Como ha señalado Jean-Philippe Luis, con su implantación «se dio un paso importante hacia la creación de una verdadera policía moderna».
[4] En junio de 1823 la Regencia absolutista nombrada el mes anterior por el duque de Angulema, comandante supremo del ejército francés conocido como los Cien Mil Hijos de San Luis que había invadido España en abril para «liberar» al rey Fernando VII del «cautiverio» al que le tenía sometido el régimen liberal, estableció, siguiendo el modelo francés, la Superintendencia General de Vigilancia Pública, dependiente del recién instituido Ministerio del Interior.
Era, pues, un instrumento de la represión indiscriminada que se había desatado contra los liberales en la zona controlada por la Regencia y que había obligado a intervenir al duque de Angulema promulgando en agosto la Ordenanza de Andújar, aunque en seguida quedó prácticamente sin efecto.
Según La Parra, la presión de los «ultras» acabó surtiendo efecto y el gobierno nombrado por la Regencia encabezado por el antiguo confesor real Victor Damián Sáez, suprimió la Superintendencia de Vigilancia y el Ministerio del Interior.
[6] Arjona estuvo en el cargo hasta el verano de 1824 en que fue sustituido por Mariano Rufino González.
Y estas funciones no las podía desempeñar la Inquisición, bajo la autoridad de la Iglesia y que acabaría siendo controlada por los «ultras» si era restaurada, sino que debían ser ejercidas por la autoridad civil.
[10] «Nacía, pues, para establecer un control absoluto sobre la población», ha concluido Emilio La Parra.