Ley de vagos y maleantes

Su desarrollo reglamentario y posterior ejecución desvirtuaron por completo la ley: se crearon campos de internamiento llamados «Reformatorios de Vagos y Maleantes» y se utilizó arbitrariamente para reprimir a las personas sin recursos tanto durante la Segunda República como, posteriormente, durante el franquismo.

La redacción del primer proyecto que presentó el gobierno de Manuel Azaña, encontró bastantes reticencias.

Este último había dedicado buena parte de su carrera académica a estudiar la criminalidad pre-delictual y el “estado peligroso”, entendiendo que en él se encontraba la clave para poner solución a problemas que, en el ámbito penal, se venían produciendo en materia de control de la actividad delictiva desde mucho tiempo atrás.

Tras la victoria electoral del Frente Popular, el corto periodo transcurrido entre las elecciones y el estallido de la Guerra Civil hizo imposible una reforma o incluso una derogación de la ley; de este modo, las izquierdas del primer bienio republicano habían establecido las bases para la represión durante Franquismo.

Tras la aprobación del reglamento, la ley podía ser utilizada arbitrariamente para la represión de las personas sin recursos.

La ley podía ser usada para sancionar comportamientos que, sin ser delictivos, eran inconvenientes o mal vistos por la sociedad.

La ley incluía en su articulado una mención especial para el tratamiento que se debe dar a todos los condenados por los juzgados creados para este cometido.

En 1970 fue sustituida y derogada por la ley sobre peligrosidad y rehabilitación social,[9]​ de términos muy parecidos, pero que incluía penas de hasta cinco años de internamiento en cárceles o manicomios para los homosexuales y demás individuos considerados peligrosos sociales para que se «rehabilitaran».