A diferencia del gobierno que encabezara José Félix Uriburu en 1930, que no afectó al Poder Judicial, numerosos jueces, en especial del fuero federal, fueron removidos por el Poder Ejecutivo invocándose inconducta notoria.
A fines de septiembre de 1944 el gobierno militar designó un nuevo juez en la Corte Suprema para reemplazar a Luis Linares, que había renunciado para retirarse; el reemplazante era Tomás D. Casares, que provenía del fuero civil y estaba en buenas relaciones con la Iglesia Católica.
A mediados de 1945 comenzó a manifestarse abiertamente la política de Perón para promover su futura candidatura presidencial y se desatan las oposiciones de los partidos políticos, los centros universitarios y numerosos empresarios, quienes reclaman el cese del gobierno y la transferencia del poder a la Corte Suprema.
El historiador Miguel Ángel Scenna comenta aquel hecho diciendo que: Se ha dicho que la manifestación estaba mayoritariamente integrada por personas de clase media y alta, lo que resulta históricamente indiscutible,[4] pero ello no invalida el significado histórico de su amplitud social y su pluralidad política.
La presencia de un secretario, no comprometía a los jueces, pero sirvió para integrar las acusaciones del futuro juicio político.
Uno de los aplaudidos durante la marcha fue el general Rawson, que al día siguiente viajó a Córdoba para iniciar un alzamiento.
[6] Luna señala la falta de realismo y el error táctico que importaba esta posición.
Si bien el Ejército estaba dividido en sectores que tenían serios desacuerdos, ninguno de ellos podría aceptar entregar en ese momento el gobierno a la Corte pues implicaba reconocer una humillante derrota.
Estas tareas políticas fue otro cargo que se le hizo a la Corte en el juicio político, aunque en otras épocas este funcionario cumplió este tipo de actividades.
Cuando Álvarez concluyó sus gestiones y consultas ya era el 17 de octubre, una gran movilización popular había inclinado la balanza en favor de Perón y fueron desplazados del gobierno los ministros que se le oponían, reemplazados por otros que lo apoyaban.
El fallo, dado poco antes de los comicios, repercutió en el gobierno y hasta se dijo que los jueces favorecían a la Unión Democrática, opositora al peronismo.
Con su consigna de “el gobierno a la Corte” los opositores habían colocado la figura de este Tribunal en el centro de su protesta y por su parte los jueces no solo no habían hecho el menor esfuerzo para evitar chocar con el Poder Ejecutivo sino que hasta último momento, cuando ya se sabía que los comicios habían favorecido a quien encarnaba la continuidad del gobierno militar, continuaron con sus fallos irritativos.
Juan Domingo Perón consultó al presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo César Guardo y convinieron que el diputado Rodolfo Decker, que era abogado y titular del bloque oficialista, presentara el pedido de juicio político, lo que hizo con su única firma el 8 de julio contra los jueces Antonio Sagarna, Benito Nazar Anchorena, Francisco Ramos Mejía y Roberto Repetto y el procurador Juan Álvarez.
Se formó la comisión de acusación integrada por los diputados Visca, Decker, Bustos Fierro, Beretta y Montiel, que dos meses después enviaba al Senado los fundamentos de la acusación.
El primero imputaba Delitos en el ejercicio de la función pública y el segundo se refería al mal desempeño del cargo.
Ante esta negativa, que vulneraba el derecho de defensa, Drago renunció a seguir como defensor.
Más adelante se planteó la cuestión de sus derechos a jubilación.
37 disponía que ese derecho se perdía por ser separado del servicio por mal desempeño de los deberes del cargo o por condena judicial por delitos peculiares a los empleados públicos; sin embargo, el gobierno les permitió jubilarse.
[8] Años después, Carlos Saúl Menem, en la misma línea de pensamiento, no removió magistrados pero les agregó cinco jueces afines a su política que configuraron la llamada “mayoría automática”.
Si bien en realidad no podía imputársele mal desempeño o delitos en el ejercicio de sus funciones, lo cierto es que esa idea se instaló en el Congreso y luego se buscaron los argumentos.