa salarial nacional de 2018-19. La votación se abrió el 30 de agosto de 2018. [265] [266] El 22 de octubre de 2018, la UCU anunció los resultados de la votación. Aunque la mayoría de los miembros del sindicato que votaron optaron por emprender acciones industriales, la participación sólo superó el 50% de los miembros requeridos por la Ley de Sindicatos de 2016 en siete universidades (junto con las cuales tres universidades de Irlanda del Norte, no afectadas por la legislación, también votaron a favor de la huelga). [267] Asimismo, el 29 de octubre Unison informó que, aunque la mayoría de los miembros con derecho a voto habían apoyado la huelga, la votación se vio frustrada por una participación insuficiente. [268] El 7 de noviembre, la conferencia especial del sector de educación superior de la UCU decidió realizar otra votación, esta vez agregando votos de todo el sector en lugar de realizar una votación diferente para cada universidad. El 23 de noviembre, la votación estaba programada para realizarse del 14 de enero al 22 de febrero de 2019. [269] Esta votación logró una participación de sólo el 41%, por lo que nuevamente no condujo a ninguna acción industrial. [267] [270] [271]
El 1 de mayo de 2019, la oferta final de los empleadores en las negociaciones salariales de 2019-2020 fue del 1,8%, aumentando al 3,65% para los peor pagados (eliminando el punto más bajo en la escala salarial para garantizar un salario digno para todo el personal). Para la mayoría de los miembros, el aumento ofrecido estaba por debajo de la inflación (entonces 2,4% RPI), y los sindicatos pidieron un aumento de RPI + 3% o de £ 3,349, lo que fuera mayor. [272] Más tarde ese mes, el congreso de UCU decidió hacer campaña para ganar una votación de acción industrial sobre esta oferta, con una campaña que nombró las "cuatro luchas" de salario, igualdad, precarización y carga de trabajo. Unite y Unison también resolvieron realizar una votación sobre el salario.
El 31 de octubre de 2019, Unison informó que, si bien alrededor del 66% de los miembros que votaron habían votado a favor de la huelga, la participación no había superado el umbral del 50%. [273] Asimismo, Unite anunció que el 73,3% de los miembros habían votado a favor de emprender acciones, pero que la participación había sido del 32,1%. [274]
Ese mismo día, la UCU informó que de las 148 secciones que votaron, al menos 54 habían superado el umbral del 50% de participación o estaban en condiciones de emprender acciones de huelga. El total nacional de votos alcanzó una participación del 49%, de los cuales el 74% votó a favor de la huelga (aún quedan cuatro instituciones por contabilizar). [263]
El 5 de noviembre de 2019, la UCU anunció que en aquellas instituciones con un mandato legal para hacer huelga, se celebrarían ocho días de huelga consecutivos desde el lunes 25 de noviembre hasta el miércoles 4 de diciembre, "a menos que", en palabras de la secretaria general de la UCU, Jo Grady, "los empleadores comiencen a hablarnos seriamente sobre cómo van a lidiar con el aumento de los costos de las pensiones y la disminución de los salarios y las condiciones". Después del 4 de diciembre, los miembros del sindicato también iniciarían acciones sin llegar a la huelga. 60 universidades se verían afectadas (43 en relación con las pensiones y los salarios, 14 solo con los salarios y 3 solo con las pensiones). [275] [276] [3]
La encuesta sobre la carga de trabajo de 2016 de la UCU arrojó un promedio de 51,6 y 50,9 horas semanales en la educación superior y continua, respectivamente, donde los contratos suelen compensar entre 35 y 37 horas. Las medidas que no llegan a la huelga incluyen, en particular, trabajar según el contrato, lo que implica una disminución de alrededor de 15 horas productivas a la semana. [277]
Se estimó que las huelgas afectarían a más de un millón de estudiantes. [278]
Los portavoces de la UUK y de la Asociación de Empleadores de Universidades y Colegios argumentaron que la UCU no tenía un mandato fuerte para actuar dado que la mayoría de las sucursales no habían calificado para iniciar una huelga. El portavoz de la UUK expresó sus esperanzas de que la disputa industrial pudiera resolverse sin una huelga y que la UCU "ahora se unirá a nosotros para considerar reformas de gobernanza y opciones alternativas para futuras valoraciones" con respecto al USS. El portavoz de la UCea argumentó que las negociaciones salariales nacionales de 2019-20 habían dado como resultado un acuerdo salarial "en el límite mismo de lo que es asequible". [279] Sin embargo, la opinión entre los líderes universitarios no fue uniforme: el 15 de noviembre, el vicerrector de la Universidad de Essex argumentó que "la Universidad de Essex está dispuesta a aumentar las contribuciones al plan para mantener características críticas del USS, incluidos los beneficios definidos". [280] [281]
El 19 de noviembre, la UUK y la UCEA escribieron conjuntamente una carta abierta "al personal afectado por las pensiones de la UCU y las disputas salariales", argumentando en parte que "la publicación del segundo informe del JEP presentará a la UUK y la UCU la oportunidad de desarrollar un futuro valioso y sostenible para la USS" y que, si bien las universidades "simplemente no pueden permitirse invertir más en los aumentos salariales de este año de lo que ya han hecho", la UCEA había invitado a negociaciones sobre "carga de trabajo, remuneración/igualdad de género y acuerdos de empleo temporal". [282] La respuesta de la UCU incluyó el argumento de que "no se puede negar a hablar sobre el salario y al mismo tiempo decir que se quiere hablar sobre el cierre de las brechas salariales que existen para el personal femenino y BME " y que "siempre estamos dispuestos a negociar y asistiremos a las conversaciones para tratar de evitar la disrupción que inevitablemente causarán las huelgas". [283]
