Su finalidad era determinar responsabilidades en los casos de corrupción pública, conocidos como Lava Jato, aunque sin tener injerencia judicial.
Sus informes finales fueron enviados al Ministerio Público, para que sirvan de orientación en sus investigaciones.
Por Lava Jato se conoce en el Perú a los casos de corrupción que involucran a diversas empresas acusadas de pagar coimas a funcionarios públicos para ganar licitaciones de obras públicas, empresas en las que destacan las brasileñas Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, aunque también incluyen a empresas del Perú, como Graña y Montero, JJC, Obrainsa, y otras, que actuaron como socias de las brasileñas.
[3] Para febrero de 2024, el equipo especial Lava Jato presentó 17 acusaciones hacia altos funcionarios.
También se renovaron algunos de sus miembros, que fueron reemplazados por: Humberto Morales (Frente Amplio); y Gilbert Violeta (Peruanos por el Kambio).
En total se investigaron once proyectos de Odebrecht y otras empresas brasileñas.
El informe señalaba responsabilidades en tres expresidentes: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, con la muy llamativa exclusión de Alan García.
El congresista Humberto Morales, de Frente Amplio, presentó un informe en minoría, en el que, a diferencia del anterior, hallaba responsabilidades en Alan García y Keiko Fujimori, siendo rechazado por la mayoría.
[18] En 2024, la procuradora Silvana Carrión indicó que se anticipaban las primeras resoluciones judiciales en el caso para ese año, con base en pruebas adicionales obtenidas fuera del ámbito de la comisión investigadora.