[3]​ En un panorama general el presupuesto asignado por el Gobierno de México a las normales rurales de México ha ido a la baja, haciendo su subsistencia un asunto permanente.

En ese momento arriba la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del estado de Guerrero con cinco elementos y 26 más con equipo antimotines.

Gonzalo Miguel Rivas Cámara, ingeniero, sufrió quemaduras de tercer grado al intentar apagar el incendio que varias personas, sin identificar, iniciaron en dos bombas dispensadoras y murió días después.

La escena del crimen de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús fue alterada y manipulada por los elementos policiacos.

Para esto, fue cerrada la circulación totalmente durante media hora.

Señala —sin acusar directamente— que un estudiante tenía en sus bolsillos un cargador de ese fusil.

[15]​ Medios de comunicación locales y nacionales (entre estos La Jornada,[19]​ Excélsior,[20]​ El Universal[21]​) señalaron en sus coberturas periodísticas tras los hechos un «enfrentamiento» o un «choque» entre manifestantes y los policías, enmarcar los hechos como la justificación a hechos vandálicos o violentos y enfatizar a los manifestantes como los causantes de los homicidios.

La evidencia contundente la aportan las fotografías del fotoperiodista Sebastián Luna, que muestran a varias personas vestidas de civil que serían identificadas como parte de la Policía Ministerial con rifles en las manos disparando a los manifestantes.

Aguirre Rivero afirmó que en estos operativos su gobierno no enviaba elementos armados a estos operativos, y que en el caso de los con rifles de asalto, estos pudieron haber acudido al sitio armados por probable decisión propia.

[24]​ Un juzgado de distrito otorgó un amparo a Alberto López Rosas para seguir el proceso legal por presuntos delitos contra la administración de justicia y encubrimiento.

[25]​ Los elementos policiacos Rey David Cortés e Ismael Matadamas Salinas fueron los acusados por la PGR de disparar en contra de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, por lo que fueron detenidos y puestos en prisión preventiva.

El Congreso de la Unión instaló una comisión especial para la revisión del caso unos días más tarde.

[2]​ En 2013 la Comisión Instructora del Poder Legislativo de Guerrero determinó a partir de la recomendación VG001/2012 de la CNDH que se realizara un juicio político contra Alberto López Rosas y Ramón Almonte Borja por presuntas acciones u omisiones que derivaron en violaciones graves a derechos humanos.

[28]​ Ambos funcionarios fueron exonerados de un probable juicio político al contar con la mayoría en el congreso del Partido de la Revolución Democrática (PRD), afín tanto al gobernador como a los indiciados.

[29]​[30]​ El activista y abogado antiarmamentista alemán Jürgen Grässlin demandó a Heckler & Koch en 2010 por estas ventas irregulares.

En una entrevista citada por DW, Grässlin afirmó que la venta de rifles de asalto debía impedirse a gobiernos corruptos o con reportes de violaciones graves a derechos humanos en México, ya que las consecuencias serían para el país «fatales.

En estos primeros años, policías mexicanos extremadamente corruptos dispararán y matarán a manifestantes y otras personas indefensas con estos rifles de asalto alemanes exportados ilegalmente», dijo el abogado.