Los condenados defendieron en todo momento que estaban tratando de llevar el movimiento abertzale hacia la no violencia.

[13]​ También serían detenidos en otros puntos del País Vasco Txelui Moreno, Mañel Serra, Amaia Esnal, Ainara Oiz y Miren Zabaleta, hija del coordinador general de Aralar Patxi Zabaleta.

Según el auto judicial, Batasuna llevaba tiempo trabajando para que ETA declarara una tregua parcial con el objetivo de poder llegar a acuerdos con Eusko Alkartasuna, Aralar, Abertzaleen Batasuna y el sindicato ELA de cara a un proyecto común, con la exclusión del PNV, para presentarse a las elecciones municipales y forales de 2011.

[14]​ Los detenidos con dicho fin habrían formado un grupo llamado Bateragune ('punto de encuentro' en euskera), que tendría como sede operativa el edificio del sindicato LAB donde se realizaron las primeras detenciones.

El auto decretó prisión incondicional para Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodríguez y Miren Zabaleta.

[21]​ Durante el juicio los ocho encausados negaron pertenecer a Bateragune y coincidieron en su apuesta por una estrategia pacífica y democrática frente a la estrategia político-militar de ETA,[22]​ organización que en enero había declarado un alto el fuego permanente.

[27]​ Por ese mismo motivo también vieron ratificada su condena los otros tres encausados, siendo reducida la pena a seis años de prisión.

[28]​[29]​ También se pronunciaron contra la sentencia diversos agentes sociales, sindicales y políticos, así como abogados y juristas, a los que les parecía obvio que los condenados estaban intentado generar un instrumento para desactivar desde la sociedad civil el terrorismo de ETA.

[2]​ Todos los condenados por el caso Bateragune fueron elegidos cargos relevantes en la nueva dirección de Sortu.

Con esta resolución quedó anulada también la condena a seis años y medio de inhabilitación que recaía sobre Otegi.

[50]​ En diciembre de 2020 el Tribunal Supremo decidió que se debía celebrar un nuevo juicio por el caso Bateragune,[51]​ pero en octubre de 2021 el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente dicha decisión hasta resolver el recurso presentado por los condenados.