El parlamentarismo español es una tradición de representación política , actividad legislativa y control gubernamental, o control parlamentario del gobierno, [1] que se remonta a las Cortes medievales y al Antiguo Régimen, de manera equivalente al sistema parlamentario de otros estados-nación de Europa occidental (el Parlamento de Inglaterra o los Estados Generales de Francia ).
Los lugares de reunión, los usos y costumbres parlamentarias y la práctica de los debates parlamentarios [2] con su consiguiente oratoria [3] constituyen los aspectos formales más visibles de esa tradición.
Se han realizado diversos estudios prosopográficos [4] sobre los diputados , senadores o procuradores en Cortes —y en general, de las élites burocráticas— en diferentes épocas, detectándose la repetición sistemática de las mismas familias —representando a distintos partidos—, además de otros rasgos profesionales y formativos. [5]
Las Cortes, institución derivada de la Curia regia, comenzaron a configurarse como institución parlamentaria de representación de los estamentos en los distintos reinos cristianos peninsulares a partir de finales del siglo XII. Supusieron la explicitud y renovación periódica de la relación política entre «rey» y «reino». Las primeras Cortes con participación de los representantes de las ciudades fueron las Cortes de León de 1188 , convocadas por el monarca leonés Alfonso IX . Fueron convocadas con mucha frecuencia en la Baja Edad Media y hasta mediados del siglo XVII, cuando sus funciones fueron casi exclusivamente fiscales en la Corona de Castilla , y de mucha mayor competencia en los reinos de la Corona de Aragón y Navarra , donde el menor poder real determinaba un mayor poder de las Cortes, apoyado en toda una teorización de la relación entre ambas instituciones.
La unificación de los reinos de la Monarquía Hispánica (que entre 1580 y 1640 incluía el reino de Portugal ) no supuso una homogeneización institucional, y las Cortes de cada reino mantuvieron su existencia separada, quedando las Cortes de Castilla como principal soporte fiscal de la Monarquía durante todo el periodo austriaco (siglos XVI y XVII).
En la segunda mitad del siglo XVII las Cortes prácticamente dejaron de convocarse.
A pesar de algún uso bibliográfico de la expresión «Cortes de Mallorca», [6] no existía en el reino de Mallorca una institución equivalente a las Cortes, cumpliendo en cierta medida un papel similar el Gran i General Consell . Cuando las reuniones de las Cortes de la Corona de Aragón se celebraban de forma conjunta, asistían representantes mallorquines (véase Cortes de Aragón ).
Con la Guerra de Sucesión Española (1700-1715), la nueva dinastía borbónica impuso los Decretos de Nueva Planta , que anulaban los fueros particularistas de la Corona de Aragón, lo que permitía a los reyes convocar conjuntamente las Cortes de todos los reinos de la Monarquía Hispánica (excepto las Cortes de Navarra ) siguiendo los usos y tradiciones de las Cortes de Castilla , que pasaron a denominarse Cortes Generales del Reino. Sólo tuvieron dos convocatorias en todo el siglo XVIII, para jurar al heredero y para tomar conocimiento de las sucesivas alteraciones de la ley de sucesión ( Ley Sálica ).
La agitada vida política de la Edad Contemporánea en España tuvo su reflejo puntual en cada una de las fases por las que pasó el parlamentarismo español.
Inaugurando las características del parlamentarismo liberal contemporáneo (soberanía nacional, sufragio universal , separación de poderes , reconocimiento de derechos ), las Cortes de Cádiz destacaron por sus vitales debates y el carácter revolucionario de su legislación. Estas Cortes de hecho ejercieron todo el poder, dado que Fernando VII permaneció hasta el 22 de marzo de 1814 retenido en Francia por Napoleón. Reunidas en 1810 en Cádiz , al ser la única ciudad defendible frente a la invasión francesa, utilizaron como lugar de reunión el llamado Real Teatro de las Cortes . Al finalizar la guerra, durante un breve periodo en 1814, eligieron como lugar de reunión en la ciudad de Madrid la antigua iglesia del Colegio de Doña María de Aragón de los frailes agustinos, parte del complejo del Real Monasterio de la Encarnación .
Tras verse desbordadas las iniciales propuestas reformistas moderadas de los llamados jovellanistas ( Antonio de Capmany ), los diputados gaditanos quedaron divididos políticamente en dos tendencias: liberales y absolutistas. El predominio de los liberales ( Agustín Argüelles , Diego Muñoz Torrero, el conde de Toreno ) determinó la orientación de su labor legislativa hacia el desmantelamiento institucional del Estado y la construcción de un Estado liberal (supresión de los señoríos y de la Inquisición , libertad de imprenta , redacción de la constitución de 1812 ). Uno de los diputados absolutistas, el obispo de Orense Pedro de Quevedo y Quintano , fue sancionado por protestar durante la jura de la Constitución.
