El conocimiento y decisión de dichos procesos consiste en la tramitación y pronunciamiento sobre el fondo del asunto que les planteen las partes, sean estas autoridades o particulares.Estos son principalmente la protocolización de testamentos ológrafos (escritos por el testador de su puño y letra) y otros actos civiles que requieren intervención judicial.Este principio es desarrollado en el Título VI de la Constitución, referido al Poder Judicial (arts.La Constitución garantiza el respeto a los principios esenciales necesarios para el correcto funcionamiento del Poder Judicial; estos principios son la imparcialidad, la independencia, la inamovilidad, la responsabilidad y la legalidad.Como principio informador de los procesos judiciales, no expresamente recogido en el art.[3] Junto con el supuesto general, de carácter territorial, la Ley también atribuye al orden penal competencia para conocer de determinados supuestos cometidos fuera del territorio nacional.El primero, relativo a los derechos y obligaciones derivados del contrato de trabajo, sigue criterios mixtos (territoriales-personales).[9] Finalmente, el tercer grupo hace mención a los procesos relativos a la Seguridad Social, conociendo el Orden social de aquellos en los que intervengan entidades españolas o que tengan domicilio, agencia, delegación o cualquier otra representación en España.Territorialmente, España se organiza en municipios, partidos judiciales, provincias y comunidades autónomas.Su competencia se extiende a todo el territorio de la Nación y todos los demás órganos judiciales ejercen sus poderes y potestades con subordinación a él.Estos tribunales son los órganos judiciales ante los que se agotan las sucesivas instancias procesales de las causas iniciadas en las respectivas comunidades, sin perjuicio de la competencia superior del Tribunal Supremo y del conocimiento y decisión atribuidos a órganos jurisdiccionales centrales en materias especiales.Los juzgados de primera instancia son órganos jurisdiccionales unipersonales, servidos por un único juez profesional (por eso se llaman «juzgados», y no «tribunales», pues estos últimos están compuestos por varios jueces).[11] Tienen competencia en materia civil y penal dentro del territorio de su partido judicial.En todos los casos, toman su nombre del municipio donde radica su sede y extienden su jurisdicción al ámbito territorial señalado anteriormente.Cada Cámara propone a cuatro juristas de reconocida competencia y además selecciona seis jueces o magistrados propuestos en lista triple por los miembros de la Carrera Judicial, en elecciones internas.Las oposiciones son realizadas conforme a un temario y proporcionan plaza a todos los aspirantes que consigan una posición en el escalafón superior al número de puestos a cubrir, según la convocatoria; es decir, convocada una oposición para cien plazas de jueces resultarán admitidos aquellos que, habiendo aprobado los exámenes, tengan las cien mayores notas.Quienes superen el curso son nombrados jueces y entran en la Carrera Judicial por dicha categoría.Los miembros del Tribunal Supremo también son magistrados, pero ellos pertenecen a su categoría especial.Los magistrados del Tribunal Supremo forman una categoría propia dentro de la carrera judicial.Permanecen en sus cargos con un mandato de cinco años que puede ser posteriormente renovado.
