Según esta investigación, que había sido llevada a cabo en uso de las atribuciones fiscalizadoras que se le había concedido al Senado en virtud de la Ley Patriota para perseguir el rastro de financiamiento del terrorismo internacional, reveló que el exdictador chileno Augusto Pinochet habría mantenido varias cuentas secretas desde 1994 en dicho banco.

[3]​ A partir de entonces, empezaron a aparecer numerosas investigaciones en la prensa chilena, sobre las diversas cuentas corrientes que Pinochet mantenía en el extranjero, ocultas todas ellas bajo diversos alias; se difundió también la noticia de que el Riggs habría ayudado a Pinochet a crear dos empresas de papel en las Islas Bahamas, usando pasaportes extraídos desde la Casa de Moneda para el efecto.

Los delitos que se le imputaron fueron evasión tributaria, negociación incompatible y falsificación de pasaportes.

[3]​ Una vez fuera Sergio Muñoz del caso, por integrar la Corte Suprema a partir de septiembre de 2005, fue designado el magistrado Carlos Cerda para dirigir el caso.

Rodríguez optó por no apelar, y así, quedando firme la resolución, Carlos Cerda tomó a su cargo nuevamente el caso el 1 de octubre de 2007.

El total de detenciones ordenadas fueron de 23, y llegaron a cumplirse todas, excepto la decretada contra Óscar Aitken, antiguo albacea de Pinochet, a quien se le suponía en Viña del Mar, y que no pudo ser localizado.

[7]​ Los abogados de los procesados —entre ellos Pablo Rodríguez Grez, Raúl Tavolari y Luis Valentín Ferrada—[8]​ interpusieron una serie de recursos procesales para dejar sin efecto la decisión del magistrado.

[9]​ Al poco tiempo, el propio juez Carlos Cerda decretó la libertad provisional de todos los procesados, incluyendo a Óscar Aitken.

[cita requerida] En el texto del fallo se dice que «no se advierte que los encausados tuvieran conocimiento y voluntad en torno al designio criminal de apropiarse de caudales públicos»,[11]​ además, indica que hubo «clara violación de sus garantías individuales, reconocidas tanto por las Convenciones Internacionales suscritas, ratificadas y vigentes en nuestro país, como por la propia Carta Fundamental Nacional y los mandatos que sobre la materia se contienen en el Código de Procedimiento Penal».

[16]​ El abogado Luis Valentín Ferrada, representante de tres militares en retiro procesados por el juez Cerda, sostuvo que «Todo el conjunto de declaraciones del ministro Cerda y todas las circunstancias que han rodeado su viaje a Estados Unidos, el otorgamiento del premio y luego la recepción del mismo, hacen que esta actuación sea muy extraña a lo que son los principios de los jueces en Chile, a la tradición de los jueces en Chile».