Entre los presidentes de las Cortes se encontraban Muñoz Torrero, Ramón Lázaro de Dou , Jaime Creus Martí (que luego presidiría la Regencia absolutista de Urgel ), Miguel Antonio de Zumalacárregui (hermano del posterior líder carlista) y varios representantes de los hispanoamericanos, como Antonio Joaquín Pérez Martínez (quien intervino en la posterior independencia de México ).
La palabra “ liberal ”, que nació en los debates de Cádiz, se extendió al vocabulario político internacional.
El Pronunciamiento de Riego (en Cabezas de San Juan , 1 de enero de 1820) puso fin al primer periodo absolutista de Fernando VII, quien al poco de regresar a España había disuelto las Cortes y declarado nula la legislación gaditana (4 de mayo de 1814). Una vez restablecida la constitución de 1812, las Cortes volvieron a convocarse. Las nuevas Cortes del Trienio Liberal se reunieron en Madrid, en el mismo edificio del Colegio de doña María de Aragón, entre 1820 y 1823. Hubo dos convocatorias (1820 [11] y 1822) en las que los diputados fueron elegidos con los criterios constitucionales vigentes ( sufragio indirecto universal masculino y las mismas circunscripciones, incluida la representación de los españoles americanos, cuyo territorio se encontraba en plena guerra de independencia ). Tuvieron una vida breve y agitada, caracterizada por enfrentamientos internos entre liberales doceañistas y veinteañistas . Entre los presidentes de las Cortes estuvieron José de Espiga (que presidió la sesión inaugural y la jura del rey en 1820), el propio Rafael del Riego (las de 1822), José María Calatrava , Miguel Ricardo de Álava , Manuel Flores Calderón, Francisco Martínez de la Rosa y el Conde de Toreno.
Ante la desconfianza entre rey y Cortes, estas últimas ejercieron el poder en la práctica, sin tener en cuenta los poderes ejecutivos del monarca, al que las potencias extranjeras consideraban prisionero (como había ocurrido en la Revolución Francesa con Luis XVI). El asunto de las notas diplomáticas emitidas fue sometido a la deliberación de las Cortes; al ser rechazadas tanto por el Congreso como por el Gobierno, dieron razón a los poderes de la Santa Alianza para intervenir en defensa del absolutismo real y encargar a Francia la invasión de España con los Cien Mil Hijos de San Luis . [10] Las Cortes abandonaron Madrid el 23 de mayo de 1823, retirándose primero a Sevilla y luego a Cádiz, obligando al rey a acompañarlas; hasta que la derrota militar fue evidente ( batalla de Trocadero ), y con ella su disolución y el retorno al poder de Fernando VII como rey absoluto (23 de septiembre de 1823) para los diez años siguientes ( Década Ominosa ).
Las Cortes de Madrid de 1833 fueron las últimas convocadas con los criterios del Antiguo Régimen. Apelando a las antiguas costumbres y leyes de Castilla, Fernando VII convocó las Cortes para jurar a su hija Isabel (la futura Isabel II de España ) como Princesa de Asturias. Reunidas en la Iglesia de San Jerónimo el Real , le prestaron el juramento. [10] En el contexto del final de su reinado, cuando se estaba produciendo el acercamiento entre los elementos más moderados de los absolutistas y los liberales, esta convocatoria fue vista como un síntoma de apertura política, que se confirmó en el periodo siguiente.
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Las Cortes de Madrid de 1834, [12] bajo la regencia de María Cristina , fueron convocadas mediante un Real Estatuto de convocatoria de las Cortes generales del Reino , un texto cuasiconstitucional (del tipo de carta otorgada ) en cuyas condiciones se inició la vida parlamentaria del reinado de Isabel II , en plena primera guerra carlista y caracterizada por la alternancia en el poder, mediante pronunciamiento de militares vinculados a grupos políticos (los llamados « espadones » o « ayacuchos »), de liberales moderados y progresistas. El sistema electoral se basaba en el sufragio censitario , que restringía el voto a quienes tenían una posición social acomodada, y se pasó de la elección indirecta a la elección directa de diputados.