Las huelgas comenzaron el 25 de noviembre. Según las cifras recopiladas posteriormente por la UCEA, el 29,2% de los miembros de la UCU en las universidades afectadas se declararon en huelga, lo que representa el 5% de todo el personal de esas universidades (no todos ellos pertenecían al distrito electoral representado por la UCU), aunque alrededor del 26% informó de focos de gran impacto en la enseñanza. [284]
Al igual que en 2018, el personal en huelga de varias universidades organizó "clases de docencia" fuera del campus, abiertas a los estudiantes afectados por las huelgas. [285] El 27 de noviembre, los negociadores de la UCU y la UCEA se reunieron, y la UCEA se comprometió a consultar a sus miembros sobre "las brechas salariales de género y etnia, los acuerdos de empleo temporal y la carga de trabajo" antes de una reunión la semana siguiente, al tiempo que declaró que no tenía mandato para alterar el aumento salarial que se había implementado para el año académico 2019-20. [286] [287]
Las organizaciones de empleadores siguieron argumentando que la huelga representaba a una minoría del personal en una minoría de universidades, [288] y el vicerrector de la Universidad Oxford Brookes, Alistair Fitt, argumentó además que "el pedido de más dinero llega en un momento en el que las universidades están operando en un entorno desafiante en medio de una mayor competencia, una congelación de las tasas de matrícula y una incertidumbre prolongada sobre las implicaciones del Brexit". [289] Se informó de que algunas universidades fueron duras en su respuesta a las huelgas: la Universidad de Liverpool recibió críticas por decir a sus estudiantes que no debían unirse a los piquetes; [290] Sheffield Hallam puso en línea un formulario para que los estudiantes registraran qué profesores estaban en huelga (lo que atrajo una gran cantidad de presentaciones satíricas); [291] y la Universidad de Birmingham le dijo a su personal que hacer piquetes en el campus sería una intrusión (lo que atrajo una gran petición en oposición). [292] Un intento de ocupación de la Universidad de Reading en apoyo a las huelgas dio lugar a enfrentamientos con personal de seguridad de "mano dura" y a lesiones entre los posibles ocupantes. La universidad tomó medidas disciplinarias contra los estudiantes implicados, prohibiendo la entrada al campus a un estudiante de grado y a un estudiante de posgrado, así como suspendiendo al estudiante de grado. [293]
Cuando comenzaron las huelgas, el periódico The Guardian publicó un editorial en el que sostenía que las huelgas representaban "una batalla por el alma del campus" y que "el modelo de mercado en la educación superior ha creado un precariado intelectual que tiene derecho a contraatacar". [294] Poco después, el Financial Times publicó un editorial en el que sostenía que "aunque los académicos y las universidades no quieran oírlo, si el USS va a seguir funcionando, el dinero tiene que venir de ellos", y también decía que "la actual huelga tiene un significado más amplio que el destino de un plan de jubilación en disputa. Ha expuesto la precariedad del sistema de educación superior británico, que se ha convertido más en un mercado", y pedía una "investigación independiente" sobre el manejo de la valoración del USS "por parte de todos los actores clave, incluido el Regulador de Pensiones". [295]
El Sindicato Nacional de Estudiantes apoyó las huelgas, al igual que la secretaria de educación en la sombra del Partido Laborista, Angela Rayner . [296] [297] El apoyo de los sindicatos de estudiantes universitarios individuales fue menos claro, y algunos, como el Gremio de Estudiantes de la Universidad de Birmingham , adoptaron una postura explícitamente neutral. [292] El Sindicato de Estudiantes de la Universidad de Reading votó a favor de apoyar las huelgas, pero fue inusual al hacerlo. [298] El Times informó que "en general" los estudiantes "apoyan a sus profesores y su enojo es con las universidades y los vicerrectores". [299] En Edimburgo , los estudiantes ocuparon la Torre David Hume en solidaridad con la huelga, [300] mientras que los estudiantes de la Universidad de Strathclyde ocuparon una sala de conferencias (tanto en apoyo de las huelgas como en protesta por lo que llamaron "mala gestión desenfrenada, presunta corrupción e inversión irresponsable en combustibles fósiles en la Universidad de Strathclyde"). [301] [302] Los estudiantes de la Universidad de Stirling ocuparon un edificio administrativo durante dos semanas, y luego recibieron una suspensión de ocho semanas como castigo. [303]
Algunas sociedades académicas, como la Asociación de Estudios Americanos , expresaron su apoyo a la huelga. [304]
