Ley de Defensa Permanente de la Democracia

Tuvo por finalidad proscribir la participación política del Partido Comunista de Chile (PCCh), razón por la cual es conocida como la Ley Maldita.Fueron borrados del registro electoral sus militantes, así como las personas sospechosas de participar en dicha organización.Fueron sancionadas todas las reuniones o actos que interrumpieran el normal desarrollo de las actividades productivas, por esto el derecho a huelga solo estaba permitido en el sector privado.Pese al anticomunismo de Ríos, durante su gobierno abrió relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, en gran medida por la alianza que esta tenía con Estados Unidos en plena Segunda Guerra Mundial.Antes de las elecciones, Gabriel González Videla se había declarado abiertamente unido al Partido Comunista, indicando un lazo entre éste y los radicales.Esta dicotomía llevaba a que frecuentemente funcionarios del gobierno, militantes comunistas, aprobaran alzas de precios que posteriormente el partido rechazaba a través de violentas protestas callejeras, las cuales se fueron radicalizando aún más al entrar en escena las disputas entre comunistas y socialistas por el control del movimiento sindical.Sin romper con los comunistas, quienes conservaron sus gobernadores e intendentes, la alianza de gobierno comenzó a debilitarse.En forma paralela, Estados Unidos comenzó a presionar para que la alianza con los comunistas se terminara completamente.Otros militantes que entraron al Congreso utilizando la legalidad del socialismo fueron José Oyarce y Sergio González Espinoza.Sin embargo, el vencedor, Carlos Ibáñez del Campo, hizo uso de ella en reiteradas ocasiones durante su mandato.La dictación de esta ley generó divisiones internas en casi todos los partidos políticos legalmente constituidos: El propio PCCh tuvo que inscribir militantes en los partidos Socialista y Socialista Popular para tratar de ingresar a cargos por la vía electoral, obteniendo magros resultados.Sin embargo, desde antes es que se comienza a utilizar como una promesa de campaña por distintos candidatos, tal como lo hizo el expresidente Carlos Ibáñez del Campo para obtener el triunfo electoral.No obstante, utilizó dicha ley para enfrentar huelgas (legales e ilegales), convocadas por organizaciones de trabajadores.