No obstante, por ese entonces también comenzó a pensarse en la Corte que la promulgación de un perdón general del que quedasen excluidos los mayores responsables de la rebelión sería una buena opción.
[1] La decisión fue tomada sin dilación, pero la preparación del documento y sus cláusulas, tarea encomendada al secretario Francisco de los Cobos, tardó tres meses en concluirse.
[4] A continuación, el rey afirmaba que se mostraría benevolente con las ciudades que habían apoyado la insurrección, perdonándoles, aunque solo en el terreno criminal, los delitos de lesa majestad, los asesinatos, los saqueos etc.
La justicia sí recaería sobre los responsables más destacados del movimiento, y los particulares que hubiesen resultado afectados por la revuelta, incluyendo la Corona, podrían exigir indemnizaciones a los responsables.
En realidad, la amnistía fue mucho más limitada, pues no alcanzó a los condenados por rebelión hasta el 28 de octubre de 1522, aun cuando no se hubiera concretado la sentencia.