Al respecto consignó Jiménez de Asúa: «Pocos podrán como él escribir sobre este tema con más conocimiento de causa: sus estudios filosóficos, históricos y jurídicos dan a su obra una solidez científica poco común, y su permanencia en las prisiones españolas dota a sus páginas de cualidades de experiencia que, si no envidiables, son harto valiosas».

Diez años después fue nombrado ministro plenipotenciario, delegado diplomático oficioso del Gobierno de la República Española en el exilio, en Chile.

Regresó a Chile, donde asesoró al Consejo de Defensa del Estado.

La presidenta de ese organismo, Clara Szczaranski, le encargó un informe jurídico sobre el enjuiciamiento del expresidente Augusto Pinochet cuando los tribunales levantaron la inmunidad parlamentaria al general, convertido en senador vitalicio; en dicho Informe, señaló al dictador como autor inductor de los crímenes que se le imputaban, y no como mero encubridor, forma en que la presidenta del Consejo sostuvo en alegatos ante la Corte Suprema.

En su testamento pidió expresamente que no se le hiciera ningún homenaje.