Evasión fiscal

La evasión fiscal o evasión de impuestos, conocida también como fraude fiscal, es toda conducta ilícita en la que incurren personas o empresas, llámese a estos contribuyentes, de manera dolosa o culposa, y que tiene lugar cuando el contribuyente oculta u omite ingresos y bienes a las Administraciones Tributarias, o cuando sobrevalora conceptos deducibles, con el único fin de reducir el pago de una obligación tributaria (impuestos) con respecto a lo que legalmente les correspondería.Cuando supera una cierta cuantía, se considera delito fiscal, pudiéndose sancionar con penas privativas de libertad, mientras que los fraudes de menor cuantía se tramitan como infracción administrativa, sancionándose con multas.A diferencia de la evasión, la elusión fiscal hace uso de estratagemas en principio legales para reducir o evitar el pago de impuestos, pero que igualmente pervierten y perjudican el propósito del sistema tributario, al aprovechar resquicios no previstos o no solucionados por este.Se conoce como dinero negro todo aquel que ha evadido el pago de gravámenes fiscales.Son ganancias obtenidas en actividades ilegales o legales, pero que se evita declararlas a Hacienda para evadir los impuestos.La evasión fiscal es sin duda casi tan antigua como los impuestos, pero en tiempos modernos se ha vuelto más fácil debido a la globalización, la creciente complejidad de las finanzas internacionales, el secreto bancario y el progreso de la informática.[4]​[5]​ Como principales consecuencias de la evasión y elusión fiscal para las economías y sociedades de todo el mundo pueden destacarse las siguientes: Aunque el incumplimiento fiscal genera perjuicios en casi todos los países, y en términos absolutos es en los países desarrollados donde mayores volúmenes alcanza, sus efectos relativos son aún más dañinos en los países con menos recursos.Otras veces, mediante técnicas de ingeniería fiscal, personas o empresas utilizan vacíos o inconcreciones en la legislación para evitar pagar impuestos, de manera pretendidamente legal.Como problema económico de primer orden que es, la evasión y elusión fiscal son perseguidas principalmente desde instituciones públicas del ámbito fiscal o económico, tanto nacionales como internacionales.Hasta abril de 2017, 96 países han suscrito el compromiso para aplicar las medidas.Del total, 336 son personas físicas y el resto jurídicas o empresas.[24]​ A título comparativo, los ingresos fiscales del Estado ese mismo año fueron 161,154 millones de euros.Entre los sectores con mayor nivel de economía sumergida destacan la construcción, la hostelería y el pequeño comercio.[29]​ Cabe señalar que una parte significativa (superior a un tercio) del fraude fiscal detectado no llega finalmente a cobrarse —es lo que el fisco denomina "cancelación de deuda sin ingreso"—, debido a causas como la anulación judicial de liquidaciones tributarias, las insolvencias de los deudores y la prescripción.No hubo acuerdo sobre la amnistía fiscal entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el Tribunal Constitucional.