Los informes anecdóticos sugirieron que las mujeres jóvenes eran los principales objetivos de la trata a otros países.
[1] El Ministerio Público capacitó a cientos de agentes del orden para reconocer e investigar el tráfico potencial y capacitó a fiscales para procesar los casos de manera más efectiva.
El gobierno hizo esfuerzos sustanciales para ayudar a las víctimas de la trata durante el año.
El Servicio Nacional de Menores (Sename) trabajó con 75 oficinas locales, con organizaciones internacionales, incluida la Organización Internacional para las Migraciones, y con ONGs para garantizar que los menores involucrados en posibles situaciones de trata no fueran devueltos a situaciones de abuso o alto riesgo.
Las víctimas de la trata pueden permanecer en el país durante los procesos judiciales contra sus traficantes.
Las víctimas también pueden emprender acciones legales contra los traficantes y buscar restitución.