Dentro de las medidas que la misma Ministra Brahm y los Ministros que la apoyaron destacaban, se encontraba el aumento de la revisión de causas por pleno, la eliminación del papeleo y mejorar las relaciones internas en el Tribunal.
En dicha reunión se habrían abordado distintos temas de política contingente y estrategia electoral.
Desde diversos sectores académicos se consideró que la participación activa de la ministra Brahm en una actividad de carácter político afectaba su imparcialidad como jueza constitucional.
En particular, situaciones de gritos, acoso respecto a las funciones asignadas como relatora, actitudes como dar "portazos" y retirarse intempestivamente de conversaciones y reuniones, entre otros.
La investigación sumaria se encuentra actualmente en curso, y es sustanciada por el Ministro del Tribunal Constitucional Rodrigo Pica Flores.
[15] En la investigación sumaria llevada a caso en su contra la Presidenta del Tribunal se expone a sanciones como la suspensión de sus funciones hasta por dos meses, e incluso la remoción de su cargo.
A estas cuatro denuncias se suma "efectuar una denuncia sin fundamento y de la cual se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado", aludiendo al ex director de Administración y Finanzas Julio Ortiz [18].
[21] El administrador del Tribunal, luego de las denuncias formuladas por otros funcionarios hacia la Presidenta María Luisa Brahm, decide dar a conocer este hecho a la Secretaria Abogada, la cual puso los antecedentes a disposición del Ministerio Público al poder revestir los hechos caracteres de delito.