El Caso Piedad Córdoba se debe a la destitución e inhabilidad de la senadora colombiana Piedad Córdoba, acción proferida por el jefe de la Procuraduría General de la Nación —en muchos países conocido como Ministerio Público— Alejandro Ordóñez, quien decidió según evidencias acusatorias que la involucran por colaboración a las FARC, sancionarla de su cargo público e impedirle ejercer cargos públicos por 18 años.
La Corte Suprema de Justicia rectificó el fallo contra Piedad Córdoba.
El fundamento del procurador Alejandro Ordóñez sobre esta sanción se debió a las pruebas de vínculos con las FARC.
[3] La Procuraduría dijo además, según sus pruebas, que la senadora era conocida con los apodos de: "La Negra", "La Negrita", "Teodora", "Teodora de Bolívar" y "Dorotea"; con los cuales fue identificada en sus contactos con las FARC.
[3] En adición a las pruebas utilizadas por la Procuraduría, con la muerte del guerrillero alias Mono Jojoy, las autoridades colombianas encontraron más pruebas en los computadores personales del guerrillero.