Desalojo de la Autopista del Sol de 2011
[3] En un panorama general el presupuesto asignado por el Gobierno de México a las normales rurales de México ha ido a la baja, haciendo su subsistencia un asunto permanente.En ese momento arriba la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del estado de Guerrero con cinco elementos y 26 más con equipo antimotines.Gonzalo Miguel Rivas Cámara, ingeniero, sufrió quemaduras de tercer grado al intentar apagar el incendio que varias personas, sin identificar, iniciaron en dos bombas dispensadoras y murió días después.La escena del crimen de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús fue alterada y manipulada por los elementos policiacos.Para esto, fue cerrada la circulación totalmente durante media hora.Señala —sin acusar directamente— que un estudiante tenía en sus bolsillos un cargador de ese fusil.[15] Medios de comunicación locales y nacionales (entre estos La Jornada,[19] Excélsior,[20] El Universal[21]) señalaron en sus coberturas periodísticas tras los hechos un «enfrentamiento» o un «choque» entre manifestantes y los policías, enmarcar los hechos como la justificación a hechos vandálicos o violentos y enfatizar a los manifestantes como los causantes de los homicidios.La evidencia contundente la aportan las fotografías del fotoperiodista Sebastián Luna, que muestran a varias personas vestidas de civil que serían identificadas como parte de la Policía Ministerial con rifles en las manos disparando a los manifestantes.Aguirre Rivero afirmó que en estos operativos su gobierno no enviaba elementos armados a estos operativos, y que en el caso de los con rifles de asalto, estos pudieron haber acudido al sitio armados por probable decisión propia.[24] Un juzgado de distrito otorgó un amparo a Alberto López Rosas para seguir el proceso legal por presuntos delitos contra la administración de justicia y encubrimiento.[25] Los elementos policiacos Rey David Cortés e Ismael Matadamas Salinas fueron los acusados por la PGR de disparar en contra de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, por lo que fueron detenidos y puestos en prisión preventiva.El Congreso de la Unión instaló una comisión especial para la revisión del caso unos días más tarde.[2] En 2013 la Comisión Instructora del Poder Legislativo de Guerrero determinó a partir de la recomendación VG001/2012 de la CNDH que se realizara un juicio político contra Alberto López Rosas y Ramón Almonte Borja por presuntas acciones u omisiones que derivaron en violaciones graves a derechos humanos.[28] Ambos funcionarios fueron exonerados de un probable juicio político al contar con la mayoría en el congreso del Partido de la Revolución Democrática (PRD), afín tanto al gobernador como a los indiciados.[29][30] El activista y abogado antiarmamentista alemán Jürgen Grässlin demandó a Heckler & Koch en 2010 por estas ventas irregulares.En una entrevista citada por DW, Grässlin afirmó que la venta de rifles de asalto debía impedirse a gobiernos corruptos o con reportes de violaciones graves a derechos humanos en México, ya que las consecuencias serían para el país «fatales.En estos primeros años, policías mexicanos extremadamente corruptos dispararán y matarán a manifestantes y otras personas indefensas con estos rifles de asalto alemanes exportados ilegalmente», dijo el abogado.