[1]​ La campaña emprendida por los revolucionarios independentistas de 1819 permitió crear un aparato político y militar que habilitó la posibilidad de expulsar a los españoles,[2]​ en un contexto de guerra a muerte decretada por Simón Bolívar en 1813 donde, según Bolívar «todos los españoles europeos y canarios fueron casi sin excepción fusilados».

[3]​ Concluida la guerra, el vicepresidente Carlos Soublette emitió un decreto ordenando la expulsión de todos los españoles (peninsulares y canarios) del territorio colombiano que no demostrasen haber formado parte del movimiento independentista, exceptuando a los ancianos de más de 80 años de edad y los empleados del Ejército.

[3]​[1]​ José Antonio Páez, quien aspiraba lograr una solución negociada al conflicto post-independentista, medió para deshacer el decreto, pues la república aún no se había hecho con la ciudad de Puerto Cabello.

[4]​ Debido a esto, se debatió qué hacer al respecto en el Consejo de Gobierno, en Bogotá, conscientes de que no era conveniente revocarla porque daría muestras de debilidad del naciente gobierno republicano.

[4]​ Se aclaró entonces que la ley exceptuaba a aquellos que hicieran servicios invaluables a la República o cuya labor fuera reconocida su decisión por la causa emancipadora.