Las huelgas de 2019 se produjeron en un entorno normativo y jurídico algo diferente al de 2018, debido al establecimiento de la Oficina de Estudiantes y al surgimiento de un conjunto de jurisprudencia de la Oficina del Adjudicador Independiente sobre la compensación de los estudiantes por la enseñanza perdida a raíz de las huelgas de 2018. [305] [306] También se puso de manifiesto una creciente ansiedad por la posición de los estudiantes internacionales cuyos requisitos de visado para la asistencia a clase podrían verse afectados por las huelgas, en el contexto de la política de entorno hostil del Ministerio del Interior del Reino Unido hacia los inmigrantes. [290] La Universidad de Liverpool y la Universidad Goldsmiths atrajeron especial atención por decir a los estudiantes internacionales que faltar a clases por negarse a cruzar las líneas de piquete podría poner en peligro sus visados. [290] [307]
In the wake of the strike action, UCU called for 'action short of a strike' in the form of 'working to contract', interpreted primarily as working only the hours notionally required and not rescheduling teaching missed during the strikes. As in 2018, universities' responses to this varied, with some threatening pay deductions for 'partial performance' in the event of staff not rescheduling teaching and others not planning to deduct pay.[308][309] Press coverage included mentioning the University of Liverpool for threatening partial pay deductions[310] and Reading for threatening 100% pay deductions,[311] whereas Cambridge offered to reimburse lecturers for pay lost during the strikes if they rescheduled teaching.[310]
On 4 December, UCU began reballoting thirteen branches which had nearly succeeded in achieving the 50% voter turnout necessary to take strike action, in the belief that the strike action at other branches would galvanise members into voting. It was believed that this would strengthen the threat of further industrial action.[312][313]
13 December saw the publication of the Joint Expert Panel's second report. This recommended changes to the governance of USS, to build on "the establishment of a new, jointly agreed purpose statement and shared valuation principles".[314][315] Reporting focused on the Panel's proposal to introduce a dual discount rate into the USS pension scheme, whereby the fund supporting members who had retired would be put into low-risk, low-return investments, but the remainder of the fund (accruing to working members who had not yet retired) would be free to be invested in higher-risk, higher-return holdings.[316][317] The report was welcomed by UUK and UCU and media reporting suggested that negotiations in its wake could lead to the cessation of impending industrial action;[318] as strikes loomed in February, however, the UCU general secretary Jo Grady commented that 'most importantly, employers have not yet offered to cover the unfair contribution increases that are pricing members out of the scheme', implying that this was a key sticking point.[319]
The report also recommended three-way talks between UCU, UUK and USS on the governance of USS to lead to future pension policies being more satisfactory to scheme stakeholders. The 'tripartite group' first met on 17 January 2020.[320]
In mid-January 2020, the University of Sussex launched an "industrial action ex gratia scheme" to compensate students up to £100 for inconvenience caused by the ongoing industrial action. It this became the first UK university to offer compensation while industrial action was still in process.[321]
On 15 January, the Wellcome Trust published the report 'What Researchers Think About the Culture They Work In',[322] which found that 29% of respondents felt secure in their jobs.[323] On 20 January, UCU published a report on 'the dehumanising effects of casualisation in higher education' that noted that '67,000 research staff were on fixed-term contracts, making up two-thirds of the total research staff employed at universities, alongside 30,000 contracted teaching staff, many paid by the hour. A further 69,000 academic staff were on "atypical contracts" and so are not counted in the main staff record, while an estimated 6,500 were on zero-hours contracts'.[324][325]
On 27 January, UCEA published a document 'offered as part of a potential composite JNCHES settlement for 2019-20' addressing the Four Fights issues, with the exception of pay (where the pay rise offered remained at 1.8%).[326][327] UCEA noted that it had been 'given the scope to go further than ever before as a national employer representative body', proposed to set 'expectations' for the employment practices of individual institutions, and summarised its offer at sector-level thus:[328]
- For contractual arrangements, a new trade union/employer working group to examine the annual national staff record (HESA), looking for example at trends in 'zero hours' and 'hourly-paid' employment, and contractual arrangements across protected characteristics. The group will produce a report of the analysis and findings.
- For workload and mental health, trade union/employer work to further develop the national Stress and Mental Wellbeing resources through our established HE Safety and Health Forum, Trade unions, Universities UK and UCEA involvement in advancing sector-level initiatives to address staff mental health issues.
- For gender pay gap, trade unions and employers to develop an HE specific 'checklist' of suggestions to address blockages and enablers of women's career progression and balanced representation in gender dominated roles. There will also be collection and analysis of the overall data.
- On ethnicity pay, trade unions and employers to examine and report on national ethnicity pay gap data and investigate kinds of actions and interventions being taken by employers. Both also commit to encouraging colleagues to disclose protected characteristics.
