La célula parlamentaria aprista pasó a hacer una desaforada oposición al gobierno, poniendo en peligro la gobernabilidad.

Los más exaltados militantes apristas cometieron actos terroristas en todo el país.

Al toque que las políticas aplicadas por Bustamante fallaron en su propósito de estabilizar el país, aquellos miembros de la Alianza Nacional liderada por Pedro G. Beltrán (AN), comenzaron a conspirar con las Fuerzas Armadas.

Estos, instigados por el sector agro-minero exportador, tramaron un golpe de Estado.

Inmediatamente tras la revuelta, Bustamante declaró ilegal al Apra, pero el Ejército y la oligarquía consideran que se debería perseguir activamente a los miembros del partido.

El general Zenón Noriega asumió interinamente la presidencia, hasta la llegada de Odría, procedente del sur.

[6]​ Tras convertirse en presidente provisional dos días después del golpe, Odría perdió poco tiempo en aplicar una serie de severas medidas destinadas a restaurar el orden público.

Igualmente establecía los delitos contra la organización y paz interna de la República.

La primera reacción de este partido fue la resistencia, pero la represión probó ser inaguantable y la agrupación se encontró desmoralizada por sus recientes fracasos.

La economía sufrió un viraje hacia el liberalismo, aunque sin caer en extremos.

En el ámbito laboral, la Junta Militar de Gobierno, combinó la represión con el clientelaje político, la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) fue proscrita y sus principales dirigentes sindicales perseguidos o abatidos.

Odría anunció que elecciones libres y competitivas se realizarían en mayo de 1950.

Este personaje dirigió el sector Trabajo durante cinco años, dos meses y veintidós días.

Esta acción llevó una limitada revuelta en la ciudad de Arequipa que fue rápidamente aplastada.

Esto fue motivo suficiente para que el candidato Montagne fuera apresado, acusado de conspirar junto al APRA y desterrado.

En lo político mantuvo vigente la Ley de Seguridad Interior, que reprimía severamente a los opositores al régimen, fundamentalmente apristas y comunistas.

Haya era una figura muy polémica que generaba malestar entre los miembros de las Fuerzas Armadas y la oligarquía, quienes se negaban a aceptarlo como un legítimo actor en la vida política peruana.

Estos personajes le aconsejaron a Odría negar cualquier pedido del gobierno colombiano.

De este modo, las autoridades peruanas argumentaron que Haya de la Torre no era un perseguido político, sino un criminal común y, por ende, el privilegio del asilo no podía ser extendido a su persona.

La liberación de la economía no solo benefició a los exportadores domésticos, sino que presentó nuevas oportunidades para las empresas extranjeras., sobre todo estadounidenses, cuya presencia en el territorio peruano llegó a niveles no vistos desde los días del régimen de Leguía.

Debido a la demanda estadounidense, el valor de las exportaciones peruanas se incrementó dramáticamente.

Así, Odría y su equipo comenzaban a mostrar una vena populista, lo que era inquietante para la oligarquía.

El auge en la actividad económica permitió a Odría desarrollar un vasto plan de obras públicas.

El gobierno de Odría fortaleció al Ejército del Perú, cuyos servicios fueron mejorados.

Este enfoque de la relaciones élite-masa iba bien con la estrategia más generalizada para limitar el pluralismo en la sociedad peruana.

En provincias destacan: Clorinda Matto de Turner y Garcilaso de la Vega (Cuzco), San Luis Gonzaga (Ica), Manuel Isidoro Suárez (Trujillo), Mariano Melgar (Arequipa), Óscar R. Benavides (Iquitos), Coronel Bolognesi (Tacna) y Santa Isabel (Huancayo).

A la larga, la Coalición Nacional no arraigó popularmente y surgieron otros movimientos políticos para las elecciones de 1956.

Con la citada rebelión, el gobierno de Odría entró a su último año.

Los dirigentes apristas decidieron negociar sus votos, a cambio de la mejor oferta que hicieran los candidatos.

Otros miembros de su familia y ministros del régimen se habían enriquecido también.