Las zonas más afectadas fueron los barrios aledaños a la fábrica: Escuela, Las Violetas, Libertador, Cerino, etcétera.

[7]​ El diario español El País describió el escenario en estos términos: Las siete personas muertas (Romina Torres, Laura Muñoz, Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Hoder Dalmasso, Elena Rivas de Quiroga y José Varela) eran todas ajenas a la fábrica, al igual que la gran mayoría de los heridos.

[9]​ La población padeció masivamente los síntomas físicos y mentales propios de una guerra, siendo más acentuados en los niños.

[10]​ Ese mismo día a las 17:00, el entonces presidente de la Nación Carlos Menem se trasladó a Río Tercero y ofreció una conferencia de prensa, en la que informó que las explosiones se habían iniciado por accidente.

[16]​ Tampoco existía una adecuada seguridad en el perímetro de la fábrica, con varios puntos en los que el alambrado estaba roto.

[22]​ En el tinglado había unos 200 tambores acumulados en dos grupos separados, el mayor de ellos con trotyl y el menor con hexolita, así como proyectiles sin espoleta.

[23]​ Pocos minutos antes, el supervisor Emilio Ostera había visto una persona sospechosa vestida de soldado al lado del tambor, sin ninguna razón.

[26]​ Las explosiones fueron direccionadas de tal modo que la onda expansiva se dirigiera hacia el sudeste, un sector donde en ese momento no había empleados ni obreros trabajando, debido a que, por ser día de pago, estaban cobrando sus salarios en la zona oeste del predio, o se encontraban en el comedor, también ubicado al oeste, debido que a las 9:00 comenzaba el horario de descanso.

[28]​ El estallido se produjo en cinco depósitos que contenían unas cien mil toneladas de municiones para morteros, cañones, fusiles y pistolas, ubicados sobre la calle Arenales, frente al barrio Las Violetas, y fue la causante de los mayores daños.

[29]​ Dos condenados, los coroneles Cornejo Torino y González de la Vega, aceptaron que la explosión no pudo haber sido accidental.

La cuestión central pasaba por saber si la carga de trotyl que desencadenó las explosiones podía explotar accidentalmente o precisaba un detonador.

[32]​ En 1999 el juez Martínez cerró la investigación y elevó la causa a juicio, por estrago culposo (sin intención) con seis personas acusadas ("procesadas").

[33]​ El colapso de la hipótesis del accidente llevó a que el juez Martínez se inhibiera para seguir investigando la causa, quedando la misma a cargo del conjuez Diego Estévez, quien carecía de experiencia en derecho penal.