El Caso Antonini Wilson es un proceso judicial y una polémica generada cuando Guido Antonini Wilson,[2] un empresario venezolano, llegó a Argentina, el 4 de agosto de 2007, con una maleta con 790.550 dólares que no había declarado a su llegada y que fueron decomisados.El 2 de septiembre de 2008, comenzó un juicio en Estados Unidos solamente contra el venezolano Franklin Durán, ya que los otros tres acusados se habían declarado culpables.Su esposa es Jaqueline Regnault, una exitosa corredora de bienes, con raíces en esa misma ciudad.[18] Un día después Antonini Wilson abandonó la Argentina, con rumbo a Uruguay, sin reclamar el dinero que le había sido secuestrado,[19] casi 400 000 dólares tras el pago de la multa correspondiente.[28] En respuesta al pedido, PDVSA expresó su intención de colaborar con la causa e inició una investigación administrativa.[36] Un día después, el presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, declaró que los medios estaban tratando de poner a PDVSA en una mala imagen por eventos que serían totalmente falsos.[39] La oposición venezolana llevó a cabo una marcha en Caracas, en protesta por el escándalo generado.[41] La jueza argentina Marta Novatti tomó el caso, pero renunció poco después al mismo debido a las críticas.[42] La causa cayó en manos del juez federal Diego Zysman, quien rechazó la recusación de la jueza y puso la causa en manos de la fiscal María Luz Rivas Diez.[49] Tras recibirlo, funcionarios del Departamento de Estado declararon que la extradición podría demorar hasta un año.[50] La extradición se complicó cuando Guido Antonini Wilson decidió colaborar con el FBI[51] y se inició una causa contra tres ciudadanos venezolanos y un uruguayo acusados de ser agentes del gobierno de Chávez (para más información véase Proceso judicial en los Estados Unidos).[53] En junio de 2018, el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, que se negó a procesar al exfuncionario Claudio Uberti, y el fiscal Pablo Turano, fueron los encargados de cerrar la causa.A casi once años del escándalo, finalmente el caso prescribió,[54] tras la indagatoria a Claudio Uberti que se mantuvo con bajo perfil, mientras el principal Antonini Wilson no se presentó, el expediente pasó por tres jueces de primera instancia y llegó hasta la Corte Suprema, no se llegó a ninguna condena ni se logró procesar a Uberti, la fiscalía no reunió las pruebas suficientes.Si quieren más, necesitan de un permiso especial por parte del gobierno, que justifique los medios ―como estudios, intercambios culturales, emergencias médicas, exportaciones, etc.―.Por esta razón, el fiscal general de la República Julián Isaías Rodríguez designó a dos fiscales, Nelson Mejías y Fernando Hércules, para iniciar una investigación, ya que ― al salir del país con el dinero― Guido Antonini Wilson habría violado los artículos 4.º[59] y 6.º[60] de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios.[61] El dirigente opositor Julio Montoya, del partido Un Nuevo Tiempo, denunció que existen retrasos en la investigación, responsabilizando al fiscal general.[69] Antonini había estado colaborando con el FBI desde su llegada a Florida en agosto, y habría grabado las reuniones.[51] Según el FBI, Antonini entrevistó el 27 de octubre con un quinto agente venezolano, José Canchica, que habría llegado desde Caracas identificándose con Antonini por medio de la palabra clave Christian.La jueza Joan Lenard dio plazo así para que tres acusados por Estados Unidos de actuar como agentes encubiertos del gobierno venezolano puedan acceder a las transcripciones y traducciones de videos y grabaciones en su contra obtenidas por el FBI.Los otros cuatro acusados son funcionarios aduaneros: Rosa Nélida García, Guillermo David Lucangeli, María Cristina Gallini y Jorge Félix Lamastra[86]