La pérdida de las colonias, a excepción de Cuba y Filipinas, hizo que los diputados procedentes del continente americano ya no acudieran. Buscando similitudes con el parlamentarismo británico, se instauró un sistema bicameral , con las Cortes divididas en dos cámaras: la cámara baja o Estamento de Procuradores (que acabó llamándose Congreso de los Diputados ) y la cámara alta o Cámara de los Pares (que acabó llamándose Senado ). Los Próceres se reunían en el antiguo edificio de las Cortes (el Colegio de doña María de Aragón), y los Procuradores en el Convento del Espíritu Santo (en la Carrera de San Jerónimo, cuyo edificio fue profundamente reformado por Narciso Pascual entre 1843 y 1850, con una fachada neoclásica con columnata y frontón —Palacio de las Cortes— ).
Hubo convocatorias de Cortes en 1835 y 1836. Dado el nuevo contexto político, que suponía la convocatoria de las Cortes en la capital del reino, ya no se las llama «Cortes de Madrid» en ningún texto; si bien el artículo 19 del Estatuto preveía que los procuradores del Reino se reunirían en la localidad designada por la Real Convocatoria para celebrar las Cortes . [13]
La sublevación de los sargentos de La Granja (1836) proclamó de nuevo la Constitución de 1812 y produjo la disolución de las Cortes forales. Las nuevas Cortes constituyentes de 1836-1837 [14] elaboraron un nuevo texto que respondía a los criterios de los liberales progresistas ( Constitución Española de 1837 ).
Las Cortes de 1840 recondujeron institucionalmente la revolución liberal, elaborando entre otras la Ley de Ayuntamientos, que fue aprobada y sancionada por la Corona. Cuando estaba a punto de entrar en vigor se produjo el pronunciamiento de Espartero , que supuso el destierro de la reina gobernadora y le convirtió en nuevo regente.
En 1841, [15] 1842 y 1843 se convocaron Cortes por la regencia de Espartero . La creciente oposición a su gobierno acabó provocando su dimisión y salida de España. Las Cortes declararon a la joven reina mayor de edad (sólo 13 años), al grito de Salustiano Olózaga : Dios salve a la reina, Dios salve a la patria . [10]
Las Cortes de 1845, dominadas por los moderados , reformaron el texto constitucional en sentido conservador ( Constitución Española de 1845 ). [16]
El período comprendido entre 1845 y 1855, dominado por el general Narváez , es conocido como la Década Moderada . Entre los oradores más destacados de la época se encontraba Donoso Cortés . [17]
Los progresistas dominaron las Cortes de 1854, convocadas tras la Vicalvarada y el Manifiesto de Manzanares , y que subsistieron durante el llamado Bienio Progresista (1854-1856). Redactaron un nuevo texto constitucional que no llegó a entrar en vigor (habría sido la Constitución Española de 1856 ). El mismo general O'Donnell , que había propiciado el inicio del bienio, provocó su fin, disolviendo las Cortes el 2 de septiembre de 1856.
Se inició un prolongado periodo de predominio parlamentario de la Unión Liberal , en el que O’Donnel alternó en el gobierno con los moderados de Narváez, entre las Cortes de 1858 y las de 1866. En las Cortes de 1867 el predominio moderado dejó prácticamente sin representación parlamentaria a los unionistas, disminuyendo así la base política del régimen, en medio de una oposición creciente, que se organizaba al margen del sistema (noche de San Daniel, Pacto de Ostende). El mantenimiento en el poder de Luis González Bravo se hizo a costa de incrementar la represión política hasta extremos insoportables, lo que justificó la revolución. [18]
Tras la revolución de 1868 , que envió a Isabel II al exilio, las Cortes de 1869 elaboraron la Constitución Española de 1869 , con criterios democráticos ( sufragio universal masculino ).
Las Cortes de 1872-1873 experimentaron un sistema republicano ( Primera República Española ) tras la abdicación del efímero rey Amadeo I de Saboya . El golpe de Estado de Pavía (3 de enero de 1874), que irrumpió violentamente en las Cortes, y la posterior dictadura de Serrano , suspendieron la vida institucional democrática. [19]
El pronunciamiento de Martínez Campos (29 de diciembre de 1874) impuso la restauración de la monarquía al hijo de Isabel II, Alfonso XII . [21]
Durante los debates parlamentarios del sexenio, las intervenciones de Emilio Castelar hicieron que su nombre fuera sinónimo de orador . [22]
Tras un periodo inicial de predominio total del Partido Liberal-Conservador de Antonio Cánovas del Castillo , tras el Pacto de El Pardo (24 de noviembre de 1885) la vida política de la Restauración se caracterizó por el turnismo , la alternancia en el poder de los conservadores con el Partido Liberal-Progresista de Práxedes Mateo Sagasta . Llegado el momento, el gobierno de turno dimitió, el rey (o la reina regente) llamó al líder de la oposición para formar un nuevo gobierno, y este convocó elecciones, convenientemente dirigidas desde el Ministerio del Interior , que activaron las redes locales del caciquismo para obtener una mayoría parlamentaria, valiéndose de todo tipo de ingeniosos subterfugios ( pucherazo ).