UCU welcomed these offers as progress but criticised the lack of an improved offer on pay and argued that UCEA needed to provide universities with 'a clear set of mechanisms for policing and enforcing the expectations which they are signing up to'.[327]
On 29 January 2020, UCU announced results from the December–January reballots of selected universities that had failed to secure a 50% turnout in the 2019 ballots. As a result, two further universities joined the disputes on pensions and pay/conditions; nine joined the dispute on pay/conditions alone; and three joined the dispute on pensions alone; and two that had been on strike about pensions only added pay/conditions to their disputes. The number of institutions with a mandate to strike at this point stood at 74 in total: 47 for pay/conditions and pensions, 22 for pay/conditions only, and 5 for pensions only.[329]
On 3 February 2020, following consultation with branch representatives at the union's Higher Education Committee, UCU announced fourteen days of strike action, escalating over a period running from 20 February to 13 March: 20–21 February, 24–26 February, 2–5 March and 9–13 March.[330][331][332]
During February, UUK consulted its members on the possibility of making a new offer in the pensions dispute, responding to UCU's request that employers shoulder more of the burden of rising pensions contributions. 84% opposed the idea of making a new offer. Meanwhile, UCEA did not alter the offer it had made on 27 January.[333][334] During the same period, the Times Higher Education reported restiveness among some UCU members about the desirability of further strikes.[335]
Strikes began on 20 February, with 74 universities affected, and news reporting on the day focusing on the determination of striking staff picketing in rainy weather.[36][336][337][338] Following a few days with little apparent progress,[339] UCEA resumed negotiations with UCU on Monday 24 February,[340] and UUK resumed negotiations on Tuesday 25th.[341] Negotiations continued throughout that week.[342]
Negotiations went on[343][344] and, following the leaking of minutes from a Russell Group meeting about casualisation, the Russell Group issued a statement pledging to address casualisation in that part of the university sector.[345][346][347][348]
By the end of the third week of strike action (Friday 6 March), UCU summarised the position of negotiations as showing good progress on achieving a UK-wide, sector level framework to address casualisation, gender pay-gaps, and workload, with continued debate concerning the pay deal. Regarding pensions, the Union represented UUK as putting more pressure on USS for reform, but little progress on convincing employers to shoulder a higher proportion of rising pension contributions.[349][350]
Little news emerged from negotiations, and on 11 March UCU negotiators on the Four Fights made it clear that good progress had been made on three, but that the sticking point for them was pay, and argued that UCU members would need to continue industrial action to achieve improvements in that area.[351]
Meanwhile, debate on USS was complicated by USS beginning their 2020 valuation, with UCU criticising USS's valuation methods and calling on UUK for support. No significant change appeared to have come about in employers' willingness to shoulder more of the rising costs of the pension scheme.[352]
As the strikes came to an end, UK universities found themselves under a relatively sudden set of pressures as the COVID-19 pandemic led to falling projections for international student recruitment,[353] and UK universities rapidly switching their teaching to online modes.[354][355][356] UCU cancelled rallies on the last day of strikes to reduce the risk of infection.[357]
Student support at the outset of the strike was estimated at 47% by an unscientific poll reported by the BBC.[358] With continued NUS support for the strikes, twenty-six students' unions wrote to the Minister of State for Universities, the chairs of the UCEA and USS trustee boards and the Chief Executive of Universities UK, expressing support for UCU and urging a swift resolution to the strikes.[359] As in previous strikes, there was a student occupation, in this case of the Old Schools in Cambridge.[360]
UCU members continued to find innovative ways to picket, with developments including a group of picketing runners circumnavigating the University of Leeds campus.[361]
The prospect of convulsive changes to university staff workload and working conditions caused by universities' responses to the pandemic increased the complexities and tensions surrounding the dispute.[354] To continue legally constituted industrial action, most branches needed to reballot for action shortly after March 2020; however, the reballots on both disputes were postponed due to the crisis,[362][363] and the legal mandate for industrial action expired on 28 April 2020.[364]
While university staff did not take industrial action widely during 2020–21, students in a number of universities organised rent strikes to force rebates on rent payments for student accommodation, arguing that they were not being given the in-person education that they had been promised and which they were renting accommodation to access. Students at the University of the West of England and Bristol University were among early organisers, beginning rent strikes in March 2020 against many landlords who continued to charge them full priced rent.[365] While triggered by situations arising from the COVID-19 pandemic, these protests were in the wider context of rapidly rising student rents.[366] The University of Manchester protests (2020–2021) were particularly prominent: Manchester students launched a rent strike and occupation in November 2020, calling for a 40 percent rent reduction for the duration of the 2020/21 academic year, for the option of ending their tenancies early without penalty, and for additional help for self-isolating students.[367][368] In response to the rent strike the university cut rent by 30 percent for all students in university halls of residence.[369] Rent strikes were also announced in Autumn 2020 at the University of Glasgow, which resulted in a one-month rent rebate, and the University of Cambridge.[369] By January 2021, reporting suggested that between 40 and 55 universities had rent strikes underway.[370][368]
Furthermore, Student claims companies discuss how students can claim financial compensation if their university experience was affected by COVID-19 disruptions or other issues like online learning, canceled classes, or lecturer strikes, especially in cases where universities may have not delivered the services they agreed to provide. The compensation amount depends on the course, the extent of disruption, and the fees charged by the university. They operate on a no-win, no-fee basis, charging a fee of one-third of the compensation amount only if the claim is successful, and emphasize that students are protected by consumer law to make such claims.[371]
