Las autoridades locales habían sido destituidas y los pobladores habían sido puestos bajo el gobierno de un "comité popular" adscrito al Comité Regional Principal de Sendero Luminoso.

[15]​ Durante la emboscada, los atacantes daban vivas a la "guerra popular", a Abimael Guzmán y decían "perros miserables, solo queremos los FALES, dejen su armamento y váyanse".

[14]​ También se reportó la muerte de cuatro senderistas en el enfrentamiento (3 hombres y 1 mujer).

La acción militar comenzó a las 9:00 en Cayara, donde se cerró el acceso por carretera,[2]​[3]​[5]​ desplegándose las patrullas A, B, C, D, E y F.[19]​ La primera víctima fue Esteban Asto Bautista,[Nota 1]​[18]​ quien fue asesinado en la entrada de Cayara.

[18]​ El 15 de mayo los miembros del ejército asesinaron a tres personas más.

Luego, partieron hacia Erusco, que se había establecido como punto de encuentro.

La Patrulla B se encargó de perseguir a los senderistas que habían escapado.

[22]​ En dicho enfrentamiento, algunos senderistas fueron abatidos y se recuperó una pistola ametralladora sustraída a la policía 2 años antes además de un fusil y pertrechos del cargamento del convoy emboscado.

Las Patrullas D, E, F y G no tomaron contacto con los senderistas ni se enfrentaron con estos.

Cinco días después los militares exhumaron los cadáveres y los trasladaron a Hualla, donde fueron incinerados.

Hanke le dijo a Martín Rivas que la orden llegaba del general Carlos Mauricio, jefe de Estado Mayor.

Le dijo a Martín Rivas que era asesor (en realidad solo tenía acceso directo) del Fiscal de la Nación de entonces, Hugo Denegri, y que tenía acceso a la investigación.

Posteriormente los restos de los varones desaparecieron al ser trasladados a Cangallo para realizar las autopsias correspondientes.

[6]​ El informe del fiscal Escobar involucraba al general José Valdivia.

Granda llegó a la conclusión de que no se habían producido ejecuciones extrajudiciales sino enfrentamientos entre subversivos y militares, por lo cual ordenó el archivamiento provisional del caso.

[2]​ En 1992, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó una demanda contra el Estado peruano por lo ocurrido en Cayara.

[32]​ En 1994, el periodista Gustavo Gorriti publicó una investigación en la revista Covert Action Quarterly donde señaló que entre 1990 y 1992 realizó entrevistas a militares de alto rango obteniendo información sobre el caso Cayara.

Escobar denunció que la protección hacia la testigo no se realizó produciéndose su asesinato debido a la falta de medidas concretas.

La sentencia ha sido escrita por la Cuarta Sala Penal Liquidadora Transitoria e indica una pena penitenciaria de 15 años para Marco Llontop y Luis Castañeda Marín, y luega, una condena de 8 años para los demás inculpados (que son los 16 integrantes que estuvieron en la patrulla militar “Grass”).