Guardia Nacional (Confederación Argentina)

La crisis del poder central revolucionario ocurrida en el Río de la Plata en 1820, erigió a los antiguos municipios e intendencias coloniales como nuevas unidades políticas de referencia -la Provincia- y las milicias, así como los regimientos residuales del ejército revolucionario, constituyeron los nuevos ejércitos provinciales.

Estos se integraron por soldados voluntarios, “vagos” reunidos en levas, desertores recapturados e incluso esclavos que por este medio obtuvieron su libertad.

Todos los habitantes enrolados en las milicias lo hicieron en plenitud de sus derechos civiles, excepto los “vagos” destinados por jueces.

Los cuerpos se formaron con demoras y disminuidos en número de integrantes.

Los gobernadores argumentaban la necesidad de efectivos para enfrentar los conflictos en las provincias y garantizar en las mismas la adhesión a la constitución nacional.

De esa forma, se conformaron los primeros seis cuerpos del Regimiento de Dragones -en Santa Fe el 1º, Córdoba el 2º, Mendoza el 3º, en San Luis el 4º, en Santiago del Estero el 5º y en Salta el 6º-.

Los milicianos tenían un uniforme muy similar al del ejército nacional pero con el distintivo de que pertenecen a la Guardia Nacional de alguna provincia (generalmente la Bandera Provincial o un escudo en particular).

Asimismo, cumplían una función de sensibilización o moralización frente al paradigma liberal dominante.

Su puesta en funcionamiento no fue fácil y evidenció diferentes ritmos en cada provincia.

Allí, se hizo evidente que dotarlas de hombres no sería tarea fácil.

Por su parte, los “ciudadanos distinguidos” y los “ancianos venerables” fueron alistados en el “batallón pasiva” destinado a prestar servicios en la ciudad.

Finalmente, el conflicto diplomático se resolvió con la autorización para que pudieran prestar servicios a través de un reemplazante.

Quedaban exceptuados los gobernadores, ministros, legisladores, jueces nacionales y provinciales como también los físicamente imposibilitados.

Pero el desafiante Ministro del Interior de la Nación, Domingo Sarmiento, rápidamente dirigió una Circular a los gobernadores aclarando que todo los concerniente a la guardia nacional "es materia regida por ordenanzas militares y bajo la exclusiva jurisdicción del presidente".

Sin embargo, cuando el general Julio Argentino Roca fue elegido Presidente de la Nación, Tejedor ordenó la movilización de la Guardia Nacional para efectuar una revolución y deponer a las autoridades nacionales.

En consecuencia, el gobierno federal monopolizaría la fuerza pública y el poder provincial quedaría despojado de sus funciones militares.