Estas medidas han sido asociadas con un impacto negativo en varios sectores, incluyendo la cultura y el empleo.
[2] La empresa estatal Corpoelec ha sido señalada como responsable principal de la crisis, con acusaciones de corrupción y mal manejo que habrían llevado a frecuentes apagones en lugares públicos como cines, teatros, así como en calles, avenidas y autopistas.
Esta situación se percibe como especialmente problemática en el marco de una crisis económica caracterizada por escasez y corrupción.
La oscuridad en ciudades se considera un factor que facilita actividades criminales como robos, secuestros y homicidios, exacerbando un clima de inseguridad e impunidad.
Estas críticas reflejan una preocupación general por las repercusiones de la crisis eléctrica en la seguridad y la estabilidad económica del país.
[3]Las aportaciones de Alvarado a la justicia estadounidense parecen estar motivadas por su interés en ganar indulgencia en los casos en su contra.
UU. afirma que proporcionó información valiosa, no se detalla el alcance completo de su cooperación ni las pruebas presentadas al Gran Jurado.
UU., incluso negociando con el lobbista venezolano Martin Rodil en 2013, aunque esa colaboración no llegó a fructificar.
González había recopilado información detallada sobre el esquema corrupto, incluyendo vínculos con cuentas en el Banco Privado de Andorra.
Además, 25 plantas de generación distribuida (grupos electrógenos), ubicadas en los estados Apure, Carabobo, Barinas, Mérida, Táchira, Trujillo, Monagas, Miranda, Guárico, Amazonas, Anzoátegui, Nueva Esparta y Falcón, cuenta con dos parques eólicos ubicados en La Guajira y Paraguaná que no están en funcionamiento.