Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo

«El primer artículo de la ley es suficientemente ilustrativo del extraordinario alcance punitivo que se otorgaba a su aplicación» ya que «prácticamente cualquier conducta heterodoxa podría caer en el ámbito de una política represiva»:[2]​

[3]​ Las penas iban desde la incautación de bienes hasta la reclusión mayor.

En el mismo artículo 12 de la citada ley se establecía su composición: un presidente, un general del Ejército, un jefe de Falange y dos letrados, todos ellos nombrados por el jefe del Estado.

[6]​ Los primeros condenados fueron destacados políticos republicanos que se encontraban en el exilio, como el presidente del gobierno Juan Negrín o el presidente de las Cortes republicanas Diego Martínez Barrio.

[7]​ El tribunal, después de examinar todos los documentos que llegaban a su poder, acordaba por regla general la tramitación del sumario.