También se espera que, para el año 2012, se sumen al sistema de generación unos 186 MW adicionales de capacidad hidroeléctrica correspondientes a los siguientes proyectos en construcción: El proyecto hidroeléctrico Pinalito, con 50 MW de capacidad instalada y localizado en los ríos Tireo y Blanco, está en servicio desde noviembre del 2009.
[6] Los costos asociados a esta capacidad de autogeneración son muy elevados ya que incluyen la compra del equipo, su mantenimiento y el combustible.
[2] La calidad del servicio en la República Dominicana ha sufrido un deterioro constante desde la década de los 80.
La baja calidad del servicio también se caracteriza por grandes y frecuentes fluctuaciones de voltaje.
Aunque todavía es muy bajo, este porcentaje ha mostrado una mejoría con respecto al 52% aproximado de 2005.
Está compuesta por: EdeNorte, EdeSur y EdeEste pertenecen completamente al gobierno; el 50% de acciones restante es propiedad del Fondo Patrimonial de las Empresas (FONPER), también controlado por el gobierno.
También controla el 50% de la tercera, EdeEste (el otro 50% pertenece a Trust Company of the West (TCW), operada por AES Corporation, su comprador original).
Solo el 14% de la capacidad instalada es hidroeléctrica y, si se toma en cuenta toda la autogeneración térmica, este porcentaje desciende al 9%.
La explotación de otros recursos renovables (es decir, solar y eólica) es muy limitada.
Sin embargo, se espera que esta situación se modifique tras la promulgación en mayo de 2007 de la Law of Incentives to Renewable Energy and Special Regimes (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
Los frutos de esta ley se empiezan a ver por todas las zonas del país que cada vez más y más usuarios optan por la energía solar ya que trae un beneficio de independencia eléctrica y se reducen los gastos al no tener que constantemente utilizar la energía ofrecida por los proveedores.
El más reciente es el Parque Solar Girasol, el mayor en el país, inaugurado en junio de 2021[15].
Inicialmente, el gobierno pensó en transferir sus activos para administrar las empresas como una inversión bajo un fondo en fideicomiso independiente de las entidades reguladoras del sector, en lugar de usar su titularidad como instrumento potencial para las políticas del sector.
Esto condujo a la reducción provisional de los apagones y las pérdidas en distribución, y a un incremento en la eficacia operativa; una combinación que se tradujo en mejoras en la calidad del servicio.
En el mismo período, se estima que el déficit de capacidad para afrontar abiertamente la demanda cayó del 30% al 16%.
En 2003, estas condiciones desfavorables y una fuerte presión política llevaron al gobierno a volver a adquirir las acciones de Unión Fenosa en las empresas de distribución privatizadas EdeNorte y EdeSur.
Desde su renacionalización, estas empresas han experimentado un deterioro en su eficacia operativa.,[2] El sector eléctrico ha permanecido en una crisis sostenida desde 2002, caracterizada por pérdidas muy elevadas (tanto técnicas como comerciales) y apagones frecuentes de larga duración.
Además, se desalentó la inversión doméstica e internacional, especialmente en sectores que dependen de un suministro confiable para sus actividades, aunque muchas instalaciones (como los complejos turísticos) cuentan con fuentes de energía propias.
Inicialmente diseñado para que durara dos años, se ha ido ampliando para suplir la ausencia de una alternativa para resolver los temas tratados por este programa.
[2] En el 2002 el gobierno creó el Programa Nacional de Apoyo a la Eliminación del Fraude Eléctrico (PAEF) (decreto n.º 748-02), cuyo principal objetivo es ayudar a las empresas de distribución en su esfuerzo por eliminar el fraude.
La ley n.º 186-07, que modifica a la ley n.º 125-01, convierte en delito el fraude eléctrico (es decir; conexiones ilegales, impago, etc.), penalizando con multas y/o condenas de prisión a quienes no la cumplan.
Este plan tiene como objetivo alcanzar la autosuficiencia del sector eléctrico en la República Dominicana.
[2] La política del país de subsidiar de forma cruzada las tarifas residenciales, con aumentos desproporcionados en las tarifas comerciales e industriales, se traduce en precios más altos para estos consumidores en comparación con los residenciales.
Debido a los bajos índices de cobro, estos consumidores han estado recibiendo electricidad prácticamente gratis desde que se inició el programa.
A los consumidores residenciales que habitan fuera de las áreas del PRA, y que probablemente no se encuentren entre los más pobres, se les cobra la electricidad por debajo del costo para consumos inferiores a 700 kWh mensuales, un límite muy elevado de acuerdo con los estándares internacionales.
La carga financiera se transfiere en este caso a las empresas de distribución, que se han visto imposibilitadas de cubrir sus propios costos en un escenario con precios del combustible en aumento, una baja eficiencia y una base limitada de clientes a los que se les puede cobrar para financiar el subsidio cruzado.
Esta situación ha forzado al gobierno a proporcionar al sector más subsidios que los previstos, lo que a su vez se ha traducido en una menor capacidad para financiar inversiones en otros sectores clave como la salud y la educación.
El propietario del sistema, la CDE (Corporación Dominicana de Electricidad), no cuenta con los recursos financieros necesarios para mejorar la red y la legislación vigente no ha permitido otros mecanismos para movilizar recursos del sector privado para la transmisión.
Además, se necesitarán 222,5 millones US$ para financiar los proyectos contemplados en el plan de expansión para el período 2008-2012.
[27] El Banco Mundial está financiando actualmente un proyecto de asistencia técnica para el sector eléctrico.