Corea del Norte considera la actividad religiosa organizada, excepto la oficialmente aprobada de grupos afines al gobierno, como un potencial desafío para el liderazgo.
[3][4] Se cree que un estimado de 150 000 a 200 000 personas se encuentran en campos de prisioneros políticos (kwan-li-so) en áreas remotas,[5] muchas por razones religiosas y políticas.
Sin embargo, las ONGs afirmaron que la sentencia contra Son estaba basada en sus contactos con los grupos cristianos en China, sus actividades proselitistas, y presunto intercambio de información con su hermano en Corea del Sur.
Debido a que el país prohíbe a los observadores extranjeros la investigación de tales informes, no fue posible verificar las afirmaciones del gobierno sobre las actividades de Son Jong-nam o determinar si había sido ejecutado.
[8] El JoongAng Ilbo informó que las ejecuciones se llevaron a cabo en siete ciudades el 3 de noviembre del 2013.