El sistema político de la Restauración fue duramente criticado, sobre todo a partir del desastre de 1898 , cuando se empezó a hablar de « regeneracionismo » ( Joaquín Costa , Oligarquía y caciquismo , Gumersindo de Azcárate , El régimen parlamentario en la práctica ). No obstante, el turnismo siguió funcionando ininterrumpidamente hasta la crisis de 1917 , tras la que se hizo cada vez más difícil componer tales mayorías. El sistema político vivió en crisis hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera (13 de septiembre de 1923), que entre otras cosas fue una forma de evitar el escándalo de la investigación parlamentaria del desastre de Annual de 1921 (informe Picasso de 1922-1923).
La Constitución de 1876 , que no reconocía la soberanía nacional (la establecía como compartida entre las Cortes y el Rey) ni se pronunciaba sobre la naturaleza del sufragio, era lo suficientemente flexible como para permitir a las Cortes de la Restauración introducir el sufragio universal masculino (a partir de 1890) o la abolición de la esclavitud (tema recurrente en el parlamentarismo español), que las Cortes de Cádiz de 1811 plantearon sin éxito, fue reintenta por las Cortes del Sexenio —la ley Moret o de libertad de vientres de 1870— y no se completó hasta las Cortes de la Restauración, en 1880-1886 —pese a la oposición del grupo de presión o « partido negrero » muy vinculado al propio Cánovas—). [23]
Mientras el sistema funcionó, ningún partido «no dinástico» ( carlistas , republicanos , movimiento obrero , nacionalistas periféricos ) podía aspirar a la participación política. Como excepciones notables fueron la obtención de un escaño de diputado por Pablo Iglesias (1910) o el éxito electoral de la Lliga Regionalista (1901), en ambos casos en circunscripciones fuertemente urbanizadas e industrializadas, menos influidas por el caciquismo.
Tras un primer periodo en el que, con la Constitución suspendida, presentó su gobierno como una dictadura provisional, el general Primo de Rivera decidió institucionalizar su régimen, creando un pseudoparlamento llamado Asamblea Nacional Consultiva , legitimado por un plebiscito (no hubo elecciones ni pluralidad de partidos, funcionando una suerte de partido único llamado Unión Patriótica ). Ésta celebró sus reuniones en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo entre 1927 y 1930.
Las Cortes Constituyentes elegidas en 1931 redactaron la Constitución de la Segunda República Española , que establecía un parlamento unicameral, llamado Congreso de los Diputados. En ellas participaron intelectuales de la talla de José Ortega y Gasset o Gregorio Marañón ( Agrupación al Servicio de la República ), Niceto Alcalá Zamora ( Derecha Republicana Liberal ), Julián Besteiro o Fernando de los Ríos ( PSOE ) y, destacando como orador político, Manuel Azaña . [24] La oratoria parlamentaria alcanzó su máximo nivel histórico con debates como el reconocimiento del derecho a la autonomía de las regiones (un problema que Ortega consideraba irresoluble, acuñando el concepto de « conllevancia ») o el del sufragio femenino (entre Clara Campoamor y Victoria Kent ). [25] El control parlamentario del gobierno fue lo suficientemente eficaz como para provocar su caída debido a los sucesos de Casas Viejas .
Los brillantes momentos oratorios no fueron exclusivos de la mayoría de izquierdas: al agrarista José María Lamamie de Clairac , contrario a cualquier tipo de reforma agraria , se le reprochó, en pleno debate parlamentario, no aceptar siquiera la enseñanza social católica establecida en las encíclicas papales, a lo que respondió: Si las encíclicas me despojan, me haré cismático . [26] El problema religioso fue abordado por Azaña con un discurso cuya lapidaria frase « España ha dejado de ser católica » [27] ha pasado a la historia. Ortega dejó su escaño en diciembre de 1931 ( Rectificación de la República ).
