La pena capital es legal en Japón en caso de homicidio o traición.
[1] Aunque técnicamente no es un precedente, esta directriz ha sido seguida por todos los casos posteriores de pena capital en Japón.
Una sentencia de muerte dictada por un solo asesinato (incluidas las condenas anteriores) se considera "extraordinaria".
Sin embargo, el período que solicita un nuevo juicio o el indulto está exento de este reglamento.
Si el condenado demuestra estar mentalmente incapacitado durante este proceso, la propuesta es devuelta a la Oficina de Investigación Criminal.
Una vez firmada la aprobación final, la ejecución se lleva a cabo en el plazo de una semana.
Las visitas tanto por familiares como por representantes legales son poco frecuentes y supervisadas de cerca.
A los condenados se les da la posibilidad de elegir su última comida.
La familia del preso y los representantes legales no son informados hasta después.
La sala donde se realiza la ejecución consiste en una habitación cuadrada de pequeño tamaño con paredes de madera y un cuadrado rojo en el suelo, que delimita la trampilla por la que caerá el condenado.
Una vez el botón es pulsado, la trampilla se abre y el preso cae a un sótano ubicado debajo.
La caída es detenida por la soga, que provoca una muerte inmediata por rotura de cuello y asfixia.
Nueve delincuentes juveniles han sido sentenciados a muerte desde 1966 y siete de ellos fueron ejecutados.
En 34 encuestas realizadas entre 1953 y 1999, el apoyo a la pena de muerte nunca ha caído por debajo del 50 por ciento.
Una vez condenados, es muy difícil obtener un nuevo juicio y los presos pueden permanecer en el corredor de la muerte durante muchos años.
Según Amnistía Internacional, el estrés intenso y prolongado provoca a muchos condenados a muerte un deterioro mental, sufriendo el llamado fenómeno del corredor de la muerte.