[14][15] Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) Todo pasó frente a nuestros ojos.
La violencia contra la Unión Patriótica dejó, por lo menos, 4.153 personas asesinadas, secuestradas o desaparecidas.
[16] La Jurisdicción Especial para la Paz contabilizó, en un informe publicado en 2022, 5.733 militantes de la Unión Patriótica asesinados entre 1984 y 2016[17].
Dos candidatos presidenciales, los abogados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, 5 congresistas en ejercicio (Leonardo Posada, Pedro Jiménez, Octavio Vargas, Pedro Luis Valencia, Manuel Cepeda), 11 diputados, 109 concejales, varios exconcejales, 8 alcaldes en ejercicio, 8 exalcaldes y miles de militantes fueron sometidos a exterminio físico y sistemático por parte de grupos paramilitares, miembros de la Fuerza Pública (Ejército Nacional, Armada de la República, Fuerza Aérea, Policía Nacional, el F2 y el Departamento Administrativo de Seguridad) y los narcotraficantes;[18] algunos sobrevivientes al exterminio abandonaron el país.
[7] En julio de 2013 el Consejo de Estado le devolvió la personería jurídica a la Unión Patriótica, la cual le había sido suprimida debido a que en las elecciones legislativas de 2002 no obtuvo representación en el Congreso; el fallo reconoció que las circunstancias de exterminio sistemático contra dirigentes y militantes del partido fue la causa para que no se presentaran a las elecciones y por tanto no obtuvieron la representación requerida.
Durante este alto al fuego las partes se comprometen a buscar salidas políticas al conflicto armado interno de Colombia, los insurgentes que se acojan a la tregua serían cobijados ipso iure por una amnistía y podrían ser deliberantes y participar en las elecciones, por lo cual la salida era la fundación de un nuevo partido político que apoyara los acuerdos y permitiera la integración de los combatientes en sus estructuras.
[34] El M-19 se mantuvo crítico del proceso de las FARC-EP hasta la firma los Acuerdos de Corinto, Hobo y Medellín en conjunto con el EPL en 1984, rota la tregua en 1985, volverían a un proceso de paz en 1989, que culminó con su desmovilización en 1990, al igual que lo haría el 95% del EPL en 1991.
[35] Las FARC-EP argumentaron, que al apoyar la creación de este partido buscaban hacer política sin armas y bajo los acuerdos de cese al fuego firmados por el comisionado del gobierno John Agudelo Ríos.
A la UP entonces se adhirieron para su fundación no solo guerrilleros desarmados en comisión política, sino también sectores civiles, el Partido Comunista Colombiano y sectores de los partidos tradicionales liberal y conservador.
El naciente movimiento enarboló una plataforma de 20 puntos reformas políticas democráticas, sociales y económicas como una reforma agraria, nacionalización de los recursos naturales y un modelo económico nacional separado del capitalismo global.
Dos meses más tarde el candidato a la presidencia por la UP, Jaime Pardo Leal, alcanza el 10% de la votación del país, siendo ésta la más alta alcanzada en la historia de Colombia por un partido independiente, hasta los años 2000.
[37] La UP logró su mayor votación en las regiones del Nordeste Antioqueño, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Urabá, Chocó, Arauca y el Área Metropolitana de Medellín.
La jueza Martha Lucía González, estudió estos casos pero debió exiliarse y su padre Álvaro González Santana fue asesinado,[52] así como la jueza María Helena Díaz Pérez quien continuaba las investigaciones.
[74] Para la Asamblea Constituyente de 1991 fueron elegidos por la Unión Patriótica: Aída Avella y Alfredo Vázquez Carrizosa.
Así, se trató entonces de un verdadero atentado contra el pluralismo y la democracia.
",[91] y así entonces pese a que no lo manifiesta, si cita en varias oportunidades la noción del "exterminio" de los directivos, militantes y simpatizantes como causa de que la UP no presentará candidatos a las elecciones del 2002.
Allí se elige como presidenta y candidata presidencial a la exconcejal de Bogotá Aída Avella refugiada en Suiza desde hace varios años.
Así mismo, crean las listas para elecciones legislativas, que se realizará el siguiente año; en esta lista sólo unos pocos quedaron elegidos especialmente en la zona de influencia del Sumapaz, Nariño y el Catatumbo, la candidata Avella declinó su aspiración a la presidencia y se convirtió en la fórmula a la vicepresidencia de Clara López.
En enero de 2021 en una investigación periodística se vincula a Virgilio Barco, presidente entre 1986-1990, con el genocidio de la Unión Patriótica, debido a la contratación del espía israelí Rafi Eitan.
322A y posteriormente con la ley 599 del 2000, en su artículo 101,[110] se conserva totalmente este nuevo tipo penal, que no existía siquiera en la doctrina internacional, lo que ha representado un gran avance para la ciencia jurídica universal.
Leonardo Posada Pedraza, Pedro Nel Jiménez, Pedro Luis Valencia Giraldo, Octavio Vargas Cuellar, Bernardo Jaramillo Ossa, Henry Millan González, Manuel Cepeda Vargas, Jairo Bedoya Hoyos, Octavio Sarmiento Bohórquez.
La última persona que había llegado con las banderas de la UP, avalada por el Polo Democrático, fue Gloria Inés Ramírez.
Por su parte, la Corporación Reiniciar identificó 6.613 víctimas entre 1984 al 2002, que corresponde a un total de 9.359 violaciones (esto debido a que una víctima puede haber sufrido más de un hecho victimizante).
[111] Existen dos informes sobre el caso de la Unión Patriótica «¡Venga esa mano, país!
El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002», del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) La violencia contra la Unión Patriótica dejó, por lo menos, 4.153 personas asesinadas, secuestradas o desaparecidas.
[116] En ese exterminio que impulsará Rodríguez Gacha, al tiempo lo escalaron grupos paramilitares contrainsurgentes que en 1997 se aglutinaron en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) bajo el mando de Carlos Castaño, tanto este último como su familia porque tenían un rencor profundo contra las FARC-EP, que habían secuestrado y dado muerte a su padre, a pesar de haber pagado el rescate.
[117] Algunas investigaciones señalan que una misión de militares estadounidenses recomienda la creación de grupos armados ilegales para luchar contra la guerrilla,[118] para esto se apoyaron en ganaderos, terratenientes y empresas trasnacionales.
Estos contratan al militar y mercenario israelí Yair Klein para entrenar los primeros grupos en el Magdalena Medio.
"[120] En el 2006, la Corporación Reiniciar, la Comisión Colombiana de Juristas y los representantes de las víctimas argumentaron que el Estado colombiano no ha logrado impedir las persistentes amenazas, asesinatos y acciones arbitrarias en su contra.
Entre estos se encuentran un brigadier general, tres mayores, un capitán, un teniente, un subteniente, dos sargentos viceprimeros, tres sargentos segundos, un cabo segundo, dos soldados profesionales y un agente de inteligencia.