En los periodos siguientes (Cortes de 1933 y Cortes de 1936) la representación política se fue polarizando cada vez más entre dos bloques cada vez más separados, hasta llegar a límites como el desastroso diálogo entre La Pasionaria y José Calvo Sotelo en julio de 1936, preludio verbal del enfrentamiento de la Guerra Civil Española . [28]
Ante la crítica situación de Madrid , el gobierno republicano y las Cortes se trasladaron a Valencia . Con la guerra prácticamente perdida, celebraron su última sesión en Figueres, en territorio español (febrero de 1939).
En el bando sublevado no existía institución parlamentaria de ningún tipo, todos los partidos políticos estaban prohibidos, incluidos los afines, que se vieron obligados a unificarse en Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (la rama política del llamado Movimiento Nacional ).
A partir de 1942 funcionaron las llamadas Cortes Españolas , que dieron apoyo institucional a la dictadura personal de Franco, sobre todo al abandonarse la retórica totalitaria inicial. El Consejo Nacional del Movimiento , que se reunía en el antiguo Palacio del Senado, dio un aspecto bicameral al sistema político.
Las elecciones de 1977 llevaron al parlamento a varias generaciones de políticos que no habían tenido la oportunidad de vivir la vida parlamentaria ( Felipe González , Enrique Tierno , Miquel Roca , Xabier Arzallus , Josep Benet , Joaquín Satrústegui , Lluís Maria Xirinacs , Juan María Bandrés), así como como algunos supervivientes de la generación de 1936 (casi todos del Partido Comunista): Santiago Carrillo , Dolores Ibárruri , el poeta Rafael Alberti ; José María Gil-Robles , que postuló por la Democracia Cristiana de Joaquín Ruiz Jiménez, no obtuvo representación alguna, tampoco la ultraderecha) y algunos políticos exfranquistas (en torno a Manuel Fraga o Adolfo Suárez , según su grado de apertura) . Los dos principales dirigentes sindicales, Marcelino Camacho y Nicolás Redondo , fueron diputados en las primeras legislaturas, circunstancia que no volvió a ocurrir.
Los debates en el Congreso y el Senado para la elaboración de la Constitución española de 1978 no destacaron por su altura oratoria ni por su capacidad para convencer a unos u otros parlamentarios: se impuso una disciplina de votación entre los principales partidos políticos que hizo decisivas las discretas reuniones celebradas fuera del hemiciclo, en las que los líderes políticos alcanzaban los llamados «consensos» (como en el informe constitucional o en los pactos de la Moncloa ). [29]
Desde entonces, la vida parlamentaria española se ha caracterizado por el predominio del poder ejecutivo: los debates parlamentarios son meras explicaciones posteriores a la posición decidida por el Gobierno (sobre todo por su presidente, sometido a un cierto repliegue del espacio público —el síndrome de la Moncloa— ) y transmitida por el grupo parlamentario que lo sustenta. La posibilidad de presentar una moción de censura (presentada en algunas ocasiones, una de las cuales prosperó) es la máxima posibilidad de la oposición para denunciar al Gobierno, que suele presentarse por los cauces ordinarios: el debate de investidura al inicio de una legislatura presidencial, el debate anual sobre el estado de la nación, los debates presupuestarios anuales, los debates legislativos y las sesiones semanales de control con preguntas a los ministros o al presidente.
Periódicamente se manifiesta la necesidad de revitalizar el Senado , al que la Constitución reserva el papel de segunda lectura legislativa y cámara de representación territorial. Se propuso vincularlo a la conferencia de presidentes autonómicos, pero sus reuniones no han tenido continuidad. La apertura de los diecinueve parlamentos autonómicos ha multiplicado la vida parlamentaria española, y ha producido algunos de los episodios de mayor tensión política: el plan Ibarretxe y la reforma del Estatuto de Cataluña . La difícil tramitación de los recursos ante el Tribunal Constitucional y la dificultad de renovar sus miembros han desprestigiado a esta institución, que en la práctica funciona como una «tercera cámara». [31]
El sistema electoral proporcional se caracteriza por listas cerradas y bloqueadas y circunscripciones provinciales. Esta configuración ha determinado, desde la desaparición de la Unión de Centro Democrático (1982), el predominio del "aparato" interno de los partidos políticos, así como un bipartidismo imperfecto entre dos grandes partidos nacionales ( Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español ) y un número variable de grupos minoritarios, entre los que destaca la sobrerrepresentación de los nacionalismos periféricos sobre los pequeños partidos de ámbito nacional. [32]
El momento más relevante de este periodo fue el intento de golpe de Estado , a través del asalto al Congreso durante la votación de la investidura de Calvo-Sotelo , tras la dimisión de Adolfo Suárez .
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