Sin embargo, se llevaron a cabo también en el marco de la restauración de la pureza electoral por parte del presidente Roberto Marcelino Ortiz, que prometió al principal partido opositor, la Unión Cívica Radical (UCR), y al Partido Socialista (PS), comicios libres y justos.
Aunque tanto la campaña como la jornada electoral fueron aceptadas como pacíficas y relativamente justas, el radicalismo denunció que el escrutinio se estaba llevando a cabo de manera fraudulenta, y que ahí se cometería finalmente la alteración del resultado.
Cuando se anunciaron casi los últimos resultados preliminares, el 6 de marzo los demócratas ganaban por tan solo 3.776 votos, luego de haber perdido durante la mayor parte del conteo.
Faltando todavía parte del escrutinio, el presidente Ortiz aceptó las denuncias de fraude del radicalismo y el socialismo y decretó la intervención federal de Buenos Aires, siendo depuesto el gobernador saliente Manuel Fresco y anulados los comicios.
Ramón S. Castillo, vicepresidente de turno y favorable a los conservadores, reinstaló las prácticas fraudulentas.