[5] La fijación oficial de precios trajo consigo la escasez y el «mercado negro», lo que significaba la venta de muchos bienes a precios superiores a los oficiales.[3] Lo anterior se encuentra dentro del archivo desclasificado posteriormente por la CIA, llamado «plan Septiembre» en el cual se promueven «movimientos gremialistas de patrones y la resistencia civil de la burguesía».[3] El gobierno resolvió tomar acciones legales contra los organizadores del paro, el cual fue calificado por el ministro del Interior Jaime Suárez Bastidas como «político, ilegal y sedicioso»; por ello, León Vilarín y otros dirigentes del transportes fueron detenidos y trasladados a la Cárcel Pública de Santiago en la noche del 10 de octubre.[14] El Frente Nacionalista Patria y Libertad y el Comando Rolando Matus realizaron acciones de sabotaje en las carreteras, esparciendo miguelitos para entorpecer el paso de vehículos.[13] Al día siguiente se constituyó el Comando Nacional de Defensa Gremial, que agrupó a gran parte de las confederaciones gremiales y empresariales y a los colegios profesionales.El gobierno aprovechó la paralización de los camioneros opositores para utilizar parte del sistema Synco.
