La LGE se gestó, discutió y promulgó, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.

Esta norma legal derogó, es decir, reemplazó a la Ley N.º 18.962, o Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) de 1990, excepto en su Título III (manteniendo el párrafo 2.º), y su Título IV; referidos básicamente a la educación superior.

Para esto, se formó un Consejo Asesor Presidencial de la Educación, el cual propuso (entre varias medidas) una Ley que reemplazara a la LOCE.

Ante todo, limita la facultad que tienen los establecimientos de discriminar a sus alumnos por motivos económicos.

Finalmente, aumenta los requisitos que deben cumplir los responsables de un establecimiento para obtener el reconocimiento oficial del Estado.