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Against the backdrop of a cessation in industrial action, the closure of UK campuses, and an improvised sector-wide shift to online teaching, along with tensions over whether universities were fulfilling their obligations to provide safe working environments,[372] negotiations between UCU and UCEA continued. On 1 April 2020, UCEA tabled a new offer regarding the Four Fights dispute.[373] As before, there was no increase in UCEA's previous pay increase offer of 1.8%, but the offer did include more explicit resolutions to establish sector-wide 'expectations' and 'recommendations' that all employers should implement through action and negotiation with unions at a local level. On 16 May UCU announced that it would convene representatives from its branches on 26 May with a decision about the Union's next step to be taken by its Higher Education Committee the next day.[374] Branch delegates opposed the offer, and in July 2020 UCU undertook an electronic consultative ballot of its members, likewise recommending rejection. 61% of respondents rejected the offer and 39% accepted.[375] In consequence, UCEA unilaterally implemented a "1.8% uplift on all points on the spine, with higher percentage awards for points 2 to 16".[376][377]
Before UCU and UCEA's pay negotiations pertaining to 2019–20 concluded, a new round of negotiations, concerning 2020–21, commenced. UCU submitted a pay claim pertaining to 2020–21 in March 2020, before the effects of the COVID-19 pandemic began to be recognised in the UK, and which continued the Four Fights agenda. UCEA made their final 2020–21 offer in January 2021, proposing to freeze pay except at the bottom end of the pay spine, but to seek paths to jointly address casualisation, workload, pay gaps, career development, and a national framework for the 35-hour working week.[378][379] Rejected in a February 2021 ballot of UCU members by 86.2% to 13.8%, the pay freeze was unilaterally implemented by UCEA in August 2020.[380][376]
By the time UCEA had implemented the unagreed August 2020 pay freeze, UCU had shifted its campaigning focus to the 2021–22 pay negotiations, which on a normal schedule would determine pay levels for the academic year beginning in August 2021. In March 2021 UCU and other campus unions submitted a claim seeking "a pay uplift of £2,500 on all pay points",[381] "tackling intersectional pay inequality, dealing with excessive workloads, stress and mental health linked to COVID-19, and addressing wide spread precarious contracts".[382] The claim also developed the Union's position on casualisation by calling for postgraduate researchers to be employed to teach on contracts more like fixed-term, part-time contracts, with associated benefits such as sick pay, than like zero-hours contracts.[383][384]
UCEA's opening pay offer, in April 2021, was 1.1% overall (with the details of implementation open for discussion); in May UCEA made their final offer, with a headline figure of 1.5%. UCEA stressed their willingness to work on issues other than pay, and the financial pressures on some member universities, presenting the offer as the furthest the sector could prudently stretch; meanwhile, UCU criticised both the proposed pay increase and what they saw as a lack of firm commitment on other Four Fights issues. UCU rejected the offer during the summer and moved to take industrial action.[382][385][386]
Meanwhile, some local branches reported progress on casualisation, with the Open University agreeing to move over 4,000 associate lecturers onto permanent contracts in July 2021.[387]
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The dispute over the USS pension was also cast into a new light by the economic shock of the pandemic and fears over the short-time financing of the UK higher education sector;[388] the fund breached a self-sufficiency measure on 12 March and reported itself to The Pensions Regulator accordingly.[389]
In April 2020, UCU and UUK issued a joint statement on their position in relation to USS, in this respect presenting a united front against the pension trustees;[390][363] Alistair Jarvis, the chief executive of UUK, published a prominent Times Higher Education article entitled "Attractive pensions benefits are possible without huge price hikes".[391]
Meanwhile, July 2020 saw UUS expressing its willingness to reconsider some of its methodologies, while stressing the profundity of the Covid crisis, the aversion to risk of The Pensions Regulator, and the need for employers in the USS scheme explicitly to express their "long-term commitment to the scheme that will allow us to rely on their collective strength for the next 30 years".[392]
However, tensions grew following USS's statutory 2020 valuation of the pension scheme, which fell in the midst of the crisis in financial markets associated with the COVID-19 pandemic.[389] USS published the plans arising from this valuation and commenced a statutory consultation about the proposed changes on 7 September 2020;[393] estimates prominently included the proposal that contributions to the pension fund might have to rise to between 40.8% and 67.9% of salaries to curtail the scheme's rising deficit.[394] Maintaining a degree of consensus, both UUK and UCU criticised these proposals, arguing that they showed an unnecessary aversion to risk and made unrealistic contribution demands on individual staff and employers alike.[394][395]
Over the coming months, the validity of USS's 2020 valuation would become a topic of fierce debate. USS argued that the unusual market conditions at the time had both positive and negative effects on the outlook of fund and that, net, the valuation was representative of the fund's standing.[396][397] In March 2021, UUK challenged the valuation and particularly questioned the role of The Pensions Regulator in shaping USS's assessment.[398] Other commentators argued that the valuation was methodologically flawed, yet came to varying conclusions about the policy implications.[399][400][401][402][403] Meanwhile, in November 2021, two scheme members, Neil Davies and Ewan McGaughey, went so far as to initiate legal action against USS, crowd-funded to the tune of over £50,000 by around 1500 USS members, accusing the trustees of negligence towards scheme beneficiaries and seeking to halt proposed pension cuts while accelerating USS's divestment from fossil fuel companies.[404] USS commented that the case "has absolutely no merit".[405] On 28 February 2022, the High Court agreed to hear the case, scheduling a hearing for March 21.[406]
Faced with USS's insistence on a dramatic weakening of the pension benefits and/or a dramatic increase in contributions, the fragile consensus between UCU and UUK collapsed around April 2021, with UUK seeking to sustain the then current contribution rates and to weaken benefits while UCU continued to press for a profound rethinking of the valuation, design, and governance of the scheme. At a meeting of the scheme Joint Negotiating Committee in August 2020, the following competing proposals were considered, and the chair's deciding vote favoured UUK's position:[407]
There was also debate about how most accurately to model the outcome of proposed changes for scheme members, with UUK arguing that the changes would be less detrimental than UCU believed.[408] On 29 November 2021, just before strike action commenced, UCU noted that its modelling was consistent with USS's most recent estimates, suggesting that "cuts to guaranteed, defined benefit pensions built up in the future would amount to 41% for a USS member earning around £39k, a typical lecturer salary" in USS's model, and 35% in UCU's, whereas UUK had suggested a reduction of 10–18%. UCU accused UUK of misleading the vice chancellors whom it was representing.[409]
