La anterior Constitución de 1830, había regido durante un largo tiempo, a menudo nominalmente; en los hechos, el Uruguay del siglo XIX era un país signado por el caudillismo y el militarismo.

Esta reforma fue precedida por una intensa campaña en defensa de diversos principios, como por ejemplo, la implantación del Poder Ejecutivo colegiado, la descentralización y la autonomía municipal y la laicización del Estado, separándolo de la Iglesia católica (separación Iglesia-Estado).

La Cámara de Representantes estaba integrada por ciudadanos elegidos directamente por el pueblo, quienes permanecían tres años en sus funciones.

Estos gobiernos atendían los asuntos departamentales y creaban impuestos... Se consagraron las garantías al sufragio: El sufragio pasó a ser obligatorio y universal para los hombres mayores de 18 años.

La coparticipación de los partidos en el gobierno tuvo como finalidad que se abandonara el recurso a las armas para disputar el poder.

Esta organización conllevaba serios riesgos, ya que el presidente tenía la fuerza pública a su disposición y un desacuerdo grave con el Consejo Nacional de Administración podía llevar al Presidente a usar esta organización en su favor.

Tal vez la más importante: la Constitución pasó a ser debidamente puesta en valor, tanto por el sistema político como por la ciudadanía.