Desde 1810 hasta 1813 permaneció en Cádiz donde se integró en el Consejo de Estado.

Estableció el primer presupuesto del Estado español.

Pretendió la reducción del gasto público y el incremento de los ingresos mediante un impuesto directo que gravaría a la nobleza y a los altos funcionarios.

Su propuesta era implantar una contribución general que viniera a sustituir la enorme variedad de impuestos existentes en la España de principios del XIX.

Los privilegiados se plantearon desde el principio boicotear este sistema que ponía fin a su exención fiscal secular y se negaron a colaborar en los cuadernos de evaluación de la riqueza que servirían como base para establecer la tributación.