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In October–November 2021, with UK university teaching moving back towards normality following a year dominated by online teaching in 2020–21, UCU once more balloted its members on both pensions and the Four Fights.[410][411] Industrial action during 2021-22 took place in the context of inflation in the United Kingdom spiking for the first time in over a decade, eroding the real value of pay, pensions, and student fee income, increasing financial worries for both employers and employees in the sector.[35]
On 4–5 November 2021, UCU announced that of the 68 institutions polled regarding USS, 37 had met the legal minimum turnout threshold for taking industrial action,[412][413] while of the 145 balloted about the Four Fights, 56 had done so.[414][415] These figures were very similar to the ballot results in 2019, despite the tumultuous events of the pandemic year 2020–21.[416] In total, 58 institutions voted for strike action of some kind,[417] and 64 for action short of a strike.[418] On 16 November, UCU announced that an initial round of strike action would run from 1–3 December, and that action short of a strike would commence in the form of working to contract.[418][419]
Accordingly, strikes took place at affected universities 1–3 December 2021.[420][421] As in previous years, strikes included teachouts,[422] including teachouts hosted online by UCU nationally rather than at branch level alone,[423] along with other activities such as music and running pickets.[421] UCEA claimed that institutions where strikes took place saw one third of UCU members, or 9% of total staff, actually striking.[424] UCU did not recommend that staff should refuse to make up missed teaching following these strike days,[425] though this policy was reversed regarding strikes in February–March 2022.[426]
The National Union of Students supported the industrial action, citing polling evidence that suggested that 73% of its members supported staff in their industrial action and that 9% were opposed;[427] some local student union branches, however, opposed the strikes.[428][429] Students at Sheffield and Manchester undertook occupations of university buildings in support of the strikes.[430]
Focusing on pensions, The Times ran an editorial arguing that "it's not a welcome message for academics but they need to get real about the costs of their retirement incomes and to contribute more during their working lives", and argued that defined benefits pensions should be jettisoned not only by USS but also by the public sector: "A productive economy needs enterprises and workers that take risks ... A better balance could be achieved by ensuring that the public sector shifts more of the responsibility for pension planning on to individuals, just as happens in almost all commercial organisations".[431] Conversely, The Guardian focused on pay and conditions, arguing that "vice-chancellors and managers should reflect on why levels of staff morale in higher education have plummeted to the extent that industrial action is becoming an annual affair. As the sector has been expanded and transformed through marketisation, the working conditions of those employed within it have markedly deteriorated. Insecure, poorly paid short-term contracts are the norm for younger academics, who are unable to plan their lives with any confidence in what the future may bring."[432]
Just after the December 2021 strike finished, UCU began running reballots in 40 branches that had come close to meeting the 50% minimum voter turnout, with an aim of achieving greater strike actions in 2022.[433] Meanwhile, in January, UCU submitted revised proposals for the USS pension scheme to UUK, without gaining UUK's support.[434]
Ballot results declared on 18 January 2022 added a further ten branches to the action (seven with a mandate for strike action on USS and nine on the Four Fights),[435][436][437] and UCU declared that strikes would take place for ten days from February 14 to 2 March (14–18 and 21–22 February for all institutions striking on USS; 21–22 February and 28 February to 2 March for all institutions striking on the Four Fights).[438][439][440][441] Meanwhile, Unison branches at 37 universities balloted on strike action from 6 December to 28 January (England and Scotland) or 9 February (Northern Ireland);[442] nine branches achieved a mandate for strike action on pay and two also on pensions; strikes were scheduled at most branches for 28 February to 2 March 2022.[443] The National Union of Students called a "student strike for education" on 2 March.[444] Strike action ran as scheduled, without producing a change of position from UUK or UCEA.[424][35]
Faced with the prospect of staff refusing to make up lost teaching following strikes, at least six universities threatened to deduct 100% of staff pay not only for days of strike action but also for subsequent days of action short of a strike.[426] Queen Mary University was the most assertive of these institutions, provoking a new, local strike ballot.[445]
With the Easter vacation drawing near, UCU ran further five-day strikes, on 21–25 March or 28 March–1 April, depending on the schedules of different universities,[424][446] with striking Unison branches participating on selected days.[447] An extensive petition by female professors expressed concern for the disproportionate effects on pension changes on women and the alleged lack of an equalities analysis of USS's actions.[448]
With the six-month mandate for UCU strike action established in November 2021 expiring, UCU began a new ballot to enable continued industrial action in March 2022.
On 22 February 2022, the USS Joint Negotiating Committee (JNC) formally voted to conclude the 2020 valuation, with UUK succeeding in achieving most of its planned reforms to USS at the expense of UCU's, from 1 April that year:[449][450]
USS was assured of the viability of UUK's position by UUK giving a £1.3 billion annual increase in covenant support, and agreement that if an employer exited the scheme it would have to pay an immediate and long-running moratorium.[451][452] A USS report released at the end of March estimated growth in scheme assets from £66.5 billion at the close of March 2020 to £88.8 billion at the end of March 2022, and a fall in the scheme's deficit from £14.1 billion to £2 billion, which meant that no extra contributions would be required to service the scheme's estimated deficit. UCU seized on the report to argue that belt-tightening in the scheme should be reversed; USS argued that greater evidence for a positive trend was necessary; and UUK indicated that they would be willing to "reduce contributions or increase benefits or some combination of both" if the positive trend held at the next valuation.[453] On 28 April, the University of Glasgow, in conjunction with the local UCU branch, announced its willingness to contribute more to USS,[454] but other such progress was not in evidence.
