El número de ejecuciones se ha reducido significativamente desde que el Tribunal Popular Supremo recuperó el poder de revisar todas las condenas a muerte en 2007; por ejemplo, la Fundación Dui Hua estima que China ejecutó a unas 12.000 personas en el año 2002, 6.500 personas en 2007 y aproximadamente 2.400 en 2013 y 2014.
En comparación con otros países desarrollados, las sentencias de muerte se llevan a cabo rápidamente.
Se lleva a cabo tanto en lugares fijos como en furgonetas que han sido modificadas para su uso como unidades de ejecución móviles.
La opinión pública piensa que la inyección es la manera más fácil para el condenado de morir.
En el pasado se cobraba una "factura de la bala" (子弹费) a los parientes del condenado.