Por ejemplo, las leyes habilitantes generalmente establecen agencias gubernamentales para llevar a cabo acciones específicas en un Estado moderno.
Dichas órdenes son disposiciones dictadas por los presidentes de Estados Unidos para gestionar las operaciones del gobierno federal.
[10] Las órdenes ejecutivas tienen fuerza de ley cuando se sustentan en las facultades en materia legislativa otorgadas directamente al poder ejecutivo por la Constitución (artículo II), o se dictan conforme a leyes del Congreso que explícitamente delegan en el presidente cierto grado de poder discrecional (legislación delegada).
La Ley dio a la recién establecida Asamblea de la Iglesia, predecesora del Sínodo General, el poder de preparar y presentar al Parlamento medidas que podrían ser aprobadas o rechazadas, pero que no fueron modificadas por ninguna Cámara.
En Venezuela, se otorgaron leyes habilitantes para gobernar por decreto en asuntos determinados a los presidentes Rómulo Betancourt (1959),[14] Carlos Andrés Pérez (1974),[15] Jaime Lusinchi (1984),[16] Ramón José Velásquez (1993)[17] y Rafael Caldera (1994).