UCEA offered little, if any, commentary on the UCU strikes during this period, but spelled out its position at the end of March in its statutory statement on the 2022–23 New JNCHES pay negotiations. UCEA emphasised the financial challenges facing the sector and argued that it was making good progress on investing in staff and reducing casualisation, though not on addressing pay inequality. The report concluded by saying "we hope that we can engage in productive and constructive negotiations on a meaningful pay uplift recognising the real difficulty inflation poses for all parties. We are also committed to positively exploring other areas of the claim which fall within the New JNCHES remit".[455] The Joint Trade Unions' claim, meanwhile, featured numerous desiderata, prominently including "a pay uplift that is, at least, inflation (RPI) plus 2%", "a minimum wage of £12 per hour for all", a 35-hour working week, "meaningful, agreed action to tackle the ethnic, gender and disability pay gap", "a framework to eliminate precarious employment practises and casualised contracts", and "a UK level higher education redeployment facility for those whose jobs are at risk of redundancy".[456] RPI stood at 7% at the time.[457]
At a meeting on 25 April 2022, UCEA initially offered a 2.75% pay increase (rising to 6% at the bottom of the pay scale), saying that this would add 2.9% to the national Higher Education pay bill; UCEA closed the meeting with an offer that would add 3.05% to the bill.[457]
Following a new round of ballots for industrial action in March,[446] on 11 April UCU announced that thirty-nine institutions had met the requirements to continue strike action on the Four Fights (forty-one for action short of strike action),[458] and twenty-seven on USS.[459] This represented the lowest level of support among union members since the disputes began in 2018.[460] The union's general secretary promptly circulated a report entitled "A new strategy and plan of action for the Four Fights dispute", which argued that, in view of the relatively low level of branches with a mandate to strike, rather than taking immediate industrial action, UCU should be "calling for a continuation of our campaigning but pledging to build now for more effective future disputes involving the entire sector in 2023".[461] However, the relevant decision-making body of UCU, the Special Higher Education Conference, attended by delegates from all branches on 20 April, opted for a policy whereby eligible branches would take action short of a strike, specifically including a marking and assessment boycott to coincide with the summer examination period,[462][457] along with ten days of strike action.[463] Delays followed, however, leading to the boycott beginning on 23 May, after most marking in some branches was complete for the year.[463]
As of 20 May, it seemed that up to twenty-one branches were planning to implement the marking boycott, with decisions about whether and when to take strike action also devolved to branch level.[464][465] Some UCU members reported concern that the Union's demands were too extensive or vague, and that too few branches were taking action for the industrial action to be effective.[460][466] Around half of the affected universities threatened to deduct 100% of the pay of employees boycotting assessment, and some began contracting marking of student work to private companies.[466][467][468] Individual UCU branches began striking local deals to end the boycott from around 20 May, when Durham's branch called off its boycott.[469]
On 30 May, Bill Galvin, the chief executive of USS, acknowledged that the scheme was much healthier than the previous valuation had predicted and that if such trends persisted, following the March 2023 valuation, "it may be possible for the Joint Negotiating Committee [...] to consider increasing benefits or decreasing contributions (or some combination of both)".[470] Shortly after, a UCU negotiator and two co-authors released a paper arguing that UUK had underestimated the likely losses of cuts to the USS scheme implemented in April 2022.[471][472]
In response to the marking and assessment boycott, some platforms have emerged to assist students in claiming compensation for the disruptions caused. One such platform is Student-Claims, which provides guidance and support for students looking to claim compensation due to the marking boycott. The service aims to streamline the process of claiming compensation for affected students, offering a structured process for submitting claims.[473]
Additionally, universities have set up compensation schemes for students affected by the industrial action. For instance, the University of Exeter introduced the Industrial Action Compensation Scheme to compensate students affected during the 2022/23 academic year, with the scheme accepting applications until 5 January 2024.[474] Students are also advised to check with their respective universities for similar compensation schemes, or explore the possibility of claiming compensation independently.
