H.H) es la subsecretaría de Estado, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuya función es prestar asesoría y colaboración directa al ministro de Justicia y Derechos Humanos en el diseño y elaboración de las políticas, planes y programas relativos a la promoción y protección de los derechos humanos.

[4]​ El subsecretario de Derechos Humanos es el jefe superior de la Subsecretaría de Derechos Humanos y colaborador inmediato del ministro del ramo en las materias de su competencia y, en caso de ausencia o inhabilidad del subsecretario de Justicia, su subrogante legal.

[3]​ La Subsecretaría de Derechos Humanos fue creada el año 2016, mediante la ley 20.885, promulgada por la presidenta Michelle Bachelet el 16 de diciembre de 2015 y publicada en el Diario Oficial el 5 de enero de 2016,[2]​ con la finalidad de coordinar y desarrollar una mirada transversal y sistemática, dentro del Gobierno, para dar cumplimiento a los desafíos en materia de derechos humanos.

[5]​ De acuerdo a las disposiciones transitorias de la ley que crea esta subsecretaría —ley 20.885—,[2]​ dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta —es decir, hasta enero de 2017—, la presidenta Bachelet debe establecer, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los que también deben ser suscritos por el ministro de Hacienda y por el ministro del Interior y Seguridad Pública, cuando corresponda, las normas necesarias fijar la fecha en que entrará en funcionamiento la Subsecretaría de Derechos Humanos y fijar sus plantas de personal y la fecha de entrada en vigencia de la planta de personal y de los encasillamientos que se practiquen.

[6]​ Le corresponde a la Subsecretaría de Derechos Humanos:[3]​ Las atribuciones en materia de derechos humanos la legislación ha entregado a la Subsecretaría de Derechos Humanos no excluyen las facultades que tengan, también en lo relativo a estos derechos y en sus respectivas áreas, los demás órganos que integran la administración pública ni aquellas establecidas en la ley N° 20.405, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y sus normas complementarias.