[1]​ Cabe señalar que lo acontecido en Bagua ha sido denominado por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) como un conflicto económico-político, el cual tiene sus orígenes desde años anteriores.

Este organismo indica que el Estado aprobó los DL 1064 y 1090 con la finalidad de facilitar la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos.

Otra causal es mencionada por Dafne Lastra, quien señala que, durante los años anteriores antes de que ocurra el acontecimiento en Bagua, se firmaron diversos decretos legislativos con la finalidad de llevar a cabo el TLC entre Perú y Estados Unidos.

[9]​ Luego, en una perspectiva similar a la de Dafne Lestra, las investigadoras Dolorier y Paneque indican que fueron los decretos legislativos el punto determinante para que se dé el conflicto en Bagua, porque hubo un rechazo general por parte de las comunidades nativas debido al trasfondo económico que contenían.

[10]​ A diferencia de lo señalado por Lestra, Dolorier y Paneque, el doctor en Antropología e Historia Óscar Espinosa señala que solo tratar de explicar lo sucedido en Bagua por los decretos legislativos es insuficiente.

Por ello, él señala que lo acontecido en Bagua ha sido el resultado de una historia de diversos enfrentamientos que venían realizando los pobladores indígenas para hacer respetar sus territorios y derechos[11]​ Él señala que esta historia se inicia a partir de la colonización promovida por el expresidente Belaúnde Terry a mediados del siglo XX al considerar a la selva un territorio no habitado, pero, como señala Espinosa, estos lugares siempre estuvieron habitados y sus pobladores sabían aprovechar de la mejor manera la tierra en la que vivían.

[11]​ Según Espinosa, si bien se indica que no debe existir diferencia entre estos dos términos, en el caso del Perú para las comunidades y el Estado sí existen diferencias.

[13]​ Por otro lado, la defensora del pueblo de esos años, Beatriz Merino, presentó este informe ante el Congreso de la República y presentó cuatro reflexiones importantes del conflicto ocurrido en Bagua[14]​ Estas cuatro consideraciones son las siguientes: primero, brindar el derecho de consulta a los pueblos indígenas; segundo, una institucionalidad indígena presente, porque, durante el conflicto, el ente encargado —el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos (INDEPA)— estuvo debilitado; tercero, desarrollar un diálogo intercultural que no esté plenamente desarrollado por las autoridades del Estado, y por último formar un Estado inclusivo y sin discriminación a los pueblos indígenas, porque estas comunidades, para la mayoría de personas, están alejadas y no tienen mucha importancia.

[15]​ Este informe se llevó a cabo por una comisión de congresistas de diversos partidos políticos, entre los cuales se encontraban Guido Lombardi de Unidad Nacional; por parte del partido nacionalista, Víctor Isla Rojas; además, los apristas Humberto Falla y Wilder Calderón, y también conformaron la comisión los parlamentarios Moyano, Espinosa y Juan Perry.

Omar Cavero indica que esa comisión estuvo conformada por Jesús Manaces, Carmen Gonzáles, Pilar Mazzetti, Susana Pinilla, Ricardo Álvarez, Walter Gutiérrez y Manuel Bernales.

Con respecto a las consecuencias sociales, él afirma que las investigaciones no se contradicen en el número de muertos ni heridos; por lo cual no se puede señalar que hayan existido fosas ocultas ni desapariciones.