After a series of unsuccessful attempts to cross the ballot turnout threshold for taking strike action, nine Unison branches had succeeded in voting for strike action in February 2022. A further ballot during summer 2022 raised the number to twenty, and these branches began strike action on days selected by local branches in September and October 2022.[475][476] Meanwhile, UCU began a new ballot on 6 September.[477] Unlike other ballots in the period 2018–22, this was nationally aggregated. Closing on 21 October, the ballot resulted in a mandate for strike action at all branches nationwide on the Four Fights, and at all branches participating in USS on pensions.[478][479] Strikes took place 24, 25, and 30 November,[480][481][482] at which time UCU and Unison were joined by ten branches of Unite;[483] reports of the number of striking staff included 70,000 people at 150 institutions.[484] As in previous disputes, UCU members undertook action short of a strike in the wake of strike action, for which some universities threatened 100% pay deductions, with QMUL and Wolverhampton noted in the press as foremost proponents of this approach.[482][485] In 2023, UCU scheduled strikes for 1, 9–10, 14–16, 21–23 and 27–28 February, and 1–2, 16–17, and 20–22 March.[486] Strikes at this time coincided with widespread industrial action in the UK across the public and transport sectors.[487][488]
After six days of strike action in 2023, the joint unions paused the strike action "to allow our ongoing negotiations to continue in a constructive environment",[489] citing progress in ongoing negotiations on both pensions and working conditions; the UCU general secretary Jo Grady nonetheless emphasised that industrial action had not ceased and that she sought a renewed mandate for industrial action.[489][490][491][492] At this point, pay negotiations for 2023–24 were concluded with the implementation of the following pay offer, made by UCEA in January 2023:[493][494][495][496]
UCEA characterised the situation as an "impasse, rather than an agreement":[494] vice-chancellors emphasised that higher payrises would be unaffordable by some institutions,[497][498] whereas UCU's general secretary had previously characterised this as "a low-ball 5% offer", with RPI inflation standing at 13.4 per cent in December 2022; over 30,000 UCU members had voted on the offer in an online poll and 80% had rejected it in early February 2023.[493][496] Yet, concerning the Four Fights, Grady suggested that the pay spine was itself being reviewed and would lose its lowest point; that "involuntary" zero-hours contracts might be abolished "on campus"; and that "time limited negotiations for new agreements" were in prospect to address casualisation, workloads, and equality pay-gaps.[494] Meanwhile, concerning pensions, UCU and UUK issued an "interim joint statement" foreseeing that the March 2023 valuation of the pension would enable the restitution of benefits as they stood prior to April 2022, at reduced cost to both employers and employees; saying that "we agree on the urgent need, with the USS Trustee, to examine the case more fully for divestment from fossil fuels and that a greater visibility of climate crisis action and mitigation should be a feature of long-term USS planning"; and agreeing to improve the governance of the scheme to prevent recurrent disputes.[499] Some UCU members expressed concern as to whether Grady calling a pause in the industrial action was consistent with UCU's democratic processes.[500][501]
On 15 March—a strike day that UCU had added to their calendar of strikes[502]—it was announced that negotiations with UUK promised the restoration of pension terms to be comparable with 2017 levels, while UCEA had offered to, in UCU's words, "agree new standards, frameworks and principles to tackle other forms of casualised contracts, reduce workloads and close equality pay gaps". UCU began consulting members on their preferred response, proposing that strike action should be called off while a formal consultation took place.[4] This process proved highly controversial within the Union; the outcome of a UCU Higher Education Committee meeting on Friday 17 March was that no formal consultation of members was undertaken, and strike action continued to the end of the advertised period, 22 March.[503][504][505]
UCU went on to ballot members on whether to accept UUK and UCEA's offers; the results were announced 3 April 2023. With a 56.4% turnout, 85.6 members gave UCU a mandate until the end of September for strike action regarding the Four Fights; with a 58.4% turnout, 89% of members returned a mandate for action; the votes also gave a mandate for action short of a strike.[506]: 23 [507] Following further consultations with members and their representatives, on 17 April 2023, UCU, satisfied with progress, paused industrial action concerning pensions, but a marking and assessment boycott was declared with regard to the Four Fights dispute.[508][509][510] These processes were the subject of considerable internal disputes within UCU.[511] UCEA responded that it was impossible for a significant proportion of its members to afford a higher wage bill.[506]: 24 Universities responded by threatening to deduct pay for staff participating in the boycott. On 28 May, it was reported that 30 universities had told staff that they would withhold 100% of pay; 43 threatened to withhold 50%–80%.[512] These threats prompted localised strikes at at least twenty universities,[513] including the calling of indefinite strikes at Leeds and Brighton in response to the prospect of 100% pay deductions.[514] Universities adapted extraordinary measures pioneered in response to the COVID-19 pandemic in order to classify and award degrees based on an incomplete collection of marks, with approaches including the awarding of interim unclassified degrees.[515] These steps attracted criticism on the grounds that they would make degree results less accurate, might for some kinds of degrees prevent students from meeting accreditation requirements of professional bodies, could affect international students' ability to meet visa requirements, and might lead to inequalities between students differently affected by the boycott.[516][517] Some graduate employers prepared themselves to offer jobs based on adapted criteria, however,[518] and, amidst considerable uncertainty, UCEA reported on 23 June that of universities that had responded to a survey, 71% thought that over 98% of their students would be able to graduate that summer.[513][515] In what was seen as a sign of growing disarray among both employers and UCU branches,[519] at the end of that month, Queen's University Belfast ended the boycott locally by agreeing a 2% "cost-of-living supplement";[520] the university's membership of UCEA was revoked shortly after.[521]
The boycott persisted through the summer, and UCU threatened further strike action in September, for the beginning of the 2023–24 academic year.[522] But reballoting for a new mandate for industrial action did not begin in time to avoid UCU's mandate for the boycott lapsing before industrial action could be renewed.[507] With the end of its industrial mandate approaching, UCU called off the boycott on 6 September following a consultation of members in which 60% of respondents favoured dropping the boycott.[523] UCU nonetheless declared further strike days (running at most universities 25–29 September 2023)[524] and began balloting members for a renewed mandate for strike action; the ballot was to run 19 September to 3 November 2023.[525]
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