Despenalización de la homosexualidad en Ecuador

Durante los años siguientes la represión policial persistió,[4]​ por lo que organizaciones como FEDAEPS comenzaron a explorar estrategias para cambiar la ley.

[17]​ La homosexualidad fue criminalizada en Ecuador por primera vez en el Código Penal de 1871, promulgado durante el gobierno del presidente conservador Gabriel García Moreno.

Esta pena se mantuvo igual en el Código Penal de 1906, aunque pasó al artículo 364 y se agregó un inciso para los casos en que el delito fuera cometido por ministros de culto o maestros.

[18]​ El siguiente cambio en la legislación concerniente a la diversidad sexual ocurrió en el Código Penal de 1938, que cambió la palabra «sodomía» por «homosexualismo» y de este modo amplió el delito para abarcar las relaciones sexuales lésbicas.

[1]​[19]​ No obstante, el inciso segundo continuó refiriéndose solo a personas de sexo masculino.

[23]​ Esto provocó posteriormente el nacimiento del activismo LGBT en el país y de los esfuerzos por despenalizar la homosexualidad.

[24]​ Los abusos policiales vieron un marcado recrudecimiento durante el gobierno de León Febres-Cordero Ribadeneyra (1984-1988).

Entre los grupos perseguidos se hallaban trabajadoras sexuales, personas pertenecientes a las poblaciones LGBT o cualquier hombre con características que ellos consideraran «afeminadas».

[5]​ La CIDH acogió la denuncia y exhortó a Ecuador a que cumpliera los tratados internacionales en cuanto al respeto y protección de las personas de sexualidades diversas, pero el país ignoró el pedido.

En el evento habían participado cuatro candidatos, de los que Patricio Cuéllar, conocido como «Briggitte», fue nombrado ganador.

[7]​ En lugar de socorrerlos, los policías que presenciaban la escena optaron por vender preservativos a los presos por 5000 sucres la unidad.

[7]​ En los días siguientes, la prensa local empezó a publicar noticias respecto a la redada con titulares como «Clausuran antro de homosexuales» o «Presos por fiesta sodomita», que contenían lenguaje peyorativo e incluso una caricatura que se mofaba del hecho.

[46]​ Coccinelle promovió las primeras discusiones entre los colectivos y se enfocaron en definir cuál sería el mejor método para lograr la despenalización.

[48]​ Sin embargo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), organismo cercano a Coccinelle, señaló dos problemas con esta estrategia: que el país no había tenido un debate nacional que permitiera lograr el cambio por medio del Congreso, y que incluso luego de realizar cabildeo, no podían dejar un cambio tan importante a más de 90 diputados, muchos de los cuales eran conservadores.

[49]​ Esto llevó a la APDH a proponer una segunda ruta, que consistía en realizar el cambio por medio de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 516 del Código Penal, estrategia favorecida por Coccinelle.

[10]​ La recolección también se dio en bares, discotecas y otros sitios frecuentados por las poblaciones LGBT.

Esta manifestación tuvo un carácter histórico por ser la primera marcha de personas pertenecientes a la diversidad sexual en el país.

[55]​ Otras estrategias utilizadas durante la campaña fueron el uso de grafitis para promover mensajes como «Despenalización ahora» e incluso una invitación al presidente interino Fabián Alarcón para discutir el tema.

[59]​ Al menos 16 mujeres trans también fueron asesinadas durante esos meses, por lo que empezaron a implementar estrategias de autoprotección con la APDH.

[60]​ El acoso policial contra los activistas era constante y no se detuvo hasta la realización de un anuncio público,[59]​ ideado por los activistas Gonzalo Abarca y Purita Pelayo, en que comunicaron que si las agresiones no se detenían, publicarían una lista con todos los nombres de autoridades policiales y políticas que habían contratado a trabajadoras sexuales transgénero.

[13]​ El documento fue presentado por Cristian Polo Loayza, Jimmy Wider Coronado Tello, Silvia Haro Proaño, José Urriola Pérez y Gonzalo Abarca, a quienes se sumó Ernesto López, expresidente del Tribunal.

También se enviaron cartas para pedir las opiniones a José Mario Ruiz Navas, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y al obispo Luis Alberto Luna Tobar.

El ministro Verduga señaló a su vez que no había encontrado registros de personas judicializadas por el artículo 516.

[15]​ El Tribunal decidió no declarar el artículo en su totalidad como inconstitucional y dejó vigentes los incisos segundo y tercero,[66]​ referentes a relaciones homosexuales entre padres e hijos o en las que estuvieran involucradas ciertas figuras de autoridad, como profesores o ministros de culto.