"El error no tiene derechos" (en latín: Error non habet ius)[1][2] es un antiguo principio católico, hoy ya superado, de que los no católicos no debían tener ningún derecho civil o político y no tenían el derecho de expresar públicamente ninguna religión fuera del catolicismo, aunque sí tenían el derecho de profesar y practicar en forma privada cualquier religión; además, este principio establecía que el catolicismo debe ser la única religión permitida por el Estado.
[5] Durante siglos, la Iglesia Católica mantuvo una estrecha conexión con el Estado y utilizó la coerción estatal (como la Inquisición) para castigar a las personas que consideraba herejes.
La libertad de conciencia, escribió Gregorio XVI, era "una pestilencia más mortal para el estado que cualquier otra".
[7] Dignitatis humanae mantiene las premisas teológicas del principio "el error no tiene derechos", pero modifica implícitamente la teoría política subyacente.
En segundo lugar, distingue entre las dimensiones moral y jurídica de la libertad religiosa, entre la cuestión de nuestras obligaciones hacia la verdad religiosa y la cuestión del papel del Estado para hacer cumplir